La decisión de Bolivia de nacionalizar los hidrocarburos del país ha dejado al descubierto cómo los diferentes Gobiernos, entre ellos el brasileño y español, ambos de izquierda moderada, no han dudado en salir de defensa de sus multinacionales sin cuestionarse la justicia o legitimidad de la medida. El plan de nacionalización, anunciado el pasado mayo por el presidente Evo Morales, prevé que el Estado boliviano se haga cargo de la propiedad de los recursos energéticos y de su comercialización, mientras que las compañías extranjeras que ejercían estas operaciones pasen a asumir el papel de operadoras. No tendrán, por tanto, que abandonar del país y, de hecho, Morales ha manifestado repetidamente su intención de que éstas sigan en Bolivia, pero como “socios” y “ya no como dueños". "Es una nacionalización sin expropiación”, en la que “cualquier inversor tiene derecho a recuperar su inversión” y a obtener ingresos, explica el presidente indígena, elegido el pasado enero. Actualmente, el Gobierno negocia a la carrera el estatus de las empresas con inversiones en el sector en Bolivia, ya que el próximo 28 de octubre vence el plazo fijado en el decreto de nacionalización para que firmen nuevos contratos. Las compañías que no lo hayan hecho para entonces “no podrán seguir operando en el país", como recordó esta semana el vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera. "Les decimos de manera muy firme y respetuosa: las fechas no se van a mover", advirtió García. Reacciones sorprendentes La hispano-argentina Repsol YPF, la brasileña Petrobras, la francesa Total y la británica British gas son las principales petroleras y gasísticas con presencia en el país. Desde que se anunció la medida, sus Gobiernos se han movilizado para mitigar el alcance de la medida, cuando no recurrido directamente a la amenaza. En este sentido, el caso más sorprendente es, sin duda, el del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, al que se le supone compañero de Morales en el “giro a la izquierda” de Latinoamérica en los últimos años. La pasada semana, Lula declaró que si Bolivia adopta nuevas “medidas unilaterales” pensará en “cómo tomar medidas más duras". "Cuando conversé con Evo Morales, tomé un mapa de América del Sur y le mostré la situación de Bolivia, dónde estaba Venezuela. Le dije: 'De nada sirve colocar la espada en mi cabeza. Si yo no quisiera el gas de ustedes, ustedes van a sufrir más que nosotros'", dijo Lula a un grupo de periodistas en el avión presidencial, según el diario económico ‘Valor’. Las conversaciones entre Bolivia y Petrobras habían quedado en suspenso unos días antes después de que el ministro brasileño de Minas y de Energía, Silas Rondeau, y el presidente de la compañía, Sergio Gabrielli, cancelara una visita a La Paz en rechazo de una resolución del Ministerio boliviano de Hidrocarburos que otorgaba a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YFPB) el monopolio de la comercialización de los carburantes producidos en las dos plantas de refino en el país de Petrobras. Para limar asperezas, La Paz congeló, sin llegar a anular, la medida a fin de generar "condiciones auspiciosas para la negociación", en una decisión que motivó la dimisión del ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, y su reemplazo por Carlos Villegas, considerado más dialogante y con un perfil menos político. Villegas, no obstante, ya ha aclarado que Petrobras "no doblará la mano" a Bolivia "porque esa resolución se aplicará" y que no cambiarán “ni las fechas ni el fundamento y filosofía fundamental de la recuperación total y absoluta de la cadena de hidrocarburos". Al otro lado del Atlántico, el Gobierno español también ha trabajado para defender los intereses de la multinacional hispano-argentina Repsol-YPF, inmersa además en una investigación sobre un contrato presuntamente irregular de ajuste de precios con la brasileña Petrobras y blanco de numerosas denuncias de poblaciones indígenas sobre las consecuencias de su presencia en el país, donde está presente a través de su filial Andina. El Gobierno español "siempre apuesta por el diálogo" y por lograr una solución que defienda la relación bilateral que existe con Bolivia pero "también los intereses de una empresa tan importante como es Repsol”, señaló su portavoz y vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. "La obligación del Gobierno es proteger, allanar caminos y establecer contactos políticos con los gobiernos para que la empresas puedan desarrollar su trabajo en condiciones de libertad de mercado, de seguridad y garantías desde el punto de vista jurídico y financiero", añadió. Poco importa que las compañías del sector hayan operado en un marco fiscal con la tributación más baja de la región, que hacía que los ingresos generados por cualquier venta del gas beneficiasen “principalmente a las empresas petroleras, mientras que el país afronta un severo déficit de oferta de proyectos gubernamentales para el mercado interno e industrialización del país”, como denunciaba en 2004 la ONG Intermón Oxfam en su informe "Repsol YPF en Bolivia: una isla de prosperidad en medio de la pobreza". Un 63% de la población boliviana vive por debajo de la línea de la pobreza y el 35% no puede ni siquiera cubrir sus necesidades alimentarias, según este documento. Los gobiernos brasileño y español tienen otro elemento en común, además de su pertenencia al espectro de la izquierda: una oposición (y en el caso de Lula a escasos días de las elecciones) que les tacha de “blandos” en la defensa de los intereses del país ante la nacionalización, que, como era de esperar, también ha criticado el Fondo Monetario Internacional (FMI). Así, mientras que en Brasil el socialdemócrata Geraldo Alckmin, principal candidato opositor a los comicios presidenciales del 1 de octubre, ha calificado la postura de Lula de “sumisa, omisa y débil", el senador del conservador Partido Popular español José Seguí ha criticado al presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por no echar una “reprimenda telefónica" a Morales tras anunciar la medida y por “garantizar a Bolivia la ayuda comprometida en materia de cooperación” en vez de “condenar esta ilegítima y perjudicial acción”. El senador conservador cree, por lo visto, que la política de cooperación española debería ser un elemento de castigo de las medidas contra multinacionales con sede en el país. La conclusión de estos vaivenes es, pues, que el objetivo de todo Gobierno debe ser la defensa de los intereses de sus empresas, cuya internacionalización, por cierto, no siempre genera una ganancia significativa en el país de origen. O dicho de otra forma, los representantes legítimos de la soberanía popular deben calibrar sus políticas de acuerdo a intereses privados que carecen de la legitimidad que dan las urnas, por mucho que puedan redundar en sus habitantes. Para ello se sacrifican relaciones diplomáticas, influencia en otros ámbitos y, sobre todo, cualquier consideración ética de las medidas adoptadas y la acción de la citada empresa. ¿Qué hubieran hecho estos países ante la nacionalización si no afectase a sus multinacionales?. ¿Acaso la medida decretada por el Gobierno de Morales es menos ejercicio de soberanía nacional y cumplimiento de una promesa electoral de lo que lo fue la retirada de las tropas españolas en Irak, anunciada por Zapatero poco después de acceder al poder? Preguntas que pueden parecer profundamente inocentes, pero que, precisamente por ello, desvelan la urgente necesidad de reflexionar sobre el papel y el significado de la palabra gobierno. - Paula Lego, periodista. Fuente: Agencia de Información Solidaria http://www.infosolidaria.org