San José

En enero de 2005, toma el poder como gobernador Aníbal Acevedo Vilá, del Partido Popular Democrático (PPD). Esto no hubiera sido una noticia de mayor envergadura, ya que acabábamos de salir de otra administración del PPD, pero la legislatura había sido ganada por el partido opositor, el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Desde el comienzo, más que un gobierno compartido, hubo una competencia por el poder del país. La legislatura se tardó más de un año en confirmar a los jefes de las diferentes agencias del gobierno, y llegó a rechazar a varios de ellos.

Cuando llegó el turno del presupuesto del pasado año, el gobernador presentó un presupuesto de un poco más de US$ 9,600 millones. La legislatura aprobó un presupuesto de $9,200 millones el cual vetó el gobernador. La ley exige que de no aprobarse un presupuesto nuevo, se tiene que utilizar el último presupuesto aprobado, que era de alrededor de $8,800 millones.

Alegando dificultades financieras, el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá, y en muchas ocasiones por decreto, aumentó todos los costos de los servicios públicos y presentó un programa de reducción de la jornada laboral voluntaria. Muy pocas personas se acogieron al programa y, aunque el ejecutivo pensó implantarlo obligatoriamente, las uniones y la legislatura presentaron mucha resistencia.

“La crisis fue anunciada”

El año 2006 comienza con un gobierno sobregirado en muchas de sus agencias. Las agencias de crédito de Wall Street comenzaron sus amenazas de degradación del crédito de la Isla si no se tomaba acción inmediata. Es decir, si no se acababa con el gigantismo gubernamental y el gasto desmedido en todas las agencias, lo que significaba eliminar puestos de trabajo y reducción del 3 al 5% del gasto gubernamental por los próximos 5 años.

Durante su mensaje sobre el presupuesto del mes de marzo, el gobernador presenta el mismo presupuesto de $9,600 millones que había sido rechazado el año anterior por la legislatura, le pide a los legisladores que aprueben un impuesto a la venta del 7% para poder pagar la inmensa deuda gubernamental de $40,000 millones, les dice que si no aprueban el impuesto, el gobierno quebraría el 30 de mayo y utiliza la última parte del mensaje para criticar al senador Pedro Rosselló, su máximo rival político y presidente del PNP. Esto último crea un impasse entre los dos partidos.

Durante el mes de abril, el gobernador y la legislatura se enfrascan en una batalla por la tasa del impuesto a la venta. El gobernador del PPD quiere un 7% y el PNP solamente está dispuesto a aprobar un 4%. Mientras tanto, en encuestas del mayor rotativo del país, más del 60% de la población está opuesta a un impuesto a la venta.

A mediados de abril, el gobernador se retracta y alega que las arcas del gobierno se quedarían vacías el 1ro de mayo. La única solución, según Acevedo Vilá, era que la legislatura aprobara un préstamo por parte del Banco Gubernamental de Fomento de más de $700 millones para poder pagar la nómina. La fuente de repago: un impuesto a la venta de 7%.

“Puerto Rico grita ...y, que paguen los ricos”

Ante la inacción gubernamental y bajo la amenaza de que 95,000 personas quedarían temporalmente desempleadas, un locutor de radio y presentador del programa televisivo de mayor audiencia en las noches, organizó una marcha para el viernes, 28 de abril, tres días antes del cierre patronal. El lema de la marcha era “Puerto Rico grita” y el mensaje “que se pongan de acuerdo” en alusión al tranque entre los poderes legislativo y ejecutivo. El problema del mensaje era su ambigüedad, y aunque la marcha logró aglutinar alrededor de 50,000 personas, no presentaba alternativa para la solución al problema. Aún así, la marcha “Puerto Rico grita¼” logró llenar un vacío de protesta que ningún grupo político o de izquierda supo llenar.

Los sindicatos del Departamento de Educación, que aglutinan a maestros (as), empleados (as) de comedores escolares, administradores (as), entre otros, también organizaron una marcha el 28 de abril, pero con un mensaje más claro: que el impuesto fuera hacia la banca y las corporaciones y no a la venta. El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT) y la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) se unieron bajo el lema “Que paguen los ricos”. Esta marcha argumentaba que la culpa era de ambos, de la legislatura y del gobernador, y que la salida al tranque era una aprobación de un préstamo con fuente de repago en un impuesto mayor a las corporaciones.

Cabe señalar que el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) presentó varias medidas de recaudo que incluían un impuesto a la banca y a las corporaciones que tuvieran ganancias de más de US$1 millón, pero estas medidas no fueron estudiadas por la legislatura. El PNP argumentaba que el ejecutivo tenía el dinero suficiente para pagar la nómina y que estaba usando a los trabajadores como ficha de presión.

“1ro de mayo”

En el Día Internacional de los Trabajadores, y quizás como un golpe de ironía, el gobierno amanece parcialmente cerrado y con 95,000 trabajadores (as) en la calle. Además, las alrededor de 1,600 escuelas públicas también son clausuradas, dejando afuera a más de 550,000 estudiantes. Solamente se quedan funcionando las agencias que prestan un servicio esencial, como las de salud y seguridad pública.

La Coordinadora Sindical, que agrupa a varios sindicatos de agencias gubernamentales, llama a una marcha por la Milla de Oro, el distrito financiero de San Juan. Se hace allí con el propósito de presionar al gobierno para que haga que la banca pague más impuestos y tome responsabilidad en las finanzas del país. Hubo un alto nivel de represión cuando un grupo de personas, en su mayoría estudiantes universitarios, trataban de pintar consignas en las paredes. La policía trató de impedir este acto, por lo que se formó una batalla callejera entre policías y manifestantes. La policía movilizó a la Fuerza de Operaciones Tácticas, conocida popularmente como la Fuerza de Choque, pero ya el saldo había sido de varios manifestantes y policías heridos, y vitrinas rotas de algunos bancos y multinacionales del área.

“Comienza el teatro”

Mientras el malestar era palpable en la calle, el gobernador y la legislatura continuaban en un tranque que no parecía tener solución. La legislatura sesionaba y recesaba como cualquier día normal de trabajo, y el gobernador daba un mensaje cacofónico diario por la radio.

Hubo reuniones fallidas entre Acevedo Vilá y el presidente de la Cámara de Representantes, José Aponte, en las cuales se hacían insultos personales y nunca llegaban a discutir soluciones al tranque. En una recreación de un episodio de la serie norteamericana West Wing, en la cual el presidente de los EEUU es de un partido y la legislatura es de otro, el gobernador dio una caminata desde la mansión ejecutiva hasta la legislatura, para tratar de presionar a un acuerdo. Esto, claro está, fue visto como una provocación por parte de los legisladores.

Además, el gobernador utilizó la estrategia de apoyar todas las manifestaciones civiles y sindicales habidas durante los días de la crisis, alegando que el pueblo tenía el poder y que el pueblo era el que tenía que presionar a la legislatura para acabar el tranque. Hizo esto obviando que la mayoría de las protestas fueron en contra de ambos, la legislatura y el ejecutivo, sin distinción de partidos.

“Comisión de diálogo”

Luego de una semana de tranque, en la que varios sindicatos y alcaldes habían montado campamentos frente al Capitolio con el fin de cabildear y presionar diariamente y en la que las ventas de pequeños y grandes negocios se vieron directamente afectadas, el gobernador y la legislatura acordaron crear una Comisión de Diálogo, formada por reconocidas figuras religiosas, para solucionar el impasse. La directriz de la Comisión sería acogida por ambos poderes sea cual fuere el resultado.

La Comisión concluyó que era necesario la aprobación de un préstamo con repago, en una Reforma Fiscal y una Reforma Contributiva, en la forma de un impuesto a la venta de 7%.

La legislatura aprobó el préstamo de más de $700 millones, acabando así con el cierre gubernamental, pero todavía no ha aprobado el impuesto a la venta, porque está estudiando tasas menores al 7%. El gobernador tampoco ha firmado la Reforma Fiscal que fue aprobada por la legislatura, alegando que la reducción en gastos del gobierno solamente está reflejada en el poder ejecutivo y no en el legislativo y el judicial.

“Unicameralidad”

El 10 de julio de 2005 hubo un referéndum en el cual se le dio a elegir al pueblo de Puerto Rico entre la unicameralidad o, el sistema actual, la bicameralidad. Aunque solamente votó el 22.6% del electorado hábil, sobre el 80% escogió el sistema unicameral. Los partidos de mayoría, el PNP y el PPD, están en contra de la unicameralidad, porque alegan que se rompería con el balance de los poderes.

El debate por la unicameralidad tomó auge durante la crisis presupuestaria ya que se evidenció el caudillismo partidista que impera en todos los poderes. El Colegio de Abogados de Puerto Rico, cuerpo que reúne a los abogados del país, propuso un proyecto de unicameralidad de 51 legisladores, 40 de los cuales serían representantes por región y partido, y 11 que serían personas de la sociedad civil, no asociados a ningún partido. Esto reduciría enormemente el gasto gigantesco que tiene la legislatura en asesores, flota de automóviles, celulares, gastos en dietas, sueldos, etc.

Actualmente, la legislatura está compuesta por 27 senadores y 51 representantes. El presidente del senado, Kenneth McClintock, rechazó tajantemente el resultado del referéndum por la poca participación que registró.

“Después de la crisis, la crisis”

La crisis presupuestaria evidenció varios elementos importantes en la vida social y política del país:

Las movilizaciones fueron escasas y solamente se limitaron a los sindicatos afectados por el cierre gubernamental. El apoyo de la sociedad civil fue mínimo y aunque la marcha “Puerto Rico grita...” contó con participación masiva, no hubo un seguimiento ni solidaridad continua.

Los sindicatos estuvieron divididos en cuanto al mensaje y las estrategias de presión en conjunto. Mientras algunos sindicatos apostaban por el cabildeo legislativo y la presión mediática, otros sindicatos, como la UTIER y la FMPR trataron de impulsar, infructuosamente, un paro nacional. Curiosamente, luego del cierre patronal, el gobierno está tratando de reestructurar el Departamento de Educación y la Autoridad de Energía Eléctrica, agencias en las cuales la UTIER y la FMPR representan a miles de trabajadores, lo cual redundaría en despido de empleados, y menor presupuesto.

En el ámbito de los intelectuales, no hubo una respuesta ni soluciones claras frente a la crisis. El silencio fue casi generalizado.

Asimismo, los grupos políticos de izquierda se mantuvieron al margen del debate, y aunque apoyaron las movilizaciones sindicales, y la propuesta del impuesto a la banca y las corporaciones, tampoco hubo una propuesta clara y conjunta.

Como ha ocurrido en los últimos años, la comunidad religiosa ha tenido que jugar un papel de “imparcialidad” para resolver las crisis gubernamentales. La Comisión de Diálogo sirvió su propósito: le quitó la crisis del medio a los que la crearon.

En vistas camerales del 19 de mayo, unos empresarios del país argumentaban que hay que evitar a toda costa la imagen negativa que está proyectando el país en el ámbito internacional. Los empresarios están preocupados por el discurso de la lucha de clases y la frase “que paguen los ricos” que adoptaron varios sindicatos. También se opusieron tenazmente a cualquier impuesto adicional a las corporaciones ya que, supuestamente, son los mayores generadores de empleo, y pagan contribuciones igual que cualquier otra persona. En cualquier caso, el frente empresarial fue el único que llevó un mensaje de consenso a la legislatura: no impuestos a los ricos.

Quizás lo más que ha evidenciado está crisis es que la clase política partidista tradicional de Puerto Rico está desgastada por años de corrupción, caudillismo, gastos excesivos, distanciamiento de la sociedad, y sobre todo la falta de un plan de país. El gobierno se maneja de día a día, sin mirar más allá que los 4 años entre elección y elección.

Igualmente los grupos al margen de la política tradicional no han esbozado un plan de país que responda a las realidades de la sociedad puertorriqueña actual, ni han creado respuestas eficaces a las crisis institucionales y estructurales que se han ido creando año tras año.

La esperanza recae en que esta crisis de liderazgo y de visión nos obligue, como país, a buscar soluciones de consenso entre todo el espectro político y social de Puerto Rico.

Iván J. Broida Fontánez, es integrante del Proyecto Caribeño de Justicia y Paz