Después de que las organizaciones populares recuperaran el legendario Pozo de Banfield para el pueblo, y en el mismo día en que se detuvo a Alberto Miño, uno de los responsables de la Masacre de Budge, el represor Miguel Etchecolatz fue condenado a prisión perpetua en una sentencia histórica que por primera vez incorporó en el fallo la temática del “genocidio”, por el que vienen reclamando los organismos de derechos humanos. No se esperaba un “mea culpa” y mucho menos escuchar el destino de tantos bebés apropiados ilegalmente por los militares en los centros de tortura en los que él mismo participó. A las 16.50 hs del martes 19, Etchecolatz miró al estrado como si aún continuara cabalgando la cruzada contra el comunismo mundial. “Yo sé que me van a condenar y no tendrán vergüenza de poder condenar a un anciano enfermo, sin dinero y sin poder”, comenzó diciendo, para luego agregar: “Como dijo Borges, ustedes no son el juez. El juez supremo nos espera después de muertos”. Tras la particular exposición de metafísica, el imputado en crímenes de lesa humanidad levantó la vista hacia sus verdugos del Tribunal y arremetió: “El juez supremo, señor presidente... le pido que sea benévolo con todos nosotros [...] Después de muertos ya tendremos mucho que hablar”. A las 19.50 hs del 19 de septiembre de 2006, el Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata condenó a la mano derecha de Camps, a reclusión perpetua por los crímenes de "homicidio calificado, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos", delitos que consideró "de lesa humanidad en el marco del genocidio que tuvo lugar en la Argentina entre 1976 y 1983". Marcela, integrante de la agrupación HIJOS declaró al finalizar el juicio a Prensa De Frente que "de más está decir que estos avances no son gracias al gobierno ni al aparato judicial, sino a 30 años de luchar sobradamente por justicia". Una multitud esperó fuera de los tribunales la sentencia con una "Fiesta Popular por la Perpetua” en la Plaza Moreno. "El balance que hacemos es positivo aunque no fue la condena que esperábamos”, continuó Marcela. “Nosotros queríamos que lo condenaran por "genocidio" y lo condenaron por delitos puntuales en el marco de un genocidio". Aunque destacó que la sentencia “representa para nosotros un avance importante ya que la Justicia está reconociendo la figura aunque no lo condene por ella y eso nos abre puertas para seguir reclamando condenas por genocidio". Por su parte, el abogado defensor Carri Pérez argumentó ante el Tribunal que "el comisario general Miguel Etchecolatz estaba en la Brigada de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires y fue adscripto a las Fuerzas Armadas como lo fueron todas las fuerzas de seguridad". La estrategia del letrado se fundó en que Etchecolatz obedecía al decreto del gobierno constitucional de Isabel Perón del 5 de febrero de 1975, en el que el Poder Ejecutivo ordenaba a los militares a "ejecutar las operaciones necesarias para neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que operaban en la provincia de Tucumán". El fiscal Carlos Dulau Dumm y la querella habían solicitado la prisión perpetua para el represor acusado por seis homicidios, reiteradas privaciones ilegales de la libertad y tormentos, quien fue trasladado tras la sentencia al penal de Marcos Paz. Por su parte, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) denunció que Julio López, uno de sus integrantes y querellantes en la causa contra el ex comisario general, ha desaparecido de su domicilio y aún no ha podido ser localizado, responsabilizando por ello al “Estado y la policía federal y provincial". Fuente: Prensa de Frente/Argentina
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