Cuatro meses han transcurrido desde que Alberto Fujimori se sentó, por primera vez, en el banquillo de los acusados y, a estas alturas, ya han quedado establecidos como ciertos numerosos hechos que lo vinculan con las actividades del grupo Colina. Pero lo que para algunos no está todavía claro –y el abogado César Nakazaki ha contribuido mucho a oscurecer las cosas– es cómo se probará que el ex presidente ordenó o, por lo menos, conoció y autorizó los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Nakazaki repite que no ha aparecido ninguna orden firmada por su patrocinado. Pero es que ¿debe aparecer algún documento escrito? ¿Algún video en el que se vea a Fujimori enviando a Santiago Martin Rivas a ejecutar las matanzas?

El pasado 7 de marzo, el ex procurador Luis Vargas Valdivia se reunió con un grupo de periodistas en un desayuno de trabajo, organizado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), cuyo fin era, precisamente, exponer algunas ideas en torno al concepto de autoría mediata, la figura penal en la cual se enmarca la responsabilidad del ex dictador en estos crímenes.

Se trata, como explicó Vargas Valdivia, de un concepto acuñado a inicios del siglo XX y que viene siendo aplicado cada vez con más frecuencia cuando la justicia enfrenta a organizaciones delictivas, sobre todo a las que operaron desde el poder. Cuando estas bandas tienen una cúpula, unos ejecutores y una estructura organizada que permite transmitir las órdenes desde aquella hacia estos; cuando los delitos que cometen los ejecutores no responden a sus intereses sino a los de la organización; y cuando es evidente que estos pueden ser reemplazados sin problemas por quienes dan las órdenes, la justicia considera a los miembros de la cúpula como autores mediatos de los crímenes.

Todas estas condiciones se dan en el juicio a Fujimori. Hay una cúpula –el triunvirato Fujimori-Montesinos-Hermoza–; hay una estructura organizada –el aparato estatal, en particular el Ejército–, y hay ejecutores: los miembros del Grupo Colina.

¿Tiene que aparecer una prueba de que Fujimori ordenó a Julio Chuqui o a Jesús Sosa asesinar a los estudiantes de La Cantuta? No necesariamente. Más aun, los ex agentes del escuadrón que vienen compareciendo ante la Sala Penal Especial ¿tienen que decir que Fujimori les ordenó matar o que lo vieron planificando las operaciones? No es indispensable. Para nada.

Vargas Valdivia explicó que cuando la justicia se enfrenta a una organización de estas características lo primero que tiene que hacer es establecer 1) si se cometieron los crímenes, 2) quiénes los cometieron, y 3) si estos autores directos lo hicieron por interés propio o por el interés de una organización. A medida que se respondan estas preguntas se determinará 4) si los criminales actuaron dentro del aparato estatal, y 5) si sus crímenes fueron hechos aislados o fueron parte de una política de Estado. “Una vez que se responda Sí a todas estas preguntas, inmediatamente quedará acreditada la responsabilidad del ex presidente y de todos los integrantes de la cúpula”, apuntó el ex procurador.

SEÑALADO POR TODOS. Por la sala de la Diroes donde se lleva a cabo el juicio oral ha desfilado ya una treintena de testigos, buena parte de ellos ex miembros del grupo de aniquilamiento. Casi todos ellos, a excepción de Martin Rivas, de Carlos Pichilingüe y alguno otro más, han reconocido no solo que el Grupo Colina existió sino que fue un destacamento creado por el Ejército. Así lo dijeron los ex agentes Marco Flores (23 de febrero), José Alarcón (25 de enero), Pedro Supo (28 de enero), Julio Chuqui (30 de enero), Ángel Sauñi (1º de febrero), Fernando Lecca (6 de febrero), Víctor Hinojosa (9 de febrero), Pablo Atúncar (11 de febrero), Héctor Gamarra (14 de febrero) y Hugo Coral (18 de febrero). Todos ellos remarcaron que su escuadrón contó con apoyo logístico, de personal, de armamento y recursos financieros, entre otros medios, que les proporcionó el Ejército.

Pero no solo eso. La mayoría de estos ex agentes –con particular énfasis Alarcón, Chuqui, Atúncar y Gamarra, además del ex agente de Inteligencia Isaac Paquiyauri (6 de febrero)– han señalado que el entonces comandante general del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos, no solo conocía de sus actividades sino que las promovía. Recordaron el almuerzo con que el otrora ‘General Victorioso’ los agasajó, en junio de 1992, en felicitación por la eficacia de sus operaciones, y el discurso con que, incluso, les prometió que el Estado los defendería si algún día caían en desgracia. Lo que, efectivamente, ocurrió. (El audio de este discurso fue entregado por el periodista Ricardo Uceda a la Sala Penal Especial).

Algunos han afirmado que Vladimiro Montesinos (Marco Flores; 23 de enero) y Fujimori (Chuqui; 30 de enero) estaban al tanto de las operaciones. Eso es importante pero no lo más importante de sus testimonios. Lo fundamental es que todos han dejado establecido que el escuadrón Colina fue organizado dentro del aparato estatal –algo que trata de rebatir, desesperadamente, Nakazaki–, que fue protegido por Hermoza Ríos y que no había forma alguna de que ni Montesinos ni Fujimori no supieran de sus actividades. Por el contrario, cada vez aparecen más indicios de que asesinar extrajudicialmente a sospechosos de terrorismo formaba parte de una política de Estado aprobada por el ex presidente.

“No se necesita tener órdenes escritas de Fujimori sobre estos hechos” –explicó Luis Vargas Valdivia–, “basta con que quede claro que él conoció y consintió la comisión de los delitos”. De la misma opinión es la jefa del Área Legal de Aprodeh, Gloria Cano, abogada de la parte civil en el juicio. “Lo que se tiene que probar es que Fujimori aprobó la aplicación de la guerra de baja intensidad y la creación del Grupo Colina, no que él aprobó uno por uno los operativos. Y todo eso ya ha quedado demostrado a lo largo del proceso”.

En resumen, no se necesita probar que el autor mediato dio las órdenes. Si los crímenes se cometieron en cumplimiento de sus intereses; si quienes los ejecutaron eran parte de una organización que solo él controlaba; y si, encima de todo, cuando los hechos fueron públicos no solo los protegió (con un juicio militar farsesco y una vergonzosa ley de amnistía) sino que les otorgó apoyo económico por lo bajo (a través de decretos secretos) con recursos de los que solo él podía disponer, la responsabilidad penal de Fujimori resultará innegable. La ‘prueba de la orden firmada’, La Gran Prueba que reclama Nakazaki, resultará sobrando.


Más información: www.juicioysancionafujimori.org

Fuente: Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú. http://www.aprodeh.org.pe/