La caída del PRI de la presidencia de la República en el 2000, fue resultado de la necesidad urgente de la sociedad mexicana por eliminar 70 años de antidemocracia y corrupción. A casi 6 años de esta hazaña, el autoproclamado gobierno del cambio sigue conservando como herencia; desde los fraudes electorales legalizados por una Ley Federal Electoral antidemocrática, hasta la corrupción e impunidad que se han impuesto en los casos de las matanzas del 2 de Octubre, 10 de Junio, Aguas Blancas, El Charco, Acteal, así como de las víctimas de la Guerra Sucia de los años 70s. y las muertas de Juárez. La fabulosa y creciente deuda externa, a pesar de que la hemos repagado, es una de las cargas más pesadas que estamos obligado a soportar; además los megas fraudes del FOBAPROA-IPAB, carreteros, azucareros, PEMEX-GATE, Amigos de Fox, etc. Encadenado a lo anterior, se profundiza el desempleo, los bajos salarios, la crisis educativa, la delincuencia organizada, el narcotráfico, etc. El movimiento obrero y popular organizado en el país, ha impedido que se apliquen totalmente los planes gubernamentales de privatizar la energía eléctrica, el petróleo, la educación y las contrarreformas laborales anticonstitucionales que exigen el Fondo Monetario Internacional FMI, el Banco Mundial BM, la Organización Mundial para el Desarrollo Comercial OCDE. El gobierno de Fox, los empresarios y seguramente el FECAL, continuarán con la entrega de las riquezas naturales, energéticas y culturales, y “promueven” el cambio social con programas asistenciales y procesos electorales costosos y fraudulentos. La falta de políticas oficiales para superar la crítica situación de las mayorías trabajadoras (educación, vivienda y trabajo), exige a la clase trabajadora y a la población en general, proponer y decidir sobre los objetivos para construir una sociedad democrática y las formas de organización que a ésta le corresponden. Hoy, es más que evidente la descomposición de los aparatos institucionales del Estado burgués; los partidos electoreros, la Suprema Corte de Injusticias, las cámaras de diputados y senadores, el Instituto Federal Electoral y los estatales, etc. que son utilizadas como nido de la delincuencia organizada para el hurto y despojo de los bienes y derechos del pueblo mexicano. La decadencia y descomposición de las estructuras del actual sistema político, económico y social, se ve reflejado en todos los niveles de la sociedad, desde las Mesas Directivas o Asociaciones de Padres de Familia, estudiantes, profesionistas, locatarios, colonos, pequeños comerciantes, pasando por las estructuras sindicales herencia del “charrismo” priísta, hasta manifestarse en toda su cruda expresión en los partidos electoreros y las instituciones arriba señaladas. Todos estos aparatos, en lugar de permitir la participación organizada de sus agremiados, así como espacios para permitir un sano y fraternal debate o reflexión sobre la solución a los problemas actuales de nuestra sociedad, son más motivo de conflicto que de avance. En la práctica, la mayoría de estas estructuras son manipuladas por autoridades o grupos de interés económicos y políticos, en otros casos, quienes integran estos organismos, regularmente son dados a prácticas deshonestas lo que lleva a la confrontación y ruptura, además, desde siempre son utilizadas como trampolín “político”. Estás estructuras en su conjunto son verticales y burocráticas, y son las mismas que conservan casi la totalidad de las organizaciones políticas y sociales, independientes u oficiales, y que nos fueron impuestas décadas atrás por el PRI para mantener su control corporativo. El cacareado “proceso de transición a la democracia” en nuestro país, aclamado por los distintos actores de la llamada clase política, se ha mantenido en el discurso, pues en los hechos siguen imponiéndose las mismas prácticas impositivas del priísmo. El llamado gobierno del “cambio” ha terminado siendo igual de corrupto y entreguista que los gobiernos del PRI. Como en el país, Oaxaca entró en un abierto proceso de revolución democrática a partir del movimiento estudiantil de 1968. De este proceso surgirían cuadros de vanguardia que posteriormente estarían a la cabeza del movimiento estudiantil-popular del 76-77, movimiento que al igual que el anterior se caracterizaría por exigir democracia y que a la postre lograría la caída del dictadorzuelo Manuel Zarate Aquino y el logro de nombrar a un rector con el voto universal, directo y secreto de estudiantes, maestros y trabajadores. Las direcciones políticas de este importante movimiento, antes y después del triunfo, fueron incapaces de comprender la necesidad de un proyecto político, tanto para impulsar una verdadera democratización de la UABJO, como para responder a las necesidades más sentidas de la población y los trabajadores. Así, ante la falta de objetivos precisos y definición en los métodos para lograrlos, se inicia una confrontación violenta por el control de las escuelas de la Universidad, lo que permite a gobierno interino del Gral. Eliseo Jiménez Ruiz justificar la represión y recuperar la UABJO. La estafeta democrática sería casi inmediatamente retomada por los trabajadores de la educación, quienes en 1980 iniciaron un levantamiento para sacudirse del “charrismo” sindical, movimiento que como podemos observar, a 26 años, aún en difíciles condiciones internas, se mantiene en la lucha. Este movimiento, al igual que el anterior, también es signado por la demanda de democratizar su sindicato, objetivo que ha encontrado dificultades pero que se mantiene en la mira de las y los trabajadores de la educación. En 1981, después de una lucha de años, el pueblo de Juchitán derrota al PRI y logra constituir el primer Ayuntamiento Popular en nuestro país, lamentablemente este movimiento carece también de un proyecto político y después de más de 10 años declina con una dirección fragmentada, confrontada y corrupta. A pesar de las dificultades y carencias para hacer avanzar el movimiento democrático en nuestra entidad, las experiencias nos ayudan a comprender cuales son nuestras deficiencias y que es lo que debemos hacer para construir y consolidar una sociedad democrática. Una carencia fundamental de los movimientos sociales ha sido el programa político, económico y social que responda a las necesidades inmediatas y mediatas de los sectores mayoritarios de la población, este programa deberá crearse con la participación de todos los sectores populares. Será necesario promover y organizar asambleas de comunidades, colonos, trabajadores, estudiantes, profesionistas, trabajadores del arte, etc. en todo el territorio oaxaqueño, para que de manera organizada participemos con nuestras propuestas para lograr un programa en el que nuestras demandas queden plasmadas. Además, es fundamental proponer los principios y actitudes que deben regir en la participación de todos aquellos que ciframos nuestras esperanzas en construir una sociedad justa, libre y digna, pues somos concientes que ante la falta de una verdadera práctica democrática, aún arrastramos vicios impuestos por un sistema que ha privilegiado el individualismo y el amor al dinero. - Víctor Manuel Gómez Ramírez es miembro del CC del Partido Obrero Socialista-Movimiento Al Socialismo