Victoria popular
Organizaciones de El Progreso impiden firma del convenio de municipalización del agua
24/07/2007
- Opinión
El Progreso Yoro
Una manifestación pacífica realizada por diferentes organizaciones populares agrupadas en la Asamblea Popular Permanente (APP), frustraron la intensión de municipalizar los acueductos que en el Progreso Yoro son manejados por el Servicio de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).
Hace varios años la APP inició la lucha en contra de la privatización de los servicios públicos y éste día el alcalde progreseño, Alexander López y el gerente general del SANAA, Jorge Méndez, suscribirían el convenio para trasladar los sistemas de aguas a la Municipalidad. No obstante, centenares de personas provenientes de diferentes sectores de la ciudad se concentraron en la entrada principal de la Municipalidad para repudiar el acto. Policías antimotines y municipales acordonaron la zona y se mostraban listos para reprimir a los manifestantes.
Estudiantes, maestros, campesinos, pobladores y partidos políticos de izquierda rechazaron la municipalización del agua porque no confían que la Municipalidad tenga suficiente capacidad para el manejo del sistema y temen que al poco tiempo sea concesionado a una empresa privada. En la protesta también participaron los trabajadores del SANAA, que paralizaron labores y portando mantas y pancartas marcharon aproximadamente un kilómetro para unirse a la manifestación.
El gerente general del SANAA, llegó a la municipalidad progreseña, pero al ver la manifestación expresó “Yo siento que no hay un escenario propicio para firmar el convenio porque en primer lugar tiene que haber un consenso entre la Corporación Municipal y después tiene que haber un consenso con la población, porque si la población no está de acuerdo de nada sirve que nosotros firmemos un convenio”
En junio pasado la Corporación Municipal de El Progreso integrada por diez regidores y el alcalde, por mayoría absoluta de diez votos contra uno aprobó la firma del convenio, donde únicamente el regidor del izquierdista Partido Unificación Democrática (UD), Bartolo Fuentes, dejó clara su oposición.
Los opositores a la municipalización, sostienen que el agua potable debe mantenerse en manos de la estatal SANAA, porque en Honduras las municipalidades no dan buenos resultados en el manejo de los servicios públicos. Un ejemplo claro es San Pedro Sula, la segunda ciudad en importante del país, ubicada a 30 kilómetros del El Progreso, los sistemas de agua fueron manejados durante muchos años por la municipalidad y luego entregados a la transnacional italiana Aguas de San Pedro, provocando un tremendo fracaso.
Haber evitado la firma del convenio de municipalización del agua solo representa un paso en la lucha emprendida por las organizaciones populares, pues las acciones continuarán hasta lograr la derogación de la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento, manifestaron los dirigentes.
En el Progreso hace cinco años inició la lucha contra esta Ley, y ahora las organizaciones populares de diferentes regiones del país luchan por su derogación, pues forma parte de las principales demandas de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular.
Una manifestación pacífica realizada por diferentes organizaciones populares agrupadas en la Asamblea Popular Permanente (APP), frustraron la intensión de municipalizar los acueductos que en el Progreso Yoro son manejados por el Servicio de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).
Hace varios años la APP inició la lucha en contra de la privatización de los servicios públicos y éste día el alcalde progreseño, Alexander López y el gerente general del SANAA, Jorge Méndez, suscribirían el convenio para trasladar los sistemas de aguas a la Municipalidad. No obstante, centenares de personas provenientes de diferentes sectores de la ciudad se concentraron en la entrada principal de la Municipalidad para repudiar el acto. Policías antimotines y municipales acordonaron la zona y se mostraban listos para reprimir a los manifestantes.
Estudiantes, maestros, campesinos, pobladores y partidos políticos de izquierda rechazaron la municipalización del agua porque no confían que la Municipalidad tenga suficiente capacidad para el manejo del sistema y temen que al poco tiempo sea concesionado a una empresa privada. En la protesta también participaron los trabajadores del SANAA, que paralizaron labores y portando mantas y pancartas marcharon aproximadamente un kilómetro para unirse a la manifestación.
El gerente general del SANAA, llegó a la municipalidad progreseña, pero al ver la manifestación expresó “Yo siento que no hay un escenario propicio para firmar el convenio porque en primer lugar tiene que haber un consenso entre la Corporación Municipal y después tiene que haber un consenso con la población, porque si la población no está de acuerdo de nada sirve que nosotros firmemos un convenio”
En junio pasado la Corporación Municipal de El Progreso integrada por diez regidores y el alcalde, por mayoría absoluta de diez votos contra uno aprobó la firma del convenio, donde únicamente el regidor del izquierdista Partido Unificación Democrática (UD), Bartolo Fuentes, dejó clara su oposición.
Los opositores a la municipalización, sostienen que el agua potable debe mantenerse en manos de la estatal SANAA, porque en Honduras las municipalidades no dan buenos resultados en el manejo de los servicios públicos. Un ejemplo claro es San Pedro Sula, la segunda ciudad en importante del país, ubicada a 30 kilómetros del El Progreso, los sistemas de agua fueron manejados durante muchos años por la municipalidad y luego entregados a la transnacional italiana Aguas de San Pedro, provocando un tremendo fracaso.
Haber evitado la firma del convenio de municipalización del agua solo representa un paso en la lucha emprendida por las organizaciones populares, pues las acciones continuarán hasta lograr la derogación de la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento, manifestaron los dirigentes.
En el Progreso hace cinco años inició la lucha contra esta Ley, y ahora las organizaciones populares de diferentes regiones del país luchan por su derogación, pues forma parte de las principales demandas de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular.
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