Las invasiones de tierras en áreas protegidas cobraron auge a partir del nuevo gobierno. Enero y febrero, según las autoridades, marcaron niveles superiores a los últimos años y dieron paso a una crisis nunca antes producida. El fenómeno es apuntalado por los medidos de comunicación y no puede obviarse, que coincide con la integración de estrategias militares de Centroamérica, México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. En Guatemala se convierte en la razón para reforzar la presencia militar en la zona.

Para entender la conflictividad que se desata en las áreas protegidas es necesario revisar la dinámica propia que se está arraigando cada vez más en estas zonas resultado del abandono del Estado (deliberado o no); la carencia de políticas sostenibles por parte de las instituciones ambientalistas responsables; la falta de recursos; y la debilidad del Estado de Derecho. En estas condiciones, las zonas protegidas constituyen por un lado, un paraísos para los nuevos y viejos intereses de terratenientes, funcionarios, empresas trasnacionales y narcotraficantes; y se convierte en la válvula de escape y última frontera donde presiona el enorme problema agrario de Guatemala, que tampoco ofrece alternativa alguna. Por otro lado, no puede perderse de vista que toda la región, desde Ixcán, la Franja Transversal del Norte, hasta la frontera de Honduras, está inmersa en fuertes intereses vinculados al libre comercio y megaproyectos, para los cuales, retomar la ingobernabilidad de poblaciones y el narcotráfico se convierte una prioridad.

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