El anuncio del gobierno de Panamá llevó a que las potencias “hagan fila” para participar en la licitación de las obras. Así, vuelve a peligrar su soberanía sobre el estratégico paso entre los océanos Pacífico y Atlántico. Aprovechando la decadencia en el poderío militar de Colombia, en 1903 Estados Unidos forzó la independencia de Panamá, para poder así hacerse con el control del canal interoceánico de diez kilómetros de ancho que comunicaba el océano Atlántico con el Pacífico. Inmediatamente al nacimiento de la nación centroamericana, se firmó el tratado Hay-Bunau Varilla, el mismo determinaba que la nueva república cedía a EEUU- a perpetuidad-el uso, manejo y mantenimiento del canal. A cambio de esto, Panamá recibió la “abultada” suma de 10 millones de dólares y unos $ 250 mil mas por cada año de uso. Además hay que señalar que el convenio también permitió que en territorio panameño se instalaran tropas, población civil y hasta un gobernador estadounidense. Ante la incesante presión de la población panameña en pos de la recuperación de la soberanía sobre el canal, el 7 de Septiembre se reunieron en las oficinas de la OEA Omar Torrijos, Presidente de Panamá y el Presidente de los Estados Unidos, Jimi Carter. Con distintos primeros mandatarios latinoamericanos presentes como invitados, juntos anunciaron que el 31 de diciembre de 1999 Norteamérica le iba a devolver el control del canal a la nación centroamericana. Para poder tener un mejor manejo de este elemento clave que representa el 4 % del comercio marítimo internacional, el gobierno panameño creó la denominada Autoridad del Canal de Panamá (ACP), la cual es la encargada de cobrar los peajes y de controlar a todas las embarcaciones que pasan por la zona. Según las autoridades de la ACP, esta actividad el año pasado produjo unos 480 millones de dólares. Como el Presidente Martín Torrijos Espino se quedó disconforme con esta suma, el 24 de mayo de 2006 anunció la puesta en marcha de la modernización del canal a través de la construcción de un sistema de compuertas - de unos 427 metros de largo por 55 de ancho- que permitirá el paso de barcos de mayor porte: conocidos como buques “Post-Panamax”. El costo de la obra rondaría los 5.250 millones de dólares y de acuerdo a las estimaciones del gobierno panameño, generaría unos 8 mil empleos directos y 200 mil indirectos. Para decidir el futuro de la ampliación, el 22 de Octubre se realizara un referéndum en cual los panameños serán los encargados de determinar si la construcción sigue adelante o no. No obstante la fuerte campaña mediática llevada adelante por el gobierno a favor del sí, ya se alzaron algunas voces en contra de esta iniciativa: como por ejemplo la del ex director de la Caja de Seguro Social, Juan Jované. Junto a un grupo de economistas, realizó un estudio que asegura que el emprendimiento no podrá compensar el préstamo de más de 2.200 millones de dólares que se necesita para complementar el financiamiento inicial. Por ultimo, el análisis determina que la ampliación amenaza con aumentar la deuda externa panameña: que para julio de 2006 rondaba los 7 mil 885 millones de dólares. Otro tema analizado fue el aumento del peaje para sufragar el costo de la obra: para que el mismo aumente un 3,5 por ciento -tal como es la intención de las autoridades de la ACP- el cobro a las embarcaciones debería aumentar la “exorbitante” suma de un 8 por ciento. Por su parte unos días atrás, el militante de Caritas Panamá Francisco Aperador, denunció que una de las empresas que esta trayendo maquinaria para comenzar la ampliación (COAMCO) pertenece al señor Guillermo Quijano, quien curiosamente también es miembro de la Junta Directiva de la ACP. Mientras en Panamá se suceden las disputas en torno al futuro del Canal, las principales potencias mundiales-EEUU, China- comenzaron a “hacer fila” para formar parte de una operación que le puede llegar a otorgar el control de una herramienta vital en la geopolítica del continente americano. La jefa negociadora de EEUU en Panamá, Regina Vargo, mientras hablaba sobre las posibilidades de sellar un Tratado de Libre Comercio entre los dos países, declaró el lunes pasado que “nos interesa bastante que a través del tratado de libre comercio encontremos oportunidad de participar en el proceso de ampliación del Canal”. “No seríamos comerciantes globales si no nos interesara… lo que podría concretarse por medio del capítulo de compras gubernamentales”, señalo Vargo, representante adjunta del Comercio exterior estadounidense. La Casa Blanca no ve con buenos ojos el hecho que Hutchison Whampoa, empresa vinculada a China, controle puertos a ambos extremos del Canal de Panamá. A esto hay que sumarle la declaración de Gao Weijie, Vicepresidente de la empresa estatal China Ocean Shipping Company (COSCO), quien se mostró interesado en participar en las construcciones para ensanchar el paso interoceánico. Estos hechos lo único que hacen es alimentar el miedo de Washington, sobre un presunto “ataque diplomático” que Beijing estaría llevando a cabo sobre lo que EEUU a lo largo de su historia a considerado su área exclusiva de predominio. Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Mar del Plata / Argentina
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