La Paz Con auditorías incompletas, negociadores poco calificados y una legislación con amplios vacíos legales, el gobierno boliviano negocia con clara desventaja y a marchas forzadas los nuevos contratos con los que las transnacionales petroleras seguirán explotando las segundas mayores reservas de gas y petróleo de América del Sur. El objetivo gubernamental es avanzar hasta el 1 de noviembre lo más que se pueda en su autodenominado proceso de “nacionalización”, que se traduce, ante la ausencia de expropiaciones y confiscaciones, en la legalización de los contratos de las petroleras extranjeras, para que éstas tributen un poco más de impuestos a cambio de plenas garantías para seguir explotando yacimientos valuados en más de 200 mil millones de dólares. ”Indefectiblemente el gobierno del presidente Evo Morales suscribirá el 1 de noviembre los nuevos contratos petroleros, en el marco de las nuevas reglas de juego con las compañías transnacionales” como Repsol YPF, Petrobras, Total, British Petroleum y otras, confirmó el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada. ”Es un plazo en el cual deberían estar cerradas las negociaciones para que YPFB (la diminuta empresa estatal del petróleo de Bolivia) tenga el 50 por ciento más uno de acciones en las refinerías y también en Transredes (la transportadora de gas al Brasil)”. Según Soliz Rada, la administración de Morales pretende cumplir al pie de la letra el Decreto Supremo 28701, que habla de una nacionalización más ficticia que real y que establece que hasta el 1 de noviembre las petroleras deberán regularizar sus actividades, declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, mediante la firma de nuevos contratos, si desean seguir operando en el país. Hasta ahora, ya se iniciaron las tratativas con la francesa Total, la británica British Gas y Chaco, otra filial de British Petroleum. Para los próximos días están en la lista Petrobras y Repsol, que cuentan en su favor, además, con la abierta intervención-presión de los gobiernos de Brasil y España, que muy bien pueden inclinar los términos de los nuevos contratos, en los que se analiza, fundamentalmente, la distribución de las ganancias y las compensaciones e incentivos que la ley prevé otorgar en beneficio de las transnacionales. Casi a ciegas Estas negociaciones se dan del lado boliviano con muchas debilidades. Una de ellas es la ausencia casi total de sólidas y completas auditorías sobre las inversiones y operaciones que realizaron las petroleras en las concesiones otorgadas por los gobiernos neoliberales. Estas auditorías están siendo ejecutadas por consorcios privados especializados en el área de hidrocarburos y que en el pasado han tenido fuertes vínculos con las petroleras que hoy investigan y auditan. Alguna de ellas, incluso, tienen un pasado poco transparente, como es el caso de Consult System, descalificada con anterioridad por las autoridades bolivianas por la falsificación de documentos. Esta empresa tiene a su cargo la auditoría de los campos petroleros Colpa y Caranda que opera la brasileña Petrobras. Según establece un informe del Ministerio de Hidrocarburos, hecho público este fin de semana, el gobierno boliviano sólo cuenta hasta ahora con dos informes preliminares de las 11 auditorías encargadas. Los dos informes provisionales corresponden a los campos de gas San Alberto, Carandá y otros, operados por Petrobras, en los que también tienen intereses la hispano-argentina Repsol-YPF. Las otras nueve auditorías que no tienen hasta ahora ni siquiera informes provisionales afectan a esas mismas empresas, a British Gas Bolivia, a la francesa TotalFinaElf y a otras multinacionales y empresas mixtas. Todo ello muestra que el gobierno está negociando casi a ciegas con las petroleras. Vacíos legales Otra gran debilidad en estas negociaciones es la falta de reglamentos de la actual ley de Hidrocarburos, 3058, aprobada en mayo de 2005 por el Congreso neoliberal y refrendada por el gobierno del ex presidente Carlos Mesa y que, teóricamente, es la base legal de las negociaciones. El decreto de “nacionalización” del 1 de mayo de 2006 de Evo Morales no hace otra cosa, en lo esencial, que ampliar los plazos otorgados por esa ley, que tiene muchas limitaciones y vacíos en su aplicación. Por ello, las autoridades y funcionarios gubernamentales están amarrados por los reglamentos de la entreguista ley que dejó el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, derrocado en octubre del 2003 por una insurrección popular. “Se sigue trabajando con la ley de Sánchez de Lozada, porque la actual (3058) no tiene los reglamentos actualizados (…) Eso perjudica notablemente el proceso de recuperación de los hidrocarburos”, aseguró el renunciante superintendente de Hidrocarburos, Santiago Berríos. Hombres poco confiables Berrios, que renunció al cargo en rechazo a la injerencia directa del presidente Morales en el manejo del personal clave de la Superintendencia, había sido posesionado hace menos de dos semanas, en reemplazo del defenestrado ex superintendente, Víctor Hugo Saínz, que también había sido elegido en el cargo por el Presidente, pero que perdió su confianza al denunciar públicamente un negociado irregular e ilegal emprendido por el ex presidente de la petrolera estatal, Jorge Alvarado. Ante el escándalo, Morales echó a Alvarado, a Saínz y al viceministro de Hidrocarburos, Julio Gómez, que eran expertos en el negocio petrolero, y restó competencias y atribuciones al ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada. Liquidado el primer equipo petrolero, que avanzó poco o nada en la negociación de los contratos con las transnacionales, el presidente Morales conformó un nuevo equipo a la cabeza del vicepresidente Alvaro García Linera y de otros cuatro ministros, en un claro viraje hacia una posición más moderada y de derecha, buscando la conciliación inmediata con los intereses de las petroleras extranjeras. Así, el equipo que está negociando los nuevos contratos con las petroleras extranjeras está conformado por el ministro Soliz Rada, que tiene menos poderes que antes, y por el nuevo presidente de la petrolera estatal de Bolivia, Juan Carlos Ortiz, con amplia experiencia en el sector ya que fue gerente comercial de Petrobras. En este equipo negociador también están: el ministro de Defensa, Walter San Miguel, ex abogado de Petrobras y leal servidor de los empresarios nacionales y brasileños que desfalcaron a la empresa área nacional; el ministro de Hacienda, Luis Alberto Arce, un burócrata forjado en la escuela del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial; el ministro de Planificación del Desarrollo, Carlos Villegas, un profesor universitario y académico investigador de organizaciones no gubernamentales; y el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, un ex militar especializado en temas de defensa continental y con vínculos con organizaciones financiadas desde Estados Unidos como la Fundación Nacional para la Democracia, creada por Ronald Reagan para combatir a la izquierda y el comunismo. Negociaciones confidenciales En este marco y con estos hombres como representantes de Bolivia, las negociaciones se llevan adelante con absoluta confidencialidad, sin acceso a la prensa ni fiscalización de las organizaciones sociales vinculadas al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS). Según el cronograma oficial, el gobierno tiene previsto firmar los primeros contratos en la primera quincena de octubre. Durante septiembre está previsto negociar con ocho compañías, según informó el ministro Soliz, que hasta ahora se muestra muy confiado en la buena marcha de las tratativas con las transnacionales.