El lunes 13 de este mes, finalmente, se instalará el juicio oral contra Alberto Fujimori por el caso del pago de 15 millones de dólares como Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a favor de Vladimiro Montesinos, realizado en setiembre del año 2000. Si bien el inicio de este proceso se retrasó por la recusación presentada por la defensa de Fujimori contra todos los integrantes del tribunal que preside César San Martín, que tuvo como consecuencia la separación del magistrado Hugo Príncipe, el hecho concreto es que en pocos días debe darse inicio a uno de los casos más simples, pero contundentes, seguidos contra el ex Presidente de la República.

Como se sabe, el caso está referido a un irregular e ilegal pago de CTS a Vladimiro Montesinos: nada menos que por 15 millones de dólares, hecho que se realizó en los días siguientes a la difusión del famoso video “Kouri-Montesinos” a mediados de setiembre del 2000. Los diferentes testimonios y abundante prueba documental dan cuenta que fue Alberto Fujimori quien dio la orden para que se pague en efectivo ese monto, y que para tal efecto dirigió una operación en las más altas esferas del Estado con el concurso de ministros, vice ministros y altos oficiales de las Fuerzas Armadas.

Tal como hemos señalado anteriormente, éste es un caso muy simple. Probablemente el más simple de todos los casos por los que Fujimori debe responder ante la justicia. Pero justamente por ello es un caso que por todos los medios ha pretendido ser obstaculizado por la defensa de Fujimori, al tener la virtud de poner en evidencia dos asuntos ampliamente negados por éste y el fujimorismo: el manejo corrupto que el entonces Presidente de la República tenía de los recursos del Estado y la relación criminal existente entre Fujimori y su asesor Montesinos Torres.

En este caso la defensa de Fujimori no podría argumentar en ninguna circunstancia que no existen pruebas. Todo lo contrario. Existen abundantes elementos de prueba, tanto documental como testimonial, que determinan que de todas maneras existirá una sentencia condenatoria porque los hechos están plenamente demostrados.

Justamente, a partir de la existencia de todas la evidencias posibles, se especula sobre cuál será la estrategia legal que finalmente despliegue la defensa de Fujimori en el proceso judicial. Consideramos que podrían existir dos alternativas. La primera: negar su responsabilidad. La segunda: aceptar la responsabilidad. En el primer caso consideramos que el hecho que estemos ante un juicio de una persona condenada a 25 años de pena, el hecho que se trate de un juicio en el que se va a ventilar y debatir sobre el uso ilegal que el Presidente de la República hacía de los recursos públicos, más el hecho de que el fujimorismo hasta la fecha pretende negar la existencia de un manejo corrupto del Estado, determinará una estrategia de confrontación de la defensa de Fujimori con el tribunal. Si ésta es la alternativa, no veremos un juicio pacífico sino todo lo contrario: un juicio lleno de contingencias procesales y obstruccionismo para el desarrollo normal del proceso.

En este caso el principal problema que tiene la defensa, y más específicamente Fujimori, es que ante los jueces y ante las cámaras de televisión debe brindar alguna explicación mínimamente coherente sobre las razones por las cuales pagó a su asesor semejante cantidad de dinero para compensarlo, y luego también debe dar alguna explicación de dónde sacó el dinero con el que restituyó al erario nacional los 15 millones de dólares que Montesinos se había llevado.

En esta opción, el juicio duraría varios meses en los que Alberto Fujimori estará expuesto a la opinión pública, siendo interrogado y cuestionado sobre el manejo corrupto de fondos públicos. Esto es demoledor para Fujimori y –ojo– también para el fujimorismo.

En el segundo caso, la ley le da la posibilidad de que luego que el fiscal sustente oralmente la acusación contra Fujimori, éste opte por reconocer su responsabilidad. Ello tiene como consecuencia que el tribunal ya no realizaría un juicio oral sino que, luego de escuchar al acusado y su defensa, tendrá un plazo de 48 horas para emitir sentencia sobre la base de la declaración de responsabilidad del acusado. Obviamente, la defensa sustentará la necesidad de que se le imponga una pena menor a la solicitada por el Ministerio Público que es de 8 años. Más allá de imaginarnos que Fujimori pretenderá sustentar la ilegal entrega de recursos del Estado a su asesor Montesinos porque quería asegurar la gobernabilidad del país, lo cierto es que ante el tribunal y ante las cámaras de televisión tiene que aceptar que cometió un hecho delictivo, algo que nunca ha sido parte de su libreto mediático.

¿Cuál es la ventaja de esta estrategia? Que más allá que durante algunos días se mantenga el tema en los medios de comunicación y en la opinión pública, lo cierto es que eso evita que Alberto Fujimori esté durante varios meses expuesto mediáticamente en un juicio en el que debe dar explicaciones sobre cómo manejó el dinero de los peruanos y las peruanas.

¿Por cuál estrategia optará la defensa de Fujimori? Tenemos la impresión que será por aquella que menos daño le hace a Fujimori y sobre todo al fujimorismo (mejor dicho a Keiko Fujimori).

Fuente: http://www.justiciaviva.org.pe