Mientras los gobiernos de Argentina y Brasil avanzan hacia un relación bilateral seria, sendas derechas vernáculas arremeten con prácticas más propias de una dictadura militar que de un Estado de derecho.

La tercera ley de Newton, palabras más o palabras menos, dice que “toda fuerza de acción sobre un cuerpo genera otra de reacción de igual magnitud y sentido opuesto”. Este postulado matemático que revolucionó, junto a la primera y segunda ley, la mecánica clásica, podría servir para trazar un paralelismo con la política regional, donde las acciones de los presidentes de Argentina (Cristina Fernández) y Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva) en pos de la integración tienen su contracara en el modus operandi de ciertos sectores políticos identificados con la derecha y centroderecha.

Mientras Fernández y Da Silva firmaban acuerdos para avanzar en la relación bilateral, el Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, reprimía cartoneros y un hacendado brasileño corría a balazos un campamento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en el estado nordestino de Alagoas, prácticas que hacen recordar a las utilizadas por las dictaduras militares que en la década del setenta azotaron América Latina con el apoyo y entrenamiento antisubversivo de los Estados Unidos.

Así, frente a la fuerte acción de corte progresista que a nivel nacional encaran los mandatarios más influyentes de la región, los sectores más postergados de la sociedad quedan a merced de la reacción de los elementos conservadores de la política vernácula, que han ganado espacios de poder gracias a un discurso que sindica a los excluidos del sistema como la culpa de todos los males.

Y ahí la inacción. Porque mientras todos los esfuerzos parecen puestos en resolver la cuestión energética, las distintas administraciones de Suramérica, que cubren un amplio espectro político pero se mancomunan en la convicción de un papel fuerte del Estado para resolver las asimetrías que genera el mercado, no han encarado aún iniciativas contundentes –estructurales o no- para resolver la situación de millones de pobres e indigentes que produjo la receta neoliberal que se aplicó en los años noventa.

“Para reconstruir este cuadro de extremo deterioro que dejó la Argentina desde el ’75, ’76 en adelante, pero con fuerza en el ’90, hay que aplicar, en términos de salud y de educación, políticas de posguerra. No se puede salir si no se hacen políticas de posguerra. Hacer las cosas bien no alcanza. Tiene que haber una inversión extraordinaria de dinero, de energía humana, de perfeccionamiento del personal, de movilización social, todo en enorme escala. Es la única manera de encontrar una solución”, señaló a un matutino argentino el director de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Lucas Rubinich.

Para este académico, el problema de mantener altos grados de marginalidad es que “un muchacho puede matar a otro para robarle sus zapatillas porque él es un producto históricocultural. Y cuando aumenta la violencia reviven esas miradas que juzgan que los pobres son malos por naturaleza”.

Quizá sobre la manipulación y excitación de esas “miradas” juzgadoras se originó el triunfo electoral de Macri y el consenso para desalojar sin orden judicial a noventa trabajadores del cartón (juntan ese material y se lo venden a recicladores, en un negocio donde ellos son los que menos reciben) que estaban acampando en el lujoso barrio de Belgrano. El mismo Macri se ocupó durante su campaña de llamar “ladrones” a los cartoneros porque “roban la basura”. Tal vez haya leído en algún lugar al periodista Jorge Halperín, quien afirma que “la obsesión por la inseguridad y el temor por los pobres son funcionales a una sociedad profundamente dividida entre ricos y pobres”.

"Me parece bien que los hayan desalojado. Que estén los cartoneros asentados acá es un espanto. Viven peor que los animales. Hacen sus necesidades en la calle”, declaró Cristina Berthold, de 62 años, residente del lugar, según publicó el diario La Nación. "Me parece bien que el gobierno haya levantado el asentamiento. Desde que se instaló esta gente acá, los chicos ya no pueden ir a jugar a la calesita o al parque”, afirmó en sintonía con la apreciación anterior Nilda Sauri, de 66 años, al mismo periódico. Ambos testimonios dan cuenta de los sentimientos latentes que la administración Macri se encarga de explotar.

Un agravante de la situación es que los cartoneros no estaban allí por diversión o para incomodar a los vecinos, sino para reclamar la reactivación del “tren blanco” -con el que transportaban sus mercaderías- por la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), concesionaria del servicio. Es decir, además de aducir “ocupación indebida del espacio público”, cuestión que la Justicia no comprobó, el Gobierno porteño avanzó sobre el derecho de protesta avalado por la Constitución Nacional. Según los afectados por la interrupción de esa formación, existe una resolución judicial, con fecha del 11 de enero último, que emplazaba a la empresa TBA a reponer el convoy que unía el norte del Gran Buenos Aires (área metropolitana) con Capital Federal.

La operación se inició a las 6 de la madrugada cuando empleados municipales empezaron a desmantelar las viviendas allí instaladas. Cuando los cartoneros notaron la ausencia de la orden de desalojo, comenzaron los forcejeos. En ese momento intervinieron casi cien hombres de la Policía Federal Argentina (PFA) y un grupo de la Guardia de Infantería que cercó el lugar pero se abstuvo de intervenir. En total, hubo nueve detenidos, seis de los cuales –entre ellos una mujer- tuvieron que ser asistidos porque sufrieron distintas heridas.

Hasta ahora nadie aclaró quien dio la orden a la PFA, que depende del Gobierno Nacional, más precisamente del Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, justo los tres conceptos que se avasallaron. Esa cartera está a cargo Aníbal Fernández, hombre de confianza de la Presidenta.

Según las crónicas periodísticas, en menos de una hora, los integrantes de la comitiva oficial desmantelaron sin compasión las casas precarias, de lonas, maderas y chapas, y en dos camiones cargaron algunas heladeras y otros muebles. Luego, haciendo gala de una saña que hace bastante no mostraban funcionarios elegidos por el voto democrático, los cartones que habían juntado para vender durante las últimas dos semanas, ropa, comida, sábanas, colchones y pañales fueron compactados de inmediato ante los ojos de sus propietarios.

En un comunicado, el Movimiento de Cartoneros y Recicladores (MOCAR) señaló: “Macri, al igual que el gobernador de la provincia de Tucumán durante la última dictadura, General Domingo Bussi, quien expulsó de su territorio a los "vagabundos" e hizo desaparecer a los militantes; quiere hacer desaparecer la exclusión social en la ciudad”.

Frente a la avalancha de duras críticas que Macri recibió desde todo el arco opositor y variados sectores sociales, su ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Juan Pablo Piccardo, sólo se limitó decir que “el espacio público no se negocia”. Es una lástima que tamaña advertencia no haya sido respetada por las lluvias que azotaron la cuenca del Río de la Plata este último fin de semana. El agua caída evidenció las deficiencias en la infraestructura pluvial de la ciudad y la debilidad de una dirigencia que sólo se muestra fuerte ante los más débiles.

Por otro lado, a cientos de kilómetros pero bajo la misma matriz, un estanciero (fazendeiro), en el municipio de Pirañas (Piranhas), del Estado de Alagoas, acompañado de 12 pistoleros, invadió un campamento del MST para despejar a casi 70 familias que reclamaban, hace más de un año, poder utilizar un sector de tierra improductivo. En el conflicto, nueve personas resultaron gravemente heridas y tuvieron que ser llevadas de urgencia al hospital de la región.

Según el MST, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), organismo autártico vinculado al Ministerio de Desarrollo Agrario, se “había comprometido a realizar auditorias” en la zona, pero “hasta el momento los trabajadores no tienen ninguna respuesta”.

Para los agredidos, el hecho “viene a confirmar la situación de violencia y consecuente impunidad que tiene lugar en Alagoas, el Estado más violento de la región Nordeste, según los datos de los ‘Cuadernos de conflictos’ de 2007”, elaborados por la Comisión Pastoral de Tierra. La publicación constató al menos 22 agresiones físicas en conflictos agrarios en el último año.

Este accionar está muy extendido también entre las multinacionales que explotan los recursos naturales brasileños. En octubre pasado, la empresa de cultivos y semillas Syngenta (se define en su sitio web como la líder mundial en agronegocios) fue acusada por el MST de contratar al grupo parapolicial que asesinó al militante de Vía Campesina, Valmir Mota de Oliveira, quien formaba parte de una ocupación de tierra por supuestas prácticas transgénicas ilegales.

Y a esta forma caudillesca de actuar hay que agregarle el trabajo esclavo al cual se ven sometidos aún miles de trabajadores rurales, en condiciones de hacinamiento, falta de agua, alimentos en mal estado y cloacas a cielo abierto. Si bien, según la Organización Mundial del Trabajo (OIT), entre 1995 y julio de 2007 fueron rescatadas de esa situación más de 25 mil personas, esa misma cantidad es la que estaría siendo esclavizada año tras año.

Además, el panorama es más oscuro cuando se profetiza que el agrocombustible etanol será el comoditie del futuro, ya que el sector sucro-alcoholero es el que parece demandar más mano de obra cautiva. Y ahí la contradicción de Da Silva: durante su mandato lanzó el Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Esclavo y a su vez selló con George Bush un acuerdo estratégico para que la producción de ‘gasolina vegetal’ se extienda por América.

Sería un error tratar a ambas posiciones como equivalentes pero al menos cabe preguntarse por qué los Jefes de Gobierno que a nivel del Mercosur (Mercado Común del Sur) profesan simpatía por los conceptos de Simón Bolívar y San Martín y un respeto profundo por los Derechos Humanos, no intervienen con énfasis en asunto provinciales o comunales, siempre dentro del marco de sus facultades. O al menos advertir que no todo es monocolor y que así como no existe el derrame económico, tampoco sucederá nada perecido con las ideas que se forjan en la cúspide de la pirámide política.

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Mar del Plata / Argentina
http://www.prensamercosur.com.ar