Recientemente, el desarrollo noticioso de varios hechos por parte de los medios de comunicación puso de presente, también, el doble rasero con el que se miden en Colombia algunos aspectos relacionados con la vida institucional y la inserción internacional. Y este doble estándar tiene que ver, por supuesto, con los intereses que se afectan y con los sujetos que los defienden.

Un hecho fue la decisión de la Junta Directiva del Banco de la República de subir las tasas de interés y la respuesta airada y demagógica del Presidente, quien les pidió oír las voces del pueblo, reacción que hizo que muchos analistas y formadores de opinión, levantaran su voz para defender la autonomía de la Junta para cumplir con sus funciones.

Otro hecho fue el fracaso de la Ronda de Doha, en la cual no se llegó a un acuerdo entre los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuyo objetivo básico era la liberalización de los mercados internos de los 153 Estados miembros de la OMC en una doble vertiente: eliminación de subvenciones a los productores agrícolas de, principalmente, Estados Unidos y la UE y, en los países en desarrollo, apertura de mercados y menos aranceles a las exportaciones de países avanzados, sobre todo en industria y servicios. La suspensión de las negociaciones sin arribar a un acuerdo llevó a la UE a dejar también sin efecto el acuerdo con varios países latinoamericanos para rebajar los aranceles (de 176 a 114 euros por tonelada) a la importación de banano.

Una de las discusiones más candentes surgió luego de la decisión de la corte Constitucional de avalar el tratado de libre comercio con los Estado Unidos, pues ha sido y sigue siendo un asunto polémico que enfrenta dos modelos de desarrollo para la búsqueda del bienestar del país.

El primer hecho levantó un clamor generalizado sobre la necesidad de respetar las decisiones de la Junta Directiva del Banco, aunque se pudiesen discutir, pero sobre todo a que el Gobierno, cuyo cabeza criticó duramente la medida, no intentará acabar con la conquista de la autonomía en el manejo de la política monetaria. Ésta autonomía se ha venido imponiendo en el mundo, para evitar, entre otras cosas, que las políticas en esta materia se fijen al vaivén de consideraciones ajenas a las técnicas. Esto garantiza criterios diferenciados entre las conveniencias del poder y los requerimientos técnicos de la regulación monetaria; de ninguna manera es garantía de acierto, pues en esta como en otras materias, la elección de diferentes caminos depende de quienes y como se apliquen los criterios técnicos. Su valor radica en tratar de situar las discusiones en estos niveles y no en los de la demagogia barata y las conveniencias electoreras o inmediatas de los gobernantes.

Los otros dos acontecimientos motivaron muchas opiniones y recordatorios acerca de la importancia de respetar los acuerdos y normas internacionales y de la conveniencia de respetar la autonomía del ejecutivo en el manejo de las relaciones internacionales. Algunos gremios de los empleadores colombianos se felicitaron porque durante las supuestas negociaciones del texto comercial con los Estados Unidos se había mantenido una permanente consulta con ellos.

Que bueno sería que reflexiones similares se oyeran a propósito de otros hechos que afectan no solo la autonomía de uno de los poderes públicos como es la rama judicial, sino que atenta contra uno de los pilares del Estado de Derecho y la democracia, o que se hicieran sentir cuando los organismos internacionales, creados y sostenidos por los Estados, incluido el colombiano, se pronuncian sobre los incumplimientos reiterados e inveterados de Colombia en materia de normas internaciones del trabajo.

El actual Gobierno, presidido por Álvaro Uribe Vélez, se ha caracterizado por sus permanentes ataques contra la independencia y autonomía de la rama judicial, pese a que tanto la Constitución como numerosos instrumentos internacionales y la jurisprudencia y doctrina de la mayoría de organismos internacionales de protección de los derechos humanos proclaman que la existencia de esa independencia y autonomía es fundamental para la existencia y vigencia del Estado de Derecho y de la democracia.

Desde julio de 2007 los ataques vienen dándose y arreciando contra esta rama del poder, en particular contra las decisiones de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Por esa época la Sala sentenció que el paramilitarismo no podía ser considerado delito político, con las consecuencias negativas que para otorgarles amnistías, indultos y otros beneficios judiciales tenía para quienes no habían sido postulados por el propio Gobierno, para ser beneficiarios de las penas alternativas de justicia y paz. Conocida la decisión judicial, el Presidente y una cohorte de altos funcionarios, asesores y opinadores nacionales y regionales, acusaron a la Corte de ponerle palos a las ruedas del proceso de paz, en últimas, de ser enemigos de esa clara y justa aspiración de todas y todos los habitantes de Colombia de alcanzar el fin de la violencia y el camino de la convivencia y el progreso social.

En septiembre de ese mismo año, después de que se vinculara al Senador Mario Uribe, primo y socio político del presidente Uribe, a unos hechos delictivos relacionados con la acción de los grupos paramilitares, el primer mandatario llamó al Presidente de la Corte y le pidió explicaciones sobre tal decisión, al tiempo que le dio a conocer las supuestas maniobras de un magistrado auxiliar de la corporación, encargado de coordinar las investigaciones sobre los congresistas y sus nexos con los paramilitares, para vincularlo a la investigación sobre la parapolítica. Luego de que el magistrado hiciera pública el contenido de la llamada, Uribe, negó que hubiera preguntado por la decisión que afectaba a su primo y le exigió al magistrado que se retractara. Este se reafirmó y Uribe, lo denunció penalmente ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de representantes, órgano político, de mayoría uribista, con funciones de investigación de los magistrados de las altas cortes.

Finalmente, uno de los más recientes ataques, a finales de junio de 2008,  fue el comunicado presidencial emitido luego de que la Corte condenara a la ex parlamentaria conservadora y uribista Yidis Medina por cohecho, al haber recibido dádivas por su voto a favor de la reforma constitucional que posibilitó la reelección presidencial.

El Presidente, manifestó entre otras cosas que la Sala Penal “aplica justicia selectiva”, que este proceder “atemoriza a su juez constitucional, que es el Congreso de la República” y que “la trampa del poder del terrorismo agónico, para la cual se han prestado Magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, no parece tener solución judicial.” Por último, el Presidente anunció que convocaría al Congreso para que tramitara un proyecto de ley de referendo con el objeto de repetir los comicios presidenciales de 2006.

A su vez, el Gobierno, a través del Comisionado para la Paz, presentó denuncias penales ante el Congreso contra Magistrados de la Corte Suprema por supuestos vínculos con narcotraficantes. Es interesante destacar aquí que los hechos denunciados por el Comisionado habían sido publicados en los medios con mucha anterioridad sin que se abriera una indagación penal. Sin embargo, a partir de la sentencia contra Yidis Medina, se activaron.

La intimidación se ha extendido también a Magistrados concretos. En primer lugar, cabe mencionar que al Magistrado Auxiliar de la Corte Suprema, Iván Velásquez Gómez, se le inició una investigación por parte de la Fiscalía en virtud de haberse reunido con un paramilitar y haberle ofrecido ciertos beneficios. A pesar de que dicha reunión tuvo lugar bajo la expresa autorización de la Corte que el Magistrado Velásquez, participó en ella en su calidad de Magistrado Coordinador de la Comisión Investigadora de la Sala Penal de la Corte. El mencionado paramilitar se retractó en su denuncia, y la Fiscalía precluyó la investigación, pero los medios dieron cuenta de otra denuncia contra el funcionario por supuesta demora en tramitar unas pruebas de la defensa del aliado político del presidente Uribe , hoy sometido a juicio por sus vínculos con el paramilitarismo, Álvaro Araujo.

Una magistrada, integrante de la Sala Penal, también ha sido sometida a intimidaciones a partir del anuncio de vinculación penal por paramilitarismo de Mario Uribe. Ese mismo día hubo una amenaza de bomba en el colegio de su hija. Posteriormente, la barra estabilizadora del vehículo asignado a la magistrada, que siempre permanece bajo custodia de las autoridades, fue rota, presuntamente por una o más personas. Por último, uno de los escoltas que le fueran asignados poco antes de iniciarse el juicio contra un ex-senador uribista, que luego resultó condenado, había sido escolta de aquél.

Las actuaciones del Gobierno de Colombia no solo afectan la marcha de la justicia, sino que descaradamente pretenden beneficiar a sus amigos. Sus actuaciones tienen implicaciones política muy graves, pues afectan, como hemos señalado antes, bases fundamentales del Estado de Derecho y la democracia, pero también pueden tener implicaciones penales. Sin embargo, el volumen y amplitud del rechazo a estas acciones gubernamentales no ha sido lo suficientemente fuerte y extenso. Incluso, según las encuestas, la popularidad del Presidente se incrementa a medida que pierde legitimidad.

Otro hecho importante que ha pasado desapercibido para los principales medios de comunicación y para los formadores de opinión y académicos que se expresan ante las mayores audiencias, ha sido el del pasado 3 de junio de 2008, en el marco de la 97ª Conferencia Internacional del Trabajo, cuando se desarrolló una sesión especial de la Comisión de Aplicación de Normas, en la cual se debatió la situación de las libertades sindicales en Colombia.

Otros casos muy graves, como el de Irak, el de Zimbabwe o el de Bielorrusia solo merecieron debates de una o máximo dos horas, mientras que la situación colombiana acaparó toda una sesión de más de tres horas, solo equiparable a la que se realizó para analizar el caso de Birmania (Myanmar), país que no cumple las recomendaciones de una Comisión de Encuesta de la OIT.

La OIT constató que en Colombia no se disfruta de libertades sindicales que las medidas contra la impunidad que ampara a los perpetradores de la violencia contra las y lo sindicalistas no han dado frutos y que lo mismo ocurre con las medidas de protección, pues en los primeros meses de este año se ha recrudecido la violencia contra este sector.  Lamentablemente, la desaparición y posterior asesinato del sindicalista Guillermo Rivera, confirmaron las conclusiones de la OIT.

El Gobierno, estuvo presente en el debate, al igual que los empresarios colombianos y las conclusiones se adoptaron por unanimidad de los delegados gubernamentales, de empleadores  y de trabajadores. Pese a ello, muy poco se ha hecho para adecuar la legislación y la practica a esas requerimientos de la OIT y no se escuchan los clamores para que se cumplan los compromisos internacionales de Colombia, con la misma fuerza que se han producido para defender el TLC con los Estado Unidos o los Acuerdos sobre el banano con la Unión Europea.

Pareciera que cuando se trata de hechos que afectan a los más débiles, o en todo caso a quienes no hacen parte de los grupos de poder o que claramente se identifican con la oposición política o social, no fuera necesario cumplir con las obligaciones internacionales ni respetar los principios reconocidos por toda la comunidad internacional respecto a la independencia y autonomía judicial.

- Carlos Rodríguez-Mejía es Consultor en derechos humanos.  Integrante del Equipo Jurídico CUT-CTC

Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 122, Corporación Viva la Ciudadanía.

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