Es increíble cómo un hecho puntual refleja la profundidad histórica de un Estado criminal.

Increíble, pero no extraño, porque mientras no se cierren las heridas de tanta victimización impune con justicia, verdad y reparación, éstas seguirán supurando indefinidamente; frenando el avance social y obstaculizando cualquier intento de paz. No es posible sepultar el ayer que no ha sido resuelto, porque éste tarde o temprano regresa como una maldición que si no se conjura como es debido, termina por convertirse en un fantasma burlón que nos acompaña y atormenta permanentemente.

El Sub oficial del ejército, Edgar Paz Morales, en un estado de desesperación y evidente perturbación, decide tomarse bajo la intimidación la sede central del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, para reclamar por el abandono del Estado que lo mantiene en la miseria y el resentimiento justificado, y de paso, hacer una fuerte denuncia que no sólo revela el modo perverso bajo el cual han operado las Fuerzas Armadas de Colombia, sino que pone en evidencia una larga y ampliamente conocida trayectoria de impunidad y criminalidad gestada desde el mismo Estado colombiano.

En su documento de denuncia-que hoy los principales medios se resisten a divulgar en detalle-, el ex oficial afirma lo que en su momento el Ministro de Justicia Enrique Parejo González ya había denunciado públicamente: militares activos tienen nexos con el narcotráfico; no sólo para la conformación del MAS y el traslado de laboratorios clandestinos a Brasil, sino para el desarrollo de otras operaciones encubiertas que involucran torturas y desapariciones, y que según el oficial terminaron en la conformación de las llamadas CONVIVIR. Este vínculo no era secreto ni era ajeno a la dinámica nacional de aquel entonces, incluso era investigado por la Corte Suprema de Justicia, la misma que fue exterminada durante la toma y contratoma del Palacio en 1985.

Si regresamos en la memoria a ese otro oscuro episodio nacional, veremos sin ambages que esta alianza explica en buena medida mucho de lo que ocurrió durante esas 28 horas de terror; el caso no ha sido analizado desde esta perspectiva y quizás por ello no podemos entender a cabalidad tantas anomalías que se registraron durante esos dos días y mucho tiempo después. Por ejemplo: las razones por las cuales se retiro la seguridad el día de la anunciada toma cuando el plan de la guerrilla ya había sido descubierto y dado a conocer a través de los medios de comunicación, incluso había sido anunciado por los mismos subversivos en una proclama pública, las amenazas de los extraditables eran de amplio conocimiento, y no así los oficiales que mintieron como quedó demostrado, para justificar el abrupto retiro de las urgentes medidas de seguridad y que fueron demandados por falsedad ideológica en documento público, en vez de ser sancionados como era lógico fueron ascendidos; el mismo día de los hechos la página principal del diario El Espectador hacia referencia a esta temible alianza. Esto explica también porque en esa grabación anónima que varios oficiales dirigieron a las autoridades el sábado siguiente a la toma, y que éstas diligentemente archivaron en caja fuerte, se habla de las torturas que bajo la dirección de Plazas Vega se le aplicaron a algunos guerrilleros rescatados con vida de Palacio, para forzarlos a firmar un documento en el cual reconocían haber sido financiados por la mafia. Las Fuerzas Armadas, siempre han hecho evidente su afán por demostrar estos vínculos, contrariando el resultado de las investigaciones judiciales y la pobreza en armamento que exhibió la guerrilla en su acción.

Las declaraciones del suboficial Paz, como un cuento irresoluto que por no haber sido asumido con valor nos regresa una y otra vez a la historia velada, dramática y turbia de nuestro pasado, nos confronta con la práctica de la tortura, legitimada tradicionalmente en Colombia desde su aplicación sistemática como instrumento de intimidación y degradación física y moral, promovida por altos mandos militares y encubierta por políticos y gobernantes.

De nuevo aparece como signo imperecedero en nuestra historia patria la legendaria imagen del M-19, pues el Sub Oficial cuenta sobre su infiltración en la camioneta donde se negociaba la liberación de los rehenes de la Embajada de la República Dominicana, para grabar las conversaciones y en caso de ser descubierto o evidenciar alguna reacción violenta por parte de Carmenza Londoño alias “La Chiqui ” asesinarla. De haberse producido este crimen otra sería la historia, o quizás la misma, nadie puede precisar el desenlace que hubiera tenido esta acción que para fortuna de Colombia, del Eme y de los directamente implicados no se dio, y la toma tuvo una salida negociada, que después fue traicionada con el asesinato a mansalva de "La Chiqui".

Cuenta también que recibió la orden de asesinar a la madre de Jaime Bateman, Clementina Cayón, aquella mujer Rosacruz que le contagió a su hijo la certeza del amor y que la CIA tras la toma del Palacio, interpretó como clara influencia en la conformación de una organización gnóstica que había decidido autoinmolarse dentro del Palacio de Justicia; pero después de hacerle seguimiento, Paz afirmó que cuando ella lo miró a los ojos, desde un anden mientras esperaba abrieran la Iglesia , él sintió su bondad y no la pudo asesinar. Habló de su trabajo en el batallón Charry Solano, aquella escuela celebre por sus torturas y desaparecidos aunque la justicia nunca la intervino- y se refirió también, a las ordenes recibidas de asesinar a la dirigencia del M-19.

Incluso narró su participación en el atentado a Antonio Navarro Wolf cuando en pleno proceso de paz, fue atacado con una granada al interior de la cafetería El Oeste en Cali.

Quizás para el país todo esto pudiera ser novedoso, pero no para una amplia fracción nacional que desde siempre supo quienes habían ordenado este crimen contra el vocero de paz del Eme. El establecimiento le tenía miedo a esta agrupación, no hay duda y le sigue temiendo pese a que no existe más allá de la alegoría fantasiosa o la resistencia al olvido que nos impide renunciar a la memoria de tantos héroes no reconocidos o anónimos que dieron su vida, sus ideas y su inteligencia a la causa de hacer de Colombia un país al menos vivible.

Han sido tantos lo eventos sangrientos encubiertos por el Estado, tanto el engaño y la impunidad, que no es de extrañar que tras Paz aparezcan nuevos oficiales aturdidos en su conciencia con ganas de revelar que efectivamente el Estado colombiano formaba grupos de sicarios encargados de hacerle el trabajo sucio. Que hoy aparezca este suboficial diciendo que al interior de las FF AA le ofrecieron 20 millones a mediados de los 80s por asesinar a Vera Grave, Marcos Chalita, Carlos Pizarro y Gustavo Petro, entre otros dirigentes del temido por unos y amado por otros M-19, no es extraño; lo extraño es que después de una historia tan aburridora y desoladoramente repetitiva no hayamos atado cabos para comprender porque toda expresión popular es de inmediato asesinada o silenciada, y quienes han estado siempre detrás de estos crímenes, o que viendo esto, sigamos creyendo en este orden institucional y haciéndole juego a nuestra farsa democrática.

Eso es lo extraño, que no despertemos después de tanto ruido y de tanto temblor, que nos dejemos envenenar el alma y pasivamente repitamos que el enemigo es el que nos imponen sin ser capaces de pensar, cuestionar o identificar donde se esconde realmente, y cómo bajo los sofismas de libertad, justicia y seguridad, sigue actuando en contra de nuestras voces y anhelos.

Lo que queda claro de este episodio es que el suboficial Paz no es un delirante ni es la excepción de la regla. El Fiscal General (e) Guillermo Mendoza Diago anunció el día de ayer, ante el Congreso de la República , que se adelantará una investigación de oficio, para corroborar o invalidar estas declaraciones; pero muy posiblemente, y como para no contrariar la costumbres, aquí no pase nada y él, aunque se declare inocente, termine pudriéndose en una cárcel, donde por lo menos comida no le ha de faltar, quien sabe si seguridad, y en dos semanas ya nadie recordara ni su nombre ni sus acusaciones, porque serán otros escándalos -planeados, mediáticos o espontáneos- los que convoquen la dispersa atención nacional.

En Colombia las Fuerzas Armadas siempre han operado como sicarios entrenados para matar y burlar la ley. Y si nos horrorizan los militares chilenos, argentinos, paraguayos que hicieron y deshicieron bajo las sanguinarias dictaduras que estremecieron el Cono Sur, es porque no conocemos la historia de lo que hicieron en nuestro propio país, donde esas mismas bestialidades se cometieron con la misma sevicia y lo que es peor, se siguen cometiendo en total impunidad y con ascensos garantizados. Una reconocida periodista colombiana, una vez me dijo, “peor que echarse a la guerrilla y a los paras juntos de enemigos, es echarse a las Fuerzas Armadas”. Por algo será.

- Maureen Maya, Periodista

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org