Colombia

En el caso de Yidis, a quién acusar?

Germán Enrique Reyes Forero

26/06/2008

Opinión

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"El Presidente (Uribe) me dijo que por favor lo ayudara, que mire que eso era hacer patria, que lo que se hablara con Alberto Velásquez y los compromisos y lo que yo pidiera, lo hablado y lo pactado sería cumplido, que él era un hombre de palabra, que era un hombre responsable"
Yidis Medina[1]

El caso de Yidis, hoy en el campo de la Corte y la Fiscalía y ahora en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, con el toque altruista y ético que ha querido imprimir el presidente Uribe, de actos de hacer patria o de defensa de la institucionalidad, nos quiere llevar al debate de la moral por él concebida. En esta semana, por distintos medios, produjo la primera sentencia absolutoria: es un imposible moral que el Ex ministro Sabas Pretelt y el Ministro Palacio Betancourt cometan delito alguno; son tramas y trampas de la oposición política para desdibujar el Estado Comunitario y la Seguridad Democrática. Para él, y como parodia filosófica, los actos de los ministros fueron ajustados a la Ley como expresión de “principios morales” y fueron “justos” porque se ajustaron “al modelo”, “necesarios” para corregir o adecuar algo a las necesidades de “su patria”, que tan sólo busca la “perfección moral de sus ciudadanos”. El discurso unívoco del soberano o reyesuelo de otras épocas con semejante artilugio, toda investigación penal o debate debería cesar. Sólo deberían aparecer voces absolutorias y de apoyo de la nación entera.

Hábilmente, el Ministro Diego Palacio Betancourt de acusado ha pasado a acusador. Según él, hacemos parte de una alianza con la vieja “clase política en extinción” que como “izquierda actual” (Polo) sólo buscamos desintitucionalizar el país: “Es una conspiración contra la institucionalidad para afectar al Presidente. El tema Yidis no es un asunto aislado”; además, según él "Hay gente a la que le molesta mucho que al Gobierno le vaya bien; le molesta que el Presidente tenga el más alto porcentaje de popularidad en toda la historia del país; le molesta el crecimiento económico que, bajo la dirección del presidente Uribe, el país ha logrado. Y lo que más le preocupa es que ya está en el corazón de los colombianos la convicción sobre la necesidad de defender la seguridad democrática y entender que esa política debe permanecer en el país"[2]. Así son “las tretas de la oposición” para él. La hipótesis de la conspiración, creo, les podría dar algunas luces señores investigadores de la Comisión de Acusación de la Cámara; en lugar de esta diligencia de ratificación de una denuncia penal, podrían ustedes convertirla en una declaración de inicio de proceso en contra nuestra.

Los que estamos en las filas de la oposición en el Congreso de la República, y como bancada, no asistimos a “reuniones de desayuno” en el Palacio de Nariño, ni tuvimos la posibilidad que en sus rincones o pasillos “violen nuestra dignidad”, ni que nos seduzcan con puestos o “cariñitos” prodigados por el soberano. No participamos de esas sesiones secretas o clandestinas que “sostienen la democracia y la patria”. Ni volamos en aviones presidenciales, ensordecidos por la voz y la orden presidencial, ni aparecemos en primera fila de Consejos Comunales intrigando dádivas para las regiones a cambio de nuestros votos. Así, mi condición de sujeto procesal o de testigo, relacionada con “las intimidades presidenciales o ministeriales”, poco aportarían a las ritualidades que se libran a la luz de los códigos penales y ante ustedes investigadores o jueces excepcionales de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Algún comentarista, para descalificar nuestras denuncias, se ha atrevido a lanzar dardos o parodias que el mismo presidente Uribe ha convalidado “Si antes el narcoterrorismo hacia estallar bombas, ahora quieren hacer estallar escándalos”.

Sin embargo, mi condición de activista político, ha permitido seguir el hecho noticioso de la “Yidispolítica”. El cabeza a cabeza, que dio lugar a la reelección presidencial, presumimos desde un principio, se definió por los brazos ocultos del poder sobre el pescuezo de quienes han vivido de la politiquería, el clientelismo y la corrupción, no sólo como práctica de los que reciben, sino por los que ofrecen, para permanecer en sus puestos - figura constitutiva del llamado delito del cohecho-.

El libreto de esta TELE-BOBELA ya fue editado, simplemente bastan los comentarios: “Cuando llegué a la oficina, me dijo: No doctora, pida lo que necesite que nosotros le vamos a cumplir, nosotros necesitamos que este proyecto de acto legislativo pase” (Alberto Velásquez – Secretario General de la Presidencia -). Sabas Pretelt fue más allá “por encima de su cadáver se tenían que cumplir los compromisos de gobierno”. Entre tanto, Palacio Betancourt se dedicó a cubrir otro frente, “habló más con Teodolindo que conmigo. Pero sí, también intervino en esa decisión”. El voto se dio y el pacto de caballeros se debió cumplir. “El Presidente me llamó al siguiente día, después de que votamos, a agradecerme y decirme que todo lo hablado y lo pactado sería cumplido”. La versión de Yidis es sencilla: ¿Se siente usted, de alguna manera, artífice de la reelección del presidente Uribe? Claro que sí, porque en ese momento coyuntural de la reelección existía un empate y mi voto desempató”[3]. El secreto de pillos fue guardado durante tres años, ocho meses y doce días, en el Noticiero Noticias Uno como confidente, por parte de uno de los actores –Yidis- hasta el “evento que el gobierno no sea serio con sus compromisos”. Los coautores del cohecho no cumplieron la totalidad de las exigencias y vino el destape.

El Gobierno, con su aureola de la ética, se sintió incapaz de pecar o delinquir. El testimonio de la sobornada Yidis, guardado celosamente en una película, como parte de este guión que pretendo comentar, fue descalificado ante la supuesta astucia del “periodista-testigo-confidente” capaz de inducir respuestas sobre hechos no ciertos. El tiempo resistió este ataque gubernamental y vino la posibilidad de declarar a Yidis enferma mental y no lo fue. También se pensó en invalidar el testimonio de Yidis al periodista Coronell, cuatro años atrás, por su carga penal y de complicidad con el delito, con el supuesto de preservar el secreto periodístico. Poner al periodista Coronell, no a Uribe, como responsable de la acción penal del encubrimiento y no del cohecho, podría ser otra hipótesis investigativa.

Basta señores investigadores, con dar doble click en los reconocidos motores de búsqueda de la Internet que compilan nuestra política, o en los buscadores de los principales diarios, revistas y noticieros del país, para que ustedes se den cuenta que el caso “Uribe-Yidis-Sabas-Palacio” hace parte de una historia bien conocida y documentada de un país que hace fila dentro de los más corruptos del mundo. En los cientos y cientos de textos, de investigadores periodísticos, comentaristas y editorialistas, Yidis fue sobornada y su mano fue alzada a favor del acto legislativo que dio lugar a la reelección presidencial, impulsada (contra su conciencia o circuito neuropsicológico) por los cables que se extendieron desde el Palacio Presidencial como hecho punitivo que en algún momento nos escandalizó. Seguramente, los que extendieron los cables (Sabas, Palacio y Martínez) serán juzgados con las formalidades de la justicia conducida por la Fiscalía General; para ustedes es el reto indagar por el origen y beneficiario de esa espúrea “corriente” que levantó la mano de Yidis desde un suiche de la Presidencia de la República. La Corte Suprema de Justicia tiene asegurados a Yidis, Teodolindo y a Díaz Mateus, como receptores de ese corrientazo, por medio del cual, según Uribe, se hizo patria. Por ahora, la Corte ha logrado comprobar que sí hubo “estipendios corruptores”, Yidis se declaró culpable y espera una condena. Son ustedes autónomos para esclarecer, enredar u ocultar la cinta de esta historia y recuperar esa escasa credibilidad que se mueve en la opinión pública.

En rebuscadas defensas de defensores de oficio, se llegó a advertir la dificultad de encontrar los límites entre la transacción política legítima y el delito de cohecho, puesto que “En todas las democracias liberales es una práctica habitual y legítima que los gobiernos utilicen sus recursos de poder, como inversiones públicas, apoyos presupuestales, asignación de cargos oficiales, etc., con el fin de obtener apoyos políticos a sus iniciativas gubernamentales”[4]. Alfredo Rangel, el columnista de la anterior cita y de la novedosa idea, señala que la aprobación de leyes ha conllevado a una infinidad de transacciones al menudeo, entre el ejecutivo y representantes de corporaciones públicas, sin que las mismas hubiesen sido denunciadas como delitos de cohecho. Tesis que bien pudieran ustedes evaluar como derrotero en sus averiguaciones que, en últimas, sirvan para absolver al doctor Uribe. Pero, eso sí, inaplicable e injustificable en las relaciones con nuestra organización política. ¿Podrán señalar ustedes esas transacciones con el POLO?

En el pueblo raso, sin dotes académicos y sin tribuna política, quedó la conclusión que Yidis dio su triple salto mortal, a cambio de algo. El pago a cuenta gotas o de contado era lo esperado. Seguramente nuestros debates académicos y políticos en nada removieron sus cálculos de esperanzadores halagos. En el guión de la TELE-BOBELA se leyó: “Al terminar el encuentro, Yidis y Teodolindo no parecían estar convencidos de apoyar a Uribe. Y por eso la ofensiva de la conquista siguió en la tarde: el ministro del Interior, Sabas Pretelt, y el superintendente de Notariado, José Félix Lafourie, se encargaron de Yidis; y el ministro de Protección Social, Diego Palacio, de Teodolindo. Por los pasillos también fue visto el director del DAS, Jorge Noguera. Los periodistas esperaron afuera de la oficina de Yidis y, tras más de tres horas, ésta les dijo: "En estos momentos diría que estoy 50 a favor y 50 en contra"[5]. Y el capítulo terminó así: “El día siguiente, Yidis anunció temprano en medios radiales que había decidido cambiar su voto y apoyar la reelección porque "el Gobierno replanteó su posición de inversión social en el Magdalena Medio". Luego ocupó su curul y votó a favor de la reelección. A la 'voltereta' de Yidis se sumó la ausencia de Teodolindo, quien se esfumó de la sesión a media tarde. Al final, las cuentas quedaron así: 18 parlamentarios votaron afirmativamente mientras que en contra sólo hubo 16. Podría concluir, colorín, colorín, colorado… este cuento se ha acabado.

Al día siguiente de este bochornoso episodio, el representante Germán Navas Talero del Polo, conocedor de este libreto, denunció penalmente el hecho bajo la figura del delito de cohecho que rápidamente produjo absoluciones. Revivido el debate por el destape periodístico, el senador Luis Carlos Avellaneda denunció penalmente al presidente Uribe por el episodio conocido como la Yidispolítica, denuncia a la que nos sumamos el resto de integrantes de la bancada del Polo y que se constituye en la razón de mi comparecencia ante ustedes, señores investigadores, no por solidaridad con mis colegas, sino porque he venido a ratificar esa presunción por la forma como desde los hilos del poder se tuerce la voluntad política y se ahoga el debate en esta frágil democracia.

Nota: Este escrito lo adjunté, en mi calidad de denunciante, al proceso penal que adelanta la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el presidente Alvaro Uribe Vélez por el delito de cohecho.

Bogotá D.C., 19 de junio de 2008

- Germán Enrique Reyes Forero, Representante a la Cámara por el PDA, Polo Democrático Alternativo

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org