El 20 de Diciembre, Heraldo Zuñiga y Roger Ivan Cartagena, miembros  del Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO), fueron ejecutados por  miembros de la Policía Nacional, frente a la Municipalidad de  Guarizama, departamento de Olancho, ante la vista de varios  pobladores de este municipio.

 En un comunicado emitido el 22 de diciembre de 2006, por el MAO, se  denunció que un día antes de su ejecución, Heraldo Zúñiga les habría  notificado su preocupación por los hostigamientos y las amenazas a  muerte, vertidas en su contra, por parte de madereros de Salamá.

 A raíz de las amenazas en contra de los ambientalistas asesinados, la  Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), había ordenado al  Estado de Honduras la aplicación de medidas cautelares de protección  para los amenazados. Sin embargo, las medidas no se cumplieron y  Heraldo Zúñiga y Roger Iván Cartagena pagaron con sus vidas la  defensa de los bosques hondureños.

 Son cuatro los agentes policiales involucrados en el crimen y los  victimarios fueron plenamente identificados por testigos oculares. No  obstante, hasta la fecha, las autoridades policiales no han remitido  a los responsables a los tribunales de justicia, únicamente los han  retenido en la Delegación Policial de Juticalpa y continúan  realizando patrullajes en la zona.

 Se informó que uno de los agentes de apellido Tejeda, asignado en el  municipio de Guarizama, continúa realizando sus funciones normales,  labor que le permite obstaculizar las investigaciones a través de  amenazas e intimidaciones a testigos y familiares de las víctimas.

  El Procurador de Derechos Humanos del Comité de Familiares de  Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Leonel Casco, dijo  que familiares de los ambientalistas asesinados, consideran que no  hubo diligencia de parte de las autoridades policiales y judiciales  para procesar y enjuiciar a los responsables materiales de los  crímenes.

 También responsabilizan de los asesinatos, a empresarios de la madera  que operan en la zona, pues según el MAO, serían personas que  trabajan con la empresa maderera Samsone, los autores intelectuales  de los crímenes.

 "Ellos (testigos y familiares) han sido objeto de amenazas y  hostigamientos por parte de los agentes policiales involucrados en  éste crimen", señaló Casco.

 A raíz de esta situación, la presidenta de COFADEH, Bertha Oliva, ha  gestionó una audiencia con el Fiscal General del Estado, Leónidas  Rosa Bautista, para exigir que el Ministerio Público asuma la  responsabilidad que le compete, a fin de que el caso no quede en la  impunidad como tantos otros en el país.

 A la audiencia también asistieron, la Coordinadora de Fiscales,  Danelia Ferrera, la Fiscal de Derechos Humanos, Sandra Ponce, la  Coordinadora de Fiscales del municipio de Catacamas, Karla Zavala y  familiares de las víctimas.

 "El Ministerio Público va a formalizar el requerimiento fiscal,  tomará las declaraciones judiciales de los testigos del asesinato y  se solicitará la exhumación de los restos de Heraldo Zúñiga, ya que  al occiso no se le practicó autopsia y probablemente se realizará  este sábado en el municipio de Silca, Olancho", explicó Casco.

 Añadió que la fiscalía pedirá el expediente clínico de Heraldo  Zúñiga, a las autoridades del Hospital San Francisco de Asís de  Juticalpa, porque se considera que hubo negligencia en el traslado  del cuerpo de Zúñiga, que aún estaba con vida pero su conducción  hacia el centro asistencial duró tres horas, cuando el tiempo en  vehículo desde el lugar del atentado sólo es de una hora.

 Casco dijo a COMUN, que la Fiscalía solicitará que se practique una  prueba de balística a las armas de todos los agentes policiales,  porque se considera que hubo manipulación de las mismas.

 Uno de los testigos claves en el asesinato es el delegado policial de  Salamá, Juan Lanza, pero éste al parecer ha desaparecido y se  desconoce su paradero. Según COFADEH, el suboficial habría desertado  de la Policía Nacional.

 El MAO considera que éste suboficial, fue el que capturó a los  ambientalistas y los entregó a los otros cuatro agentes para que los  ejecutaran.

 En uno de los párrafos del comunicado emitido por el MAO, el 22 de  diciembre pasado, se señala lo siguiente: "Claro que si consideramos  que el asesinato fue realizado por el sargento Juan Lanza actualmente  apostado en Salamá, quien fue el que los llevó (a Heraldo Zúñiga y  Roger Iván Cartagena) a ese sitio donde sus cómplices terminaron la  tarea; es poco lo que se puede esperar de un Estado donde su fuerza  pública está conformada por asesinos a sueldo de los intereses más  oscuros del país, como son los del sector maderero y minero".

Fuente: Comunicación Comunitaria

http://www.honduraslaboral.org/leer.php/635