La derogación del Decreto del Salario Diferenciado es una demanda que desde su aprobación en enero del año pasado han venido planteando diversas organizaciones populares y de la sociedad civil, por considerarlo violatorio al principio del Derecho Laboral que contempla que para igual trabajo debe haber igual salario. La diferenciación violenta la Constitución de la Republica, al Código del Trabajo y a los convenios internacionales.

Salario diferenciado es un acuerdo aprobado 18 de enero del año pasado en el marco de las negociaciones del salario mínimo con vigencia para diez años. El convenio establece que en los departamentos Choluteca, El Paraíso, Olancho, Santa Bárbara y Valle, los trabajadores devengarán veinte lempiras menos que el salario mínimo establecido en el país. La diferenciación salarial fue calificada por el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), como una discriminación de los obreros de estas regiones.

Como podemos observar el documento estará vigente hasta el año 2017 aplicable a todas las empresas que se instalen en los cinco departamentos señalados, con excepción a las relacionadas con la agricultura, caza, pesca y transporte, entre otros rubros. Esto evidencia la intención del gobierno por favorecer a la industria de la maquila.

A partir de la década de los noventa cuando inicia el auge de la industria maquiladora en Honduras, los diferentes gobiernos liberales y nacionalistas con el propósito de atraer la inversión extranjera y sin importar el costo que tenga que pagar el pueblo, se dedicaron a legislar para beneficiar a únicamente los empresarios, dejando a un lado el interés de los trabajadores. Prueba de ello es la cantidad de obreros (as) que han quedado en la calle porque al dueño de la fábrica se le ocurre cerrar la empresa o simplemente desaparecer de la noche a la mañana, sin pagar las prestaciones y muchas veces hasta salarios atrasados.

De esta situación también se vuelven cómplices los medios de comunicación y los principales dirigentes de las tres centrales obreras que se llaman al silencio y no hacen nada por cambiar las anomalías de los empresarios en confabulación muchas veces con funcionarios del Estado.

Cuando se aprobó la diferenciación de salarios que luego se convirtió en ley, la comisión estaba formada por funcionarios del gobierno, empresarios y miembros de las tres centrales obreras (CUTH, CGT y CTH). Si bien es cierto que al final la Secretaria General (CTH), Altagracia Fuentes, se confabuló con los empresarios y gobierno para acordarlo con vigencia de 10 años, no hay que esconder que por parte de los representantes de la CUTH y de la CGT, también había anuencia para que se diera con la única diferencia que éstos pedían que el acuerdo solo fuera por cinco años.

El acuerdo fue considerado por el “gobierno del poder ciudadano” como un avance para el desarrollo de Honduras. Sin embargo, la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular que agrupa diversas organizaciones populares en diferentes regiones del país, desde el año anterior incluyó en su agenda luchar por la derogación del Acuerdo de Diferenciación Salarial por considerarlo atentatorio al derecho de un trabajo digo, para los obreros de los cinco departamentos involucrados.

No hay que perder de vista que el acuerdo de diferenciación salarial incluye a Santa Bárbara, un departamento que mantiene límite con el de Cortes y que se encuentra muy cercano al Valle de Sula, principal emporio de la industria maquilera en Honduras.

A treinta kilómetros de San Pedro Sula, pero bajo la jurisdicción de Santa Bárbara se ha levantado el parque industrial Green Valley, considerado por la Asociación Hondureña de Maquiladores como el más grande de Centroamérica. A este complejo podrían trasladar operaciones muchas empresas ubicadas en San Pedro Sula y ahorrarse el pago de veinte lempiras diarios por cada trabajador. De esta manera una fábrica con mil obreros, diariamente se ahorraría veinte mil lempiras que multiplicados por 30 días que tiene el mes dejaría al propietario un beneficio de 600 mil lempiras que perderían los trabajadores.

Ante el panorama que se presenta para el sector obrero, es importante que la clase trabajadora tome conciencia de la situación y busque llevar a cabo acciones que les permitan reivindicar sus derechos laborales.