Ciertamente los ataques que sufrieran las ciudades de Nueva York y Washington el 11 de septiembre pasado, han sido muy bien asimilados por el gobierno estadounidense. Bush Jr. y sus halcones no pudieron encontrar mejor argumento para fortalecer su política expansiva que la de declarar el combate a muerte al terrorismo, sean cuales sean sus caras, rostros, nombres, y esté donde esté. América Latina en general y Colombia en particular no son ajenas a los intereses del poder de Washington. El Plan Colombia, puerta de entrada definitiva a la injerencia estadounidense en la región se abre mucho más al compás de los tambores de guerra. El gobierno estadounidense asegura que la lucha contra el terrorismo debe ser global, como lo es su política económica y militar. Por lo tanto pondrán fuerzas en donde sea necesario, ya "sea en los Andes o en cualquier parte del mundo", según Francis Taylor, coordinador de la oficina antiterrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos. Como parte del plan antiterrorista, Estados Unidos ha diseñado la Iniciativa Regional Andina a ser implementada en los países vecinos de Colombia, para evitar que la producción de droga se amplíe a otros lugares. Esta Iniciativa es complementaria al llamado Plan Colombia, que ya grandes problemas ha traído a la población del sur del país, especialmente a los campesinos e indígenas. La IRA consiste en un fondo de 58 millones de dólares que recibirán Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, para que sus gobiernos apoyen la lucha contra el terrorismo. En Colombia accionan grupos armados que Estados Unidos los colocó en su lista de terroristas, pues atentan a sus intereses, realmente estos grupos se han constituido en la piedra dentro de la bota militar estadounidense. Las izquierdistas Fuerzas Armadas de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, son viejos enlistados. Este año los paramilitares de derecha agrupados en torno a Carlos Castaño, máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, ingresaron al salón de los recientes enemigos, pese a haber sido entrenados, armados y alimentados -con la mediación del Ejército de Colombia- por los Estados Unidos, al igual que Bin Laden en Afganistán. Quién os U.S.A.?  Quién Os-ama? El juego de palabras no se deja esperar. "O están con nosotros, o están contra nosotros", "somos antiterroristas o somos terroristas", estas frases encajan muy bien sea en los discursos del Presidente George Bush, tras los ataques a Nueva York y Washington, o bien en las declaraciones del líder paramilitar colombiano Carlos Castaño. Con ello Bush justifica los ataques de sus fuerzas contra quienes presume fueron los autores de los atentados en su territorio y contra los países que los protegen, llámese hoy Afganistán. Con este mismo argumento, a lo colombiano, Castaño justifica las más de 900 víctimas que sus fuerzas han ocasionado, en varias masacres, en lo que va del año en Colombia. Bruce Bagley, experto estadounidense en el tema colombiano, se muestra preocupado por lo dicho por Francis Taylor, quien aseveró que su país usará todos los elementos de que dispone "donde sea apropiado, como estamos haciendo en Afganistán, el uso de la fuerza militar", acotando que en la mira antiterrorista está Colombia y la Triple frontera -Brasil, Paraguay, Argentina-, en donde la comunidad árabe es muy extensa. Bagley asegura que esta declaración oficial es un preámbulo retórico para maquillar el fin del apoyo estadounidense al proceso de paz en Colombia, y pasar a la solución de este caso a sangre y fuego. "Los funcionarios de Washington están hasta la coronilla con el proceso de paz, () Quieren terminar con este proceso en bancarrota. Con cuatro años es suficiente, ya hicieron el experimento, en la Casa Blanca se dice 'vamos a construir un nuevo ejército de Colombia'". Y la población civil también es terrorista? El Plan Colombia ha significado para la población campesina e indígena de este país, una serie consecutiva de desastres que no terminan por concluir, especialmente en su frontera sur. Parecería que esta población es el objetivo básico a ser destruido por las diferentes fuerzas armadas y en confrontación, especialmente por los paramilitares de extrema derecha. Los combates armados entre el ejército y los paramilitares en contra de las fuerzas guerrilleras son permanentes. Los más golpeados son los civiles que se vieron envueltos en las acciones armadas. Poblaciones enteras son forzadas a salir de sus territorios para dejar sin base social a los actores directos del conflicto y para facilitar el apropiamiento de las tierras "abandonadas". Quien se queda paga su "atrevimiento" con la muerte. Según informes proporcionados por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de Colombia, entre enero y junio del 2001, se produjeron 880 ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias 362, amenazas 319, desapariciones forzadas 133 y 105 casos de tortura. Los responsables de estos atropellos son entre un 80 y 90% los paramilitares, el ejército y la policía, con un absoluto peso de la gente de Castaño. Para el periódico colombiano El Tiempo, la cifra sería mucho mayor, asegura que los paramilitares han cometido un promedio diario de 12 asesinatos desde inicios de año hasta mediados de octubre. Los desplazados forzosos tanto al interior de la misma Colombia, como hacia Ecuador, superaron las 317 mil personas en el año 2000. Los datos recabados hasta el primer trimestre del presente año señalan que más de 91 mil colombianos debieron buscar refugio en lugares distantes a los de su origen, de ellos 12 mil partieron para Ecuador. Las fumigaciones aéreas sobre las plantaciones de coca, como parte del Plan Colombia, están causando un problema de incalculables dimensiones. Cientos, se diría que miles, de colombianos son afectados directamente por los químicos usados. Ampollas en la piel, lesiones oculares, infecciones intestinales, cáncer, están a la orden del día entre campesinos e indígenas del sur oriente colombiano. Reformas legales para sustentar una intervención El Gobierno del Presidente Andrés Pastrana, aunque le resta solo 10 meses para salir del poder, no puede desentonar en el concierto mundial contra el terrorismo. Estados Unidos dirige la función y premia a sus aliados y castiga a quienes no se involucran en este nuevo "evento mundial". Es así que el Ministerio de Defensa, Gustavo Bell Lemus, presentó al Congreso de la República el nuevo proyecto antiterrorista, con un nuevo componente militar, judicial y económico. El documento no pudo ser más condescendiente con la nueva política Bush. Por primera vez el gobierno colombiano acepta formalmente que las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia son grupos que utilizan el terrorismo como forma de atacar al Estado y a la población civil. Por lo tanto, considera indispensable el fortalecimiento del brazo militar del Estado, y la legalidad de las detenciones e interrogatorios realizados por los militares a cualquier persona sospechosa de terrorismo. Los allanamientos podrán ser realizados sin formalismos judiciales. Las comunicaciones podrán ser interceptadas por la fuerza pública y los detenidos pierden el derecho a comunicarse con sus familiares o abogados, mientras se adelantan las investigaciones. Por último, la fiscalía tendrá la capacidad de congelar bienes y cuentas bancarias de quienes sean sospechosos de colaborar con el terrorismo. El Ministro Bell Lemus considera que este nuevo marco legal protege a la población civil de la acción terrorista, en el marco del derecho Internacional Humanitario. Lo que no dijo el funcionario es que la nueva estrategia facilita la presencia, a solicitud, de personal militar extranjero, otorgándoles todas las facilidades del caso, pues se trata de la "lucha contra el terrorismo". Las propuestas de vida ante las propuestas de muerte Como alternativa de desarrollo regional al Plan Colombia, diversos sectores sociales del sur del país -la más afectada por la aplicación de esta iniciativa militar- se organizaron para impulsar el Plan Surcolombiano. En esta nueva iniciativa están involucrados los departamentos de Nariño, Cauca, Huila, Caquetá y Putumayo, con una extensión total de casi 220 mil kilómetros cuadrados y una población muy cercana a los 6 millones de personas. El Plan Surcolombiano intenta ganarle la mano al plan militar impulsado por el presidente Andrés Pastrana y financiado por Estados Unidos. Se quiere rescatar la identidad cultural y la incorporación de la sustentabilidad ambiental en la asignación de recursos en la lucha contra los cultivos ilícitos como la coca, marihuana y amapola. El apoyo integral a los niños víctimas del conflicto, atención a la población desplazada, apoyo a las madres jefas de familia, escuela para la democracia y la convivencia pacífica, son entre otros las metas de este Plan alternativo. Amnistía Internacional, en reciente comunicado de prensa, dijo que "La única vía para detener la dura crisis de derechos humanos en Colombia es parar la ayuda militar que se le está dando al país"."La ayuda militar incondicional, de la cual hay poco control sobre su uso final, le manda una clara señal al Ejército colombiano de que es libre para desarrollar su estrategia contrainsurgente -de la cual los grupos paramilitares y la guerra sucia son parte integral- y permite la continuación de la sistemática y generalizada violación de los derechos humanos". Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado al gobierno colombiano para que aplique decididamente estrategias de lucha contra el paramilitarismo, que permitan proteger la vida e integridad de todas las personas, en las diferentes regiones del país". De todas maneras, nuevamente la correlación de fuerzas está a favor de los fusiles. Recientes informaciones satelitales estadounidenses "aseveran" que las FARC poseen misiles Sam-6 de fabricación soviética. Por lo tanto, ameritaría una intervención militar internacional de peso, para contrarrestar el sofisticado armamento de las fuerzas rebeldes. Sobre esto último, el vocero del Departamento de Estado, Philip Reeker, dijo que su país no participaría directamente en una acción de fuerza, pero que asesoraría cualquier tipo de operación en este sentido.