Los congresistas bolivianos están empeñados en reformar la Constitución Política del Estado, con el propósito, según ellos, de fortalecer el papel de los partidos políticos y así consolidar la institucionalidad democrática del país andino. Los medios informativos de Bolivia han cubierto con cierta dificultad los acontecimientos al interior del Parlamento, pues la Reforma se la está discutiendo a puerta cerrada. Sin embargo, han procedido a formar un verdadero cerco informativo en torno al pedido de amplios sectores sociales, como los campesinos e indígenas, con respecto a dichas reformas. El movimiento social exige su derecho a participar en los cambios de la Constitución y en la toma de decisiones trascendentales para el país. Para ello convocan a una Asamblea Constituyente que represente la verdadera voluntad popular y rechazan el verticalismo partidario. Desde el día lunes 13 de mayo, medio millar de representantes comunitarios de base de las organizaciones indígenas, de mujeres, colonizadores y campesinos sin tierra, iniciaron la Marcha por la Soberanía Popular, Territorio y Recursos Naturales. Las más de 20 organizaciones indígenas y campesinas del país, sumadas a otras de los sectores urbanos rechazan la eliminación de ciertos derechos ciudadanos alcanzados con anterioridad y expresados en la actual Constitución. La Marcha que partió desde Santa Cruz presiona para que se archive el proyecto de Reforma Constitucional aprobado a la medianoche del 9 de mayo, y que al momento es discutido punto por punto por el Parlamento. Se conoce que las discrepancias entre los partidos políticos han obligado a convocar a un Congreso Extraordinario para resolver las Reformas para el día jueves 16 de mayo. Los marchantes aseguran que con el proyecto se distrae a la opinión pública con una falsa apertura democrática, cuando en realidad los partidos quiere fortalecer el poder político partidario que les permitiría seguir controlando y manipulando el Poder Ejecutivo y Judicial. Asimismo, el proyecto de Reforma excluye toda participación ciudadana en los cambios constitucionales. Las posibles reformas . Los ciudadanos podrán presentar proyectos de ley respaldados por las firmas del 3% de inscritos en el padrón. Esto significa que las organizaciones populares, campesinas e indígenas que deseen presentar reformas deben actuar tal como lo hacen los partidos políticos, es decir presentando el respaldo de al menos 123 mil firmas. . Los ciudadanos podrán postular a candidatos a presidente, vicepresidente, senadores y diputados, concejales y alcaldes ante la Corte Nacional Electoral, para ello deben presentar el número de firmas de ciudadanos al igual que los partidos políticos. . El Congreso nominará a los presidentes de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, con ello pierden el carácter de cuerpos colegiados. . Se reducirá el número de diputados, que en la actualidad son 130 y serán electos de manera uninominal. . Se modifica el tiempo del voto de censura constructiva en los municipios de uno a dos años. . Se anula la característica "descentralizada" del país y la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. . Se amplía el tiempo de privación de libertad sin orden judicial de 24 a 72 horas. Las organizaciones de la Marcha por la Soberanía Popular también piden el archivo definitivo del Proyecto de Ley "Apoyo al Desarrollo Sostenible y de Reforma a la Ley Forestal". Este "paquete agrario" favorece a los grandes madereros, ganaderos y latifundistas, e impone trabas al derecho de los campesinos, indígenas y colonos para que accedan a la tierra y al aprovechamiento de los recursos agrarios del país. Estas leyes se contraponen a lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT, la actual Constitución Política del Estado, la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria y la Ley Forestal. Como el Parlamento ha hecho caso omiso a los pedidos de Asamblea Constituyente, cuatro dirigentes campesinos optaron por declararse en huelga de hambre, como otra instancia de presión para que sus pedidos sean escuchados. Se espera que con la llegada de los marchantes a La Paz, se incremente el numero de huelguistas de hambre, lo que según algunos analistas puede desembocar en una protesta masiva. Mientras tanto, las autoridades gubernamentales hacen esfuerzos por detener la Marcha por la Soberanía Popular, ofreciendo a las organizaciones participantes espacios de diálogo en torno a sus reivindicaciones inmediatas y sectoriales, lo cual ha sido rechazado por ellas. De todas maneras, ordenaron reforzar las medidas de seguridad en torno al Parlamento y redoblaron la presencia policial para "evitar cualquier contratiempo".