¿A alguien le queda dudas de que es imprescindible reducir el peso del Estado? ¿Qué ello es sustancial para el desarrollo armónico del país en el marco de una economía sana? Por supuesto que las respuestas a estas preguntas están más que claras. Solamente algún nostálgico del estatismo batllista, o de otros "estatismos" perimidos, puede sostener hoy que hay que mantener todo congelado, intocable y no encarar de una vez por todas las necesarias reformas que determinen que nuestro país se convierta, alguna vez, en viable. En base a este concepto y para reafirmarlo, es un buen ejercicio hacer un repaso de la página de la Presidencia de la República en que aparecen los sueldos de los funcionarios públicos, la que aclara perfectamente la cuantía de la distorsión, que es otro ejemplo palpable de lo mal que funciona el Estado históricamente timoneado por blancos y colorados. Ejemplo descarnado, si los hay, de politiquería barata y clientelismo desembozado, que fueron aplicados por años. ¿Qué lógica tiene que un ministro de Estado cobre un sueldo de 33 mil pesos, cifra inferior a la de la totalidad de los gerentes de ANTEL que tienen ingresos que van desde 87 a 67 mil pesos. El comandante en jefe del Ejército percibe un sueldo de 26 mil pesos, el jefe de Policía de Montevideo uno de 21 mil mientras el gerente general de ANCAP llega a la irritante suma de 83 mil pesos. Para detectar un sueldo algo parecido al del teniente general tenemos que bajar en el escalafón de la Administración Nacional de Puertos al grado de Técnico de IV. Los sueldos más rutilantes son los que se abonan en el Banco Central, donde el gerente general – siempre según a la página del Poder Ejecutivo- gana 87 mil pesos. ¿Qué diremos ante la máxima desproporción que se observa? Un profesor titular de la Universidad de la República, cuyo nivel de conocimiento y de antecedentes académicos es superior a la de la mayoría de esos gerentes, además de haber llegado a ese nivel por estricto concurso, en su máxima categoría (grado 5), con cuarenta horas de dedicación semanal llega a un sueldo que supera en algo los 19 mil pesos. Estos datos, obviamente, muestran que en el Estado las cosas no marchan justamente bien. ¿Y si fuéramos a los gastos? ¿Qué tendríamos que decir de ANCAP, en que las utilidades del último balance conocido (año 2001), empatan con los gastos irrecuperables que afrontara esa empresa pública para financiar los desastrosos negocios concretados en asociaciones con la actividad privada tanto en la Argentina como en Uruguay? ¿No valdría la pena pensar, para manejar otro ejemplo de actualidad, en cual será la obvia respuesta del gobierno ante la posibilidad de que los vehículos, vía instalación de sistemas de gas natural, abaraten su consumo? ¿Es posible que las necesidades del Estado sean tan pesadas que impidan que algo funcione mejor en el país? Es evidente que la tarea de reformar este Estado, el que está perjudicando a todos los uruguayos, es prioritaria. Pero, ¿ello quiere decir que se lo privatice, traspasándole la propiedad a empresas multinacionales al capital multinacional? ¿Qué para evitar las brutales distorsiones salariales se cierren unidades ejecutoras y se "despida" a los trabajadores? ¿Qué, en definitiva, se utilice la medicina que es requerida en la receta que el FMI? . La misma que se ha extendido a todos los países de la región, de que se extranjericen activos que hoy están bajo la administración del Estado. Una cosa es poner punto final al derroche, a la presión de los grupos corporativos y a la acción de los políticos tradicionales que son los responsables de las distorsiones y otra, muy distinta, es transferir la propiedad de los bienes que son de todos, al capital extranjero. Cuando se plantea una discusión sobre este asunto se deben tener en cuenta los instrumentos a aplicar para reducir ese peso del Estado ¿No sería un buen camino para comenzar a reducir la distorsión salarial, además de adoptar medidas de reordenamiento administrativo, que se instrumente un adecuado impuesto a la renta de las personas físicas, que tendería a que la sociedad en su conjunto sea más justa? Hablar de estas cosas, en este momento, parece propio de un pensamiento despistado, porque estamos ante nuevos y dramáticos acontecimientos: el gobierno pretende pagar la descomunal deuda externa - de alrededor de 10 mil millones de dólares, cifra a la que se llegó para "salvar al sistema financiero" y que quedó en bolsillos todavía no plenamente identificados - reduciendo sueldos y jubilaciones, tanto de esos privilegiados gerentes de muchas reparticiones estatales, como de quienes ya están por debajo de la línea de la pobreza, aquellos que ya no tienen para alimentarse y que son miles y miles. Y se sostiene que el camino es "sustentable" No desconocemos la crisis, pero afirmamos que se llegó a ella por las deficiencias de una política económica recesiva y que es producto de recetas típicamente fondomonetaristas. Por el camino de la pobreza se llega al dafault y nuestro gobierno, empecinadamente, recurrió y aplicó las ideas que llevan a la miseria a cada vez más uruguayos. Ello se manifestó, con irresponsabilidad superlativa, en la política de "salvataje" del sistema financiero, que igualmente murió en su carácter de "paraíso fiscal", reduciendo su actividad, en tan solo un año, a la mitad. Ahora en el marco de la crisis, no se atina a nada nuevo. Lo más evidente, más allá de que se sostenga la "sustentavilidad" del pago de la deuda, es que el camino reiterado, haciendo crecer la pobreza de la gente, determinará ingresar en el mecanismo perverso que llevó que las cuentas del gobierno terminaran el año pasado con un déficit del 5 % del PBI. ¿Cree realmente el ministro Atchugarry que con la reducción de salarios y jubilaciones o llegando a los extremos de la eliminación de "unidades ejecutoras" de gasto y de "puestos de trabajo" mejorarán las cuentas del gobierno y, así, se demostrará que la deuda es "sustentable"? ¿Si se echa a la mitad de los funcionarios públicos, además de condenar a familias enteras al exilio o la muerte, quién aportará al BPS, quién pagará IVA, quién consumirá carne, fruta o verdura? ¿No es lógico suponer que las necesarias reformas estructurales deben ser encaradas no para sortear una agónica crisis, sino para modernizar al país en un marco de relativa estabilidad?¿Que la reversión de la recesión se debe buscar oponiendo al ciclo de la recesión otro de reactivación? ¿Es qué ni el ministro de Economía ni su equipo económico han advertido que por este camino morderán de nuevo el polvo del fracaso? Lo peor, porque ello está más allá de lo malo, es que algunos sigan sosteniendo que con la política de reducción salarial que se concreta en la administración pública - otra de las "ideas" que propuso el FMI - se está intentando una reducción del peso del Estado. Diríamos que es más bien una salvaje política económica recesiva - sin entrar a analizar sus perfiles éticos - que seguirá deteriorando al país y, especialmente, al aparato productivo que se achicará en la misma proporción que caiga la capacidad de compra de la gente. *Carlos Santiago. Secretario de redacción de Bitácora.