Antes que Evo Morales asumiera el poder, el Estado boliviano dispuso la “desactivación” de 28 misiles HN-5. Lo mismo ocurrió en Nicaragua en donde el principal candidato a las presidenciales es el líder Sandinista Daniel Ortega. Luego que el presidente Carlos Mesa renunció a su cargo el 8 de junio de 2005 como consecuencia a las presiones en pos de la nacionalización de los hidrocarburos, en su lugar asumió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Rodríguez. En medio de una crisis de legitimidad de la clase política, que llevó a que el presidente de la cámara de Senadores Hornando Vaca Diez no pueda reemplazar a Mesa; Rodríguez gobernó Bolivia durante siete meses. En ese periodo logró estabilizar el país y posibilitó que el 18 de diciembre se realizaran las elecciones presidenciales anticipadas: en las cuales triunfó el candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, con un 54 por ciento de los votos. En medio de la “caliente” campaña electoral en pos de alcanzar el sillón presidencial del Palacio del Quemado, el 2 de Octubre del año pasado Evo Morales denunció que 28 misiles HN-5 fueron sacados de manera ilegal de los depósitos del ejército y que luego fueron cargados en un avión Hércules que partió con rumbo desconocido. El dirigente cocalero acuso a las fuerzas especiales de la embajada estadounidense de estar relacionadas con esta operación y sostuvo que el hecho constituye una “alta traición” a la soberanía de la patria. En los días siguientes, el presidente Rodríguez apareció en la prensa para dar su versión sobre los hechos. Argumentó que el Estado boliviano no envió de manera ilegal los misiles a Estados Unidos, sino que procedió a su desactivación, ya que el material bélico estaba en desuso y para así cumplir con la resolución 2.145 emitida por la Organización de Estados Americanos (OEA). Lo que el ex primer mandatario se olvido de aclarar, es que esta norma no es de cumplimiento obligatorio y que sólo recomienda destruir el “excedente” de los misiles tierra-aire de cada nación, para que de esa manera ese armamento no caiga en manos de presuntos “terroristas”. Mientras Rodríguez intentaba escudarse en una norma legal que ni siquiera era obligatoria, el Comandante General del Ejército Marcelo Antezana, en un exabrupto ante la prensa, reconoció que los misiles tierra- aire salieron del país a pedido del gobierno de Estados Unidos, en previsión de un “autogolpe” planificado por el entonces presidente Carlos Mesa o de un triunfo electoral de Evo Morales. Al día siguiente salió a retractarse de sus dichos, pero esto no impidió que el presidente Eduardo Rodríguez lo releve de su cargo debido a sus declaraciones, ya que estas no concordaban: “con la normativa militar aplicable”. Asimismo el Ministro de Defensa, Gonzalo Méndez, también presentó su dimisión para poder así dejar abierta la investigación en torno a su responsabilidad en el caso. Los misiles HN-5 son de origen chino y llegaron a Bolivia en 1998 luego que el gobierno de por ese entonces firmara un convenio con la potencia asiática, el valor total de los mismos rondaría los tres millones de dólares. Luego de la asunción de Evo Morales en el poder, Eduardo Rodríguez no regresó a su puesto de Jefe de la Corte Suprema de Justicia, sino que se dedico a sus actividades particulares como abogado. Talvez pensó que con el tiempo la polémica por la desactivación iba a pasar al olvido, pero no fue así, porque en agosto de este año el Congreso recibió el requerimiento acusatorio para comenzar un juicio de responsabilidades contra el ex primer mandatario. Asimismo también están acusados su ex Ministro de Justicia, Gonzalo Méndez y varios altos mandos del Ejército de por aquel entonces. Ahora es el Congreso de la Nación el que debe decidir si autoriza, o no, el juicio político contra Eduardo Rodríguez. Hasta el mismo Presidente de Bolivia, Evo Morales, se refirió al tema y señaló que “la decisión no es política, sino patriótica”, a su vez también declaró estar muy: “decepcionado del presidente Rodríguez” porque le mintió al país en el tema de los misiles. Por su parte, el diputado del MAS, Gustavo Torrico, subió la apuesta, ya que denunció que no fueron desactivados 28 misiles sino 36, y que el Gobierno de Estados Unidos habría entregado al ejército 400 mil dólares por la operación. Eduardo Rodríguez se defendió argumentando que se dio vía libre a la acusación sin escuchar sus descargos y sin investigar a profundidad el caso. Asimismo salió en su defensa el embajador norteamericano en Bolivia, David Greenlee, quien sostuvo que “si él dice que no estaba al tanto de los detalles (de la operación), yo acepto esto". También añadió que según su opinión Rodríguez es un hombre honesto y que no hubo nada ilegal en la operación de desactivación realizada conjuntamente con el gobierno boliviano. Pero sería bueno preguntarse lo siguiente: ¿es posible que el ex Presidente Eduardo Rodríguez, en su condición de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Bolivianas, no supiera nada de una operación que estaba violando la soberanía de la Patria? Algo similar a lo ocurrido en Bolivia, también sucedió en Nicaragua. En abril de este año, a sólo meses de realizarse las elecciones presidenciales (en las que el principal candidato es el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional -FSLN-, Daniel Ortega), el ejército decidió la destrucción de 350 misiles SAM-7. De acuerdo al periódico El Nuevo Diario, el país centroamericano perderá en esta operación 17,5 millones de dólares- que es el precio total de todo el armamento-. Tal como sucediera en Bolivia, las autoridades nicaragüenses argumentan que están procediendo a la destrucción de los misiles para poder así cumplir con la resolución 2.145 de la OEA. De acuerdo a los principales representantes del FSLN, el gobierno de Estados Unidos recompensará a Nicaragua por la desactivación de los SAM-7. Ahora bien, es necesario preguntarse lo siguiente: ¿Es una mera casualidad que estos dos gobiernos decidieran eliminar su armamento, aún a costa de vulnerar la “soberanía nacional”, justo antes que en sus países se puedan llegar a producir cambios sociales que resulten perjudiciales para la política exterior norteamericana en la región?. ¿Este “desarme preventivo” de los países que pueden llegar a resultar hostiles para Estados Unidos, también forma parte de la política “antiterrorista” de George w. Bush? Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Mar del Plata / Argentina
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