Las razones que llevaron a Iván Cepeda Castro a rechazar la indemnización del Estado colombiano por el asesinato de su padre, el senador Manuel Cepeda Vargas, bien podrían esgrimirse en el ámbito de la cordura política, pero más que ello, la acción de Cepeda se constituye en una importante lección de ética que debe ser analizada por la sociedad y por los entes encargados de administrar justicia.

La reparación integral incluye verdad y justicia

El Estado colombiano está en la obligación de reparar integralmente a las víctimas de violencia sociopolítica, asignando una indemnización proporcional al daño causado por los crímenes de lesa humanidad cometidos. La reparación integral tiene como objetivo lograr la verdad sobre lo ocurrido, revelar los nombres de los autores materiales e intelectuales para promover la aplicación de justicia a los responsables, resarcir a las víctimas a través de la restitución, la indemnización y la rehabilitación, bajo garantías de no repetición.

Frente a los crímenes cometidos por agentes del Estado en connivencia con grupos paramilitares, al Estado le asiste una doble responsabilidad frente a la reparación, tanto por ser el garante de los derechos de todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, “como por su responsabilidad en la creación y consolidación de la estrategia paramilitar, hecho que ha sido ampliamente documentado por la justicia internacional en sus distintos fallos”. (1)

La reparación integral es por tanto un derecho de las víctimas y un deber del Estado.

Sin embargo, el Gobierno Nacional y algunos de sus voceros han pretendido estigmatizar ese derecho, presentándolo ante la opinión pública como un lucrativo negocio con el cual las víctimas y sus representantes legales, intentan despojar al Estado de unos recursos inmerecidos.

Así mismo, se ha querido hacer creer que la reparación de las víctimas se reduce a una simple reparación pecuniaria, con lo que se intenta comprar el dolor de las víctimas y su silencio; socavar su legítimo derecho a conocer la verdad sobre los crímenes y sus responsables; ha recibir justicia mediante la aplicación de sanciones efectivas y oportunas para sus perpetradores tanto intelectuales como materiales.

Dado que el Estado colombiano sólo reconoce su responsabilidad por OMISIÓN en el asesinato del senador Manuel Cepeda Vagas y niega el derecho a reparación integral que le corresponde a toda víctima, Iván Cepeda Castro, ha decidido a manera personal, NO ACEPTAR LA INDENMIZACIÓN, la cual será donada a una organización que trabaje por las víctimas del genocidio contra la UP. Del mismo modo procederá ante cualquier eventual indemnización que ordene la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ésta decisión, sin embargo, no exime al Estado colombiano de su responsabilidad ni de su deber ético y moral de reparar integralmente a las víctimas en el caso del asesinato del senador Cepeda, lo cual esperamos lo determine por acción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicha decisión tampoco implica la renuncia a los derechos a la verdad y justicia que le corresponden; y que además se constituyen en la esencia de la lucha contra la impunidad que durante los últimos 14 años, y con enormes costos, ha impulsado la familia Cepeda Castro.

Iván Cepeda ha insistido en que la reparación integral también debe reconocer la legitimidad política de su padre, dignificar su memoria y restituir su curul como parlamentario. “El valor supremo de una sociedad no puede ser el dinero” señaló en la rueda de prensa que el jueves anterior convocaron la Fundación Manuel Cepeda Vargas y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

La valiente y congruente posición de Iván Cepeda, no sólo es una muestra de decoro que debe ser analizada socialmente, sino que además, es un ejemplo que debería ser emulado y ampliamente reconocido.

Antecedentes:

La sala Cuarta del Consejo de Estado condenó el pasado 10 de diciembre de 2008, al Estado colombiano a indemnizar a la familia del senador de la Unión Patriótica (UP) Manuel Cepeda Vargas, asesinado el 9 de agosto de 1994.

La condena se impone por OMISIÓN al no habérsele brindado las debidas medidas de protección al senador Cepeda, quien se encontraba amenazado y hacía parte de Unión Patriótica –UP-, movimiento político que venía siendo exterminado a través de la denominada “Operación Golpe de Gracia” (plan diseñado por altos mandos militares con el apoyo de grupos paramilitares para eliminar a todos los miembros de dicho partido político).

La sentencia del Consejo de Estado no reconoce la responsabilidad del Estado por ACCIÓN en el crimen, aún cuando su directa participación ya fue demostrada. En 1996 la Fiscalía vinculó a dos suboficiales del Ejército al proceso y a los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil, jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-. En octubre de 1997, se profirió resolución de acusación contra Hernando Medina Camacho y Justo Gil Zúñiga Labrador, suboficiales activos del Ejército adscritos a la Novena Brigada con sede en Neiva, y contra Carlos Castaño Gil por el delito de homicidio agravado. La investigación contra Vicente Castaño Gil y otros dos particulares implicados en el crimen fue precluida ese mismo año. El 11 de noviembre de 2004, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió absolver al jefe paramilitar Carlos Castaño Gil, al considerar que su confesión, dada a conocer a través de un libro, no fue oportunamente allegada al proceso. Los dos suboficiales del Ejército pagaron penas de prisión irrisorias y hasta la fecha se desconoce el nombre de los autores materiales, entre los cuales podrían estar dos generales.

En marzo de 2007 el Gobierno colombiano admitió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la responsabilidad de agentes del Estado en el asesinato del dirigente de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas. Éste tardío reconocimiento  pretendía evitar que el caso fuera llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. Iván Cepeda Castro afirmó entonces que el litigio continuaría en tanto no se conocieran los nombres de los autores intelectuales de este homicidio y fueran ejemplarmente sancionados.

El Estado colombiano aún no reconoce que actuó en concierto con el paramilitarismo para asesinar al senador Manuel Cepeda Castro.

(1) Corporación AVRE; “Presupuestos de la Reparación Integral”. Julio 18 de 2008

- Maureén Maya es Escritora e investigadora social

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org