“Mi atención se dirige muy especialmente hacia algunos países, en particular Colombia, donde el largo conflicto interno ha provocado una crisis humanitaria, sobre todo en lo que se refiere a las personas desplazadas”
Papa Benedicto XVI
8 de enero de 2007

El pronunciamiento del Papa Benedicto XVI sobre el desplazamiento forzado en Colombia revivió el debate sobre la magnitud de la crisis humanitaria en el país y la grave situación que padecen las personas afectadas.

En coincidencia con la preocupación expresada por el Papa Benedicto XVI, la Corte Constitucional define esta semana los instrumentos para evaluar la eficacia de la política oficial frente a esta población afectada por el conflicto armado en Colombia.

Mediante auto 337 de diciembre de 2006, el Tribunal Constitucional fijó el 11 de enero de 2007 como la fecha límite para que el gobierno, las organizaciones de población desplazada, organismos de control del Estado, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales presenten sus observaciones en torno a las propuestas de indicadores diseñadas para evaluar la respuesta estatal frente al desplazamiento.

Durante 2006 la Corte Constitucional emitió siete autos (218, 266, 333, 334, 335, 336 337) a través de los cuales insistió en el cumplimiento de la sentencia T 025 promulgada en febrero de 2004 y que declaró un “estado de cosas inconstitucional” luego de revisar la respuesta del Estado y la situación de los derechos de las personas desplazadas.

Este miércoles, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Atención al Desplazamiento Forzado presentará a la Corte Constitucional un documento en el que consigna las observaciones de CODHES, la Conferencia Episcopal de Colombia, la Universidad de los Andes y Viva la Ciudadanía. También entregaron información a la Corte la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados

El eje común de sociedad civil, organismos de control y comunidad internacional es la preocupación por la grave situación que enfrentan las poblaciones desplazadas en medio del conflicto armado, cuyos derechos siguen siendo una deuda para el Estado colombiano.

Por ejemplo, la Contraloría sostiene que en asistencia alimentaria, cada familia desplazada recibió en promedio 122 mil pesos en el año 2005, es decir, alrededor de 10 mil pesos mensuales por hogar. El mismo organismo indica que sólo el 3 por ciento de los hogares que requerían titulación y adjudicación de tierras fueron beneficiados entre 2002 y 2006, lo que implica una cobertura mínima frente a la gravedad del problema.

Según CODHES, hay poca credibilidad nacional e internacional en torno a las cifras del gobierno que se refieren más a cobertura que a calidad y cuestionan los limitados recursos que el gobierno destina para estas víctimas de la guerra, en comparación con el generoso presupuesto para los reinsertados.

El año 2007 fue declarado por Naciones Unidas, la iglesia católica y CODHES como el año de los derechos de las personas desplazadas en Colombia, con motivo de los diez años de la ley 387 de 1997 que reconoció el desplazamiento forzado y obligó al Estado colombiano a prevenir, atender y proteger a las víctimas de estas migraciones forzadas por el conflicto.

El último informe de CODHES señala que entre enero y septiembre de 2006 alrededor de 172.216 personas (en promedio 637 por día) fueron desplazadas en Colombia y que en los últimos 20 años la cifra de personas que han sufrido este desarraigo supera los 3 millones 700 mil personas.

- Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)
Bogotá, 9 de enero de 2007