Cobija Bolivia

Coincidiendo con la vigencia del “Auto de Buen Gobierno” previo al Referéndum Constituyente, Ratificatorio y Dirimitorio sobre latifundio de este domingo 25, retornaron en Cobija las amenazas de muerte a autoridades, parlamentarios y periodistas, hecho considerado como el reinicio del “estado de temor y terror”, común durante la gestión del ex prefecto Leopoldo Fernández Ferreira, detenido por la “Masacre de Tahuamanu” el 11 y 12 de septiembre de 2008.

La madrugada de este viernes 23, las calles de Cobija, capital de Pando, aparecieron sembradas de miles de panfletos en dos versiones. La primera hace una serie de acusaciones al gobierno nacional, como aquella de haber “mellado la dignidad del pueblo pandino” en obvia referencia al Estado de Sitio que se vivió en esta región tras la muerte provocada de más de 13 personas y al menos 100 heridos, entre el 11 y 12 de septiembre de 2008.

El otro panfleto anuncia el triunfo del “No” en el Referéndum del domingo 25 y que inmediatamente “se hará justicia con las personas que agredieron a Pando”, las que según ese panfleto “tienen las horas contadas”. Entre los amenazados se encuentran Rafael Bandeira (Prefecto), Adolfo Flores (alcalde de Cobija), Abraham Cuellar (senador), Nancy Texeira (delegada presidencial), Weimar Becerra (constituyente por MAR), Alberto Moreno (ejecutivo de la Central Obrera Departamental-COD) y Juan Ramón Quintana (ministro de la Presidencia).

Otros de los amenazados son Rafael Vidal (periodista de la desaparecida radio Perla del Acre y actual Defensor del Pueblo de Pando), Lino Miahuchi (director de Radio Frontera), Carlos Arce (ex director del diario “Presencia” y residente en Cobija), Eduardo Núñez (periodista de Canal 7).

Algunos de los afectados mencionaron que detrás de estos panfletos están los parlamentarios Roger Pinto, José Villavicencio y Paulo Bravo, quienes en los últimos días dijeron ante la prensa que la “Masacre de Tahuamanu” fue “un show armado por el gobierno” porque “todo estaba armado”. También se conoció que el autor intelectual es Leopoldo Fernández, por medio de su esposa, Pilar Soria, y de Hugo Mopi, ex director de Comunicación de la Prefectura en la gestión de Fernández.

Mopi, que se refugió inicialmente en Brasil, fue visto recientemente en Cobija y no es procesado pese a que las imágenes del día 11 de septiembre lo muestran como “coordinando” las acciones armadas que ocasionaron la huida de decenas de campesinos en medio balas de metralla disparadas desde una volqueta del SEDAM-Pando, organismo que sirvió de “apoyo logístico y personal” para ejecutar las muertes, asesinatos, detenciones ilegales, secuestros y hasta ejecuciones sumarísimas, el 11 y 12 de septiembre recientes.

La “regada de volantes de la muerte” en Cobija, se suma a la sorpresiva aparición, en La Paz el lunes 19, del “ciudadano sicario” Brusher Alpire quien confesó ante periodistas que fue “encargado para matar, por dinero, ganado y una casa, al senador Pinto” pero que no ejecuto el encargo por su amistad con el aludido. El miércoles 21, reaparecieron Luis Zabala y Vicente Roche, presuntamente muertos durante la “Masacre de Tahuamanu” pero que en realidad estaban en Brasilea, junto con los otros pandinos “refugiados” en Brasil.

En el caso de Roche, el informe de la Unión de Naciones del Sur-UNASUR lo menciona como muerto sobre la base de un certificado de defunción emitido por el Centro de Salud San Martín de Porres, de Porvenir, controlado por el alcalde Evin Ventura (ADN) quien también proporcionó la ambulancia municipal para el traslado de sicarios, entre el jueves 11 y el miércoles 17 de septiembre, cuando recién se pudo hacer cumplir el Estado de Sitio en Porvenir, Filadelfia, Puerto Rico y otros municipios, debido a la implacable “persecución armada” a campesinos en la despoblada y poco iluminada área rural dispersa.

La investigación judicial por las muertes provocadas de al menos 13 personas avanza lentamente con el trabajo de una comisión de cinco fiscales de La Paz designados por el Fiscal General, Mario Uribe debido a las evidentes falencias de parcialidad en el Ministerio Público y la Corte Judicial de Distrito de Pando, autoridades que aceptaron la toma de “declaraciones con pistola en la espalda” y determinaron la reclusión de 15 campesinos, rehenes de los cívicos y funcionarios prefecturales, aquel 11 de septiembre. Hasta ahora no existe ningún detenido (excepto Fernández).

Una de las primeras indagaciones al respecto sostiene que las metrallas, pistolas y rifles, utilizados en la “Masacre de Tahuamanu” fueron “proveídas” por un importador de armas, de apellido Vigabriel, y fueron utilizadas por “funcionarios-sicarios” como “Rafael” (autor de la muerte de Diter Rupa Maty, en el baño de una casa particular en Porvenir), “Pantera” (presunto autor de la muerte del funcionario Pedro Oshiro), Homer Polanco (concejal de Porvenir-ADN), Adaildo “Catechi” Nascimento André (concejal de Filadelfia-ADN), Akiito Franco (denunciado como autor de la muerte de Bernardino Racua), Irán Arab (presidente de la Asociación de Ganaderos de Pando, que facilitó su vehículo para el traslado de armas, municiones y gases lacrimógenos), Elías “Lilico” Apuri (hermano de un narcotraficante acribillado meses antes), entre otros.

Todos ellos estaban a las órdenes de Ricardo Shimokawa (presidente de la Cámara Forestal de Pando, vicepresidente del Comité Cívico y consultor de la Prefectura), Ana Melena de Suzuki (profusa difusora del discurso de discriminación racial, con recursos de la Prefectura), Julio César Villalobos (director del SEDCAM-Unión Juvenil Pandina) y el propio Leopoldo Fernández.

Fuente: Agencia Nacional de Noticias Chaco-Amazonía–ANC (Bolivia)