Graves denuncias realizaron mapuches de Huilio, quienes señalaron estar siendo objeto de una campaña del terror por parte de fuerzas policiales y organismos de seguridad. "Lamentamos que la política pública y específicamente el Fondo de Tierras y Aguas de la CONADI, se implemente utilizando las fuerzas policiales y prácticas de terror y amedrentamiento", señalaron. Temuco.- Hostigamiento policial, interrogatorios sin mediar orden judicial y amedrentamiento por parte de miembros de la Comunidad Agustín Curín de Nueva Imperial, son algunos de los hechos denunciados en la declaración pública dada a conocer hoy por la "Comunidad Carimán Sánchez y Gonzalo Marín", del sector de Huilío en la Comuna de Freire. El pasado 13 de septiembre la comunidad inició una ocupación indefinida del Fundo El Notro, de 360 hectáreas, a fin de recuperar por la vía de los hechos estas tierras ancestrales que le pertenecen, y que irregularmente el ex director de CONADI, Aroldo Cayun (PPD), compró e inscribió a nombre de la comunidad Agustín Curín de Nueva Imperial, en el marco del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas del gobierno. Hace ya años la comunidad había iniciado una demanda de restitución de tierras usurpadas, siguiendo todos los procedimientos exigidos por CONADI y la Ley Indígena (Ley Nº19.253). La fiscalía del órgano público determinó, mediante resolución Nº032 de fecha 5 de abril del 2005, que procedía la aplicabilidad del artículo 20 letra b – contemplado en la Ley Indígena - para la adquisición del predio a su favor. Sin embargo, por motivos que aún se desconocen, CONADI adquirió el Fundo El Notro en más de 600 millones de pesos, y en vez de adjudicarlo a la Comunidad Carimán Sánchez y Gonzalo Marín, el pasado 10 de marzo lo inscribió en el Conservador de Bienes Raíces a nombre de la Comunidad Agustín Curín, que lo arrendó en calidad de “medería” al mismo latifundista al que le fue adquirido. La declaración también denuncia que “con fecha 27 de septiembre de 2006, fuimos desalojados por carabineros de las tierras que nos pertenecen históricamente, sobre las cuales tenemos derechos ancestrales y somos sus legítimos dueños. El desalojo se realizó para llevar a cabo la ocupación de la mismas por parte de siete personas desconocidas –supuestamente- de la Comunidad Agustín Curín de la Comuna de Nueva Imperial, quienes cuentan con protección policial y continúan provocando violencia y amenaza para nuestra comunidad”. Pese a la gravedad de los hechos, que ponen en una situación creada de conflicto a dos comunidades mapuches, hasta ahora la entidad no ha dado respuesta a las demandas de los afectados, pese a haber sido tema de tabla en la reciente reunión del Consejo Nacional de CONADI. Dicho silencio, consolida un estado permanente de incertidumbre y no avanza en resolver la grave irregularidad cometida por el propio organismo público. Siendo “preocupante –como señala la declaración- que las instituciones públicas aún no dimensionen ni reaccionen frente al daño causado y el impacto negativo de este tipo de estrategia”. Hostigamiento policial Los miembros de la comunidad denuncian además el permanente hostigamiento policial que los estaría afectando desde que iniciaron su movilización y que se habría incrementado en los últimos días. "Actualmente Carabineros visita a diario las casas de las familias de nuestra comunidad, procediendo a interrogar sin mediar orden alguna. Además realiza controles en las calles de acceso ubicadas en el sector de Huilio, interrogando a nuestros hermanos que allí residen", señalan en su declaración, que también consigna el tránsito por la zona de organismos civiles de la policía. "Es preocupante la presencia de vehículos particulares ocupado por civiles que circulan por la comunidad tomando fotografías de las familias. Cabe señalar que la comunidad procedió a sacar dominio vigente de los mismos, constatando que entre ellos se encuentra uno que pertenece a la DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA DE CARABINEROS, R.U.T. 61.938.500-4; REPERTORIO CONCHALÍ; NUMERO 3814. Por lo anterior, nos sentimos atropellados e impotentes frente a todo lo que está ocurriendo", subrayaron. Los miembros de la comunidad, que tras conocerse públicamente el caso han agotado todas las instancias legales para solucionar el conflicto, lamentaron que la CONADI, en tanto responsable de la implementación de la política indígena, sea generadora de todo estos graves hechos. "Lamentamos que junto con no resolver aún nuestro problema (creado exclusivamente por ellos), no intervenga para evitar la violación de nuestros derechos elementales y propiciar un clima de sana convivencia. Lamentamos que la política pública, y específicamente el Fondo de Tierras y Aguas de la CONADI, se implemente utilizando las fuerzas policiales y prácticas de terror y amedrentamiento", finalizaron. Periódico Azkintuwe
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