Mucho se ha hablado del balance de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) desde la muerte del general chileno el pasado 10 de diciembre, coincidiendo en una irónica paradoja con el Día Universal de los Derechos Humanos. Salvo los miles de nostálgicos en Chile que fueron a visitar su féretro y la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, quien -según su portavoz- estaba “profundamente triste” por la muerte de su amigo y aliado en la Guerra de las Malvinas contra Argentina de 1982, la comunidad internacional coincide en que cayó un tirano. Más allá de esta observación, las reacciones se dividen entre quienes lamentan que la fisiología fuera más rápida (o menos lenta) que la Justicia ante sus crímenes y quienes se alegran de que desaparezca un símbolo de las peores atrocidades de la historia reciente del continente americano. Las cifras están ahí. Las establecieron varios informes, el definitivo en 2004: más de 3.000 asesinatos y desapariciones, 35.000 casos de tortura y unas 300.000 personas obligadas a exiliarse.

No se trata, por tanto, de volver sobre los horrores del pinochetismo, sobre los que fuera de Chile existe un casi total consenso, sino de preguntarse por qué no tuvieron respuesta en los tribunales y plantear si su muerte marca el fin del breve camino judicial recorrido.

“La impunidad tiene nombres: José María Aznar (presidente de Gobierno español entre 1996 y 2004), Tony Blair (primer ministro británico) y Eduardo Frei (ex presidente chileno)”, afirma rotundo el fiscal español Carlos Castresana, quien en 1996 presentó la primera denuncia en la Audiencia Nacional de su país contra Pinochet. Dos años después, una orden de arresto internacional dictada por el juez español Baltasar Garzón permitió en horas la detención del ex-dictador en Londres, donde se encontraba ingresado en una clínica privada. Las deliberaciones de los cinco jueces de la Cámara de Lores británica sobre su extradición a España se convirtieron en un proceso “de facto” a las horrores del régimen, pero no impidieron que Pinochet regresara de rositas a Chile en 2000, tras la decisión del entonces ministro de Interior británico, John Straw, de dejarle en libertad alegando que carecía de las condiciones físicas y mentales para someterse a un juicio.

“Sé muy bien que la consecuencia práctica de rechazar la extradición del senador Pinochet a España es que probablemente no sea juzgado en ninguna parte”, reconoció entonces Straw. “Soy muy consciente del daño que habrán de sentir aquellos que sufrieron por la violación de los derechos humanos en Chile en el pasado, así como sus familiares”, añadió. Al regresar a su país, Pinochet asombró al mundo con su “milagrosa” recuperación, que le permitió levantarse de la silla de ruedas para saludar a las autoridades militares frente a las cámaras de televisión.

El ministro Straw tomó esta controvertida decisión “tras soportar una presión del Gobierno de Chile y un desinterés manifiesto del Gobierno de José María Aznar por la extradición”, asegura el periodista chileno Ernesto Ekaizer en el diario español “El País”. Por cierto, mientras la mayoría de Gobiernos, incluido el estadounidense que apoyó el golpe de Estado de Pinochet contra el Ejecutivo socialista de Salvador Allende en 1973, hacían mención a las violaciones de derechos humanos de la dictadura militar en su reacción a la muerte del general, Londres se limitó a anunciar que “tomaba nota” del fallecimiento y a alabar los progresos democráticos del país desde 1990.

Miles de muertos

Si bien Pinochet fue desaforado en Chile, la gobernante Concertación (una coalición de socialistas y democristianos) no anuló la ley de protección contra los crímenes de lesa humanidad que el general había diseñado a su medida en 1978, a diferencia de lo que hizo Argentina.

“En materia de derechos humanos, el poder judicial incurrió en denegación de justicia y muchos de sus miembros (…) en notable abandono de sus deberes”, estima el magistrado Carlos Cerda, quien siente “pena y desilusión porque el Estado de Chile” haya sido “incapaz de ofrendarle a la patria histórica la verdad respecto a las acusaciones que se hicieron en contra de Pinochet”.

En este sentido, Juan Guzmán Tapia, el primer magistrado chileno que puso bajo arresto a Pinochet, en 2001, recuerda en declaraciones a la AFP que durante la dictadura se rechazaron “más de 10.000 recursos de amparo, lo que significó la muerte, el secuestro y la tortura de miles de personas”.

En cualquier caso, muerto Pinochet, desaparece la responsabilidad penal en los procesos en su contra. Curiosamente, en una pirueta que recuerda al famoso caso del mafioso Al Capone, podría resultar que el único proceso abierto en el que se persiguiera la responsabilidad civil del ex dictador y sus familiares sea el iniciado tras descubrir que éste poseía más de un centenar de cuentas bancarias en el banco Riggs de Washington.

Causas pendientes

En Chile quedan unas 400 causas abiertas por violaciones de derechos humanos durante el régimen militar y todavía pueden ser juzgados en París los 17 acusados con vida, principalmente militares, por la desaparición de cuatro franceses en Chile. En España, además, sigue la demanda por genocidio, terrorismo y tortura contra los imputados en el sumario.

Castresana considera que todavía quedan “centenares” de culpables de los crímenes cometidos durante esta dictadura. “Hay una serie de responsables, otros integrantes de las juntas militares y otros altos jefes militares y policiales que participaron con él (Pinochet) de manera muy cercana”, según dijo en Monterrey (México), donde actualmente ejerce como coordinador de proyectos de Naciones Unidas.

“Queda algo muy importante para las víctimas, y es que la Justicia diga lo que Pinochet hizo, ordenó, sea cual sea la nacionalidad de esta Justicia, que diga que era un criminal contra la humanidad”, defiende una de las abogadas de las víctimas francesas, Sophie Thonon.

Un régimen nunca es una sola persona, ni siquiera en el caso de Pinochet, autor de la famosa frase: “En Chile no se mueve una hoja sin que yo lo sepa”. Quizás su muerte no sea sólo el momento de lamentar la falta de Justicia, sino de perseguirla con la misma paciencia con la que se hizo con el ex dictador en vida. “Chile tiene una herida abierta (…) Cuando la justicia tarda, la herida tarda mucho más en cicatrizar”, concluye la diputada socialista e hija de Salvador Allende, Isabel Allende.

- Paula Lego es periodista.

Fuente: Agencia de Información Solidaria (España)

http://www.infosolidaria.org