Las dos últimas semanas de mayo y la primera de junio fueron muy ajetreadas para Paraguay. Movilizaciones campesinas a nivel nacional, represión gubernamental, acusaciones de corrupción en el proceso de privatizaciones, convocatoria a una huelga nacional, amenazas de juicio político y destitución del primer mandatario, fue la tónica en este tiempo. La cuerda política se tensó casi hasta el límite. El movimiento social paraguayo torció el brazo al Presidente Luis González Macchi en su intento de profundizar las privatizaciones en su país. Campesinos, obreros, indígenas, sectores urbanos y sectores de la iglesia asumen colectivamente dicha victoria. El mandatario no pudo soportar la presión de un país que se levantó contra la corrupción y el desgobierno. De a poco Paraguay se hunde en una profunda crisis económica y social. Mientras en 1998 se calculaba que existían 450 mil pobres, hoy esa cifra superó el millón. Hace 4 años había 260 mil campesinos sin tierra, ahora son el triple. En una población de 6 millones de personas, 2 millones cuarenta mil no tienen empleo o son subempleados; uno de cada cuatro campesinos vive en pobreza extrema. Sin embargo, en el desarrollo de su política neoliberal, el Presidente presentó al Congreso Nacional una serie de proyectos de leyes que facilitaban las privatizaciones exigidas por el FMI y BM: la Ley Antiterrorista reclamada por la embajada estadounidense en Asunción; la Ley de Fusión de las entidades públicas de crédito (privatización de la banca pública), solicitada por el Banco Interamericano de Desarrollo; el proyecto de IVA para los productos agrícolas, impulsado por el Ministerio de Hacienda y a Ley General de Privatizaciones, signada con el número 1615. González Macchi y su gabinete aseguraban que su intención era la de colocar al país en mejor posición de negociación frente a sus socios del Mercosur: Brasil, Argentina y Uruguay; así como prepararse competitivamente para su participación en el Área de Libre Comercio de las Américas. El Congreso Democrático del Pueblo Sin contar con la respectiva ley, el gobierno pone en venta la Compañía Paraguaya de Comunicaciones, Copaco, una de las más grandes y rentables empresas estatales. El precio base era de 200 millones de dólares, aunque para el español Banco Santander, asesor comercial en la venta, el precio real de Copaco era de 100 millones de dólares. Diversos sectores sociales paraguayos se levantaron en protesta por la corrupción presente en el proceso de privatización y contra los proyectos de leyes. Es así como mediados de mayo se decide conformar el Congreso Democrático del Pueblo, instancia integrada por dos grandes frentes: Plenaria Popular y el Frente Contra la Enajenación de los Bienes Públicos. El CDP ejerce presión en todo el país, los campesinos bloquean las carreteras, se producen tomas de instalaciones, huelgas sectoriales, paralización del sector educativo y presión política desde la oposición. González tambalea En una decisión no consensuada con los restantes sectores de poder, el Presidente paraguayo intenta bajar la presión social y eliminar el fantasma de un juicio político en su contra, mediante el retiro de sus proyectos de leyes. Solo se queda con la privatización de Copaco y la Ley 1615, para seguir negociando. El cálculo del margen de maniobra que realizó González Macchi fue erróneo. Algunos de sus colaboradores amenazaron con renunciar, la bancada opositora en la legislatura reunía votos para la destitución y la Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas llamó a una Marcha sobre Asunción para asegurar la inicial conquista. Las protestas desbordaron a las fuerzas públicas, quienes procedieron a reprimir con toda la fuerza causando la muerte de un campesino, varios heridos y centenares de detenidos en todo Paraguay. Entonces el Presidente da un nuevo paso hacia atrás y posterga indefinidamente la venta de Copaco. Quiebre final Con la suspención de la venta de Copaco los funcionarios gubernamentales le temían más a la reacción del Fondo Monetario Internacional que al juicio político o al mismo desborde popular. Los empresarios reniegan del Presidente y lamentan que se ponga en riesgo todo el proceso de traspaso de los bienes públicos a manos privadas. De todas maneras no se quedan quietos y se sientan a diseñar una nueva estrategia para las privatizaciones. La presión final de la jornada provino de los obreros que convocaron a una huelga nacional indefinida. Ante esto el Senado, con amplia mayoría, vota por la supresión de la Ley 1615, lo cual es inmediatamente aceptado por su proponente, el mandatario. Los sectores populares y campesinos movilizados cantan victoria, regresan a sus propios espacios pero se mantienen atentos a las próximas jugadas neoliberales. "Debemos custodiar esta victoria popular", dijeron los dirigentes. Los sectores populares paraguayos saben que se trata de una victoria temporal que de todas maneras sienta precedente, no solamente en el país, sino en el Cono Sur y más allá. Otras batallas por cumplir vendrán: el ALCA, como mecanismo de dominación de Estados Unidos sobre el continente, está en el horizonte.