La representante nacional de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado en Colombia, Rubi Castaño, denunció que nueve desplazados del asentamiento 13 de Mayo de Villavicencio resultaron heridos tras un operativo de control del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional), registrado luego que residentes del sector rechazaran un corte en el servicio de energía: “Los señores de la energía llegaron a cortar el servicio, por lo tanto esto generó una reacción de parte de la población, lo que hizo que se diera como respuesta de la fuerza pública, una arremetida de parte del ESMAD para tratar de expulsar a la gente del terreno”.

La líder comunitaria también dijo que varias mujeres embarazadas fueron afectadas por los gases lacrimógenos que arrojó la fuerza pública: “Lo preocupante es que allí se encuentran gran cantidad de niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y cuando el Esmad hizo la arremetida, empezaron a lanzar gases y estos gases ocasionaron asfixia a los niños y las mujeres embarazadas. Fue todo un caos ”.

En el asentamiento 13 de Mayo de Villavicencio (Meta), habitan más de 800 familias que se ubicaron allí hace algo más de 3 meses, procedentes de varias regiones del país, pero principalmente de otros municipios del Meta y de otros departamentos del sur.

La representante de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado también lamentó que la respuesta del Estado en un caso como éste sea la de represión, en lugar del ofrecimiento de una solución de fondo: “Las condiciones de estas personas son precarias; ellos han estado intentando buscar salidas a esta situación, con buscar la concertación para exigir el respeto de sus derechos, pero ha sido imposible, puesto que la respuesta por parte del Estado, especialmente del municipio de Villavicencio, ha sido pues la agresión por parte de la fuerza pública”.

Por último manifestó que la preocupación de los defensores de los derechos humanos y de quienes representan a la población desplazada en Colombia, es que ante cualquier acción de la fuerza pública, pueda ponerse en peligro la vida de estas personas, sobre todo la de mujeres, niños y adultos mayores.

Fuente: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)
http://www.codhes.org/