Según lo afirmado hasta aquí, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), pese a los discursos oficiales que subrayan la importancia de la historia, no representa un rompimiento histórico real con el proyecto estatal burgués en marcha desde el siglo 19, ni con el gobierno anterior, en manos de la Gran Alianza Nacional (GANA).

Los discursos oficiales con abundantes alusiones a la pobreza, la solidaridad y la solución pacífica de los conflictos, contrastan fuertemente con las acciones políticas que evidencian un total sometimiento a la “mano invisible” del mercado, y el uso de la “mano dura”, con una política de seguridad cada vez más parecida a la propuesta por el Partido Patriota (PP).

El plan de gobierno de la UNE era más detallado (y mucho mejor redactado) que los del PP o la GANA, pero sus líneas generales  en el fondo son las mismas. Esto se evidencia, por ejemplo, en que se haya dejado al gobierno saliente la decisión sobre los salarios mínimos vigentes, incluyendo un aumento menor para los trabajadores en agro exportación (sector vinculado a la GANA) y maquila (tanto Colom como algunos de sus financistas son maquiladores).

Aunque se prometió una “socialdemocracia con rostro maya”, la misma parece limitarse al uso de la “bandera maya” en eventos oficiales, pues la verdadera política de la UNE hacia los pueblos indígenas se evidencia en deplorable manejo de los temas agrario y ambiental (desalojos, hidroeléctricas, minería y petróleo en territorios mayas: sipakapense, mam, k’iche’, kaqchikel, q’eqchi’ y otros).

Con el nuevo gobierno, afianzan sus posiciones de poder y sus privilegios económicos los grupos corporativos que impulsaron, en el gobierno anterior, la explotación petrolera y minera, las mega hidroeléctricas, y las mega plantaciones de palma africana o caña de azúcar (para usos tradicionales o agro combustibles), lo que se refleja en las cifras de desalojos reportados por la prensa, con los que la UNE, en nueve meses, casi alcanza las cifras del primer año de la GANA y supera ampliamente las de los últimos tres.

Fuente: seguimiento de noticias AEC

Estos 38 desalojos no sólo se concentran en los mismos departamentos, también siguen la misma lógica territorial (Tierras Bajas del Norte, Costa Sur y Cuenca Polochic); y están igualmente asociados los mega proyectos (hidroeléctricas, plantaciones, carreteras), al turismo y a la explotación petrolera, minera, maderera y ganadera (21 desalojos de campesinos maya q’eqchi’ en áreas protegidas de Petén e Izabal, mientras se deja operar a las empresas petroleras en las mismas áreas).

En estos nueve meses, el gobierno de la UNE intentó paliar la crisis alimentaria resucitando una vieja ley (Decreto 40-70), con la que la dictadura militar intentó, en 1970, obligar a los latifundistas a producir granos básicos en el 10% de sus tierras ociosas, y proponiendo precios tope para los combustibles y alimentos. Cada vez, en cuanto aparecieron los voceros de las Cámaras del Agro y de la Industria poniendo el grito en el cielo por el “libre mercado”, el gobierno dio marcha atrás, demostrando claramente el carácter burgués del Estado guatemalteco (y de su bloque en el poder).

De poco sirve nombrar a un distinguido ambientalista como Ministro de Ambiente y Recursos Naturales, mientras maneje un presupuesto y unas cuotas de poder mínimas frente a los Ministerios de Energía y Minas o Agricultura y Ganadería. La verdadera política agraria y ambiental de la UNE se evidencia en la nula prevención de desastres (y en la mediocre atención a los desastres ya ocurridos, como en el municipio maya ch’orti’ de La Unión), en el rechazo a los resultados  de la 28 consultas comunitarias contra la  minería, en el silencioso pero rápido avance de esta actividad en el Altiplano y en la concepción dominante de la naturaleza como fuente de recursos a explotarse (tierra, agua, bosques, minerales), no como ambiente, ni como territorio, mucho menos como “Madre Tierra”.

Otros ejemplos los podemos encontrar en el manejo de la llamada “conflictividad agraria” por la vía de la “mano dura” y de la “mano invisible”: reparto de tierras improductivas vía mercado, préstamos (en realidad, deudas para los pequeños productores), desalojos de comunidades campesinas en áreas protegidas (declaradas como tales cuando las comunidades ya estaba allí) y desaparición del tema “tierra” en la política de desarrollo rural, enfocándose en la creación de empleos (minería, petróleo, megaproyectos, zonas industriales), en el “aumento de la competitividad” (convertir a los pequeños productores en empresarios) y en favorecer a los sectores que “ya son competitivos” (grandes productores), en un contexto  mundial, nacional y local de expansión y acumulación capitalista, marcado por una crisis más entre las muchas por venir.

Guatemala, 12 de octubre del 2008

Camilo Salvadó

(AEC-AVANCSO)