El gobierno uruguayo, dentro de sus acotados lineamientos ideológicos, ha optado por aplicar la política de los cinco tapones para los diez orificios. Los cambia rápidamente de lugar, intentando tapar el derrame, algo que solo puede imaginarse. Porque, en realidad, no detiene nada. La sangría continúa. Esa imagen es adecuada para caracterizar la situación que está viviendo el país, ahora convulsionado con la negociación "amigable" con los tenedores de bonos, quienes están sopesando, obviamente, sus alternativas. O aceptan la propuesta del gobierno, aceptando el canje y alargando el plazo para el cobro de los bonos emitidos o, sencillamente, no cobrar nada, debiendo iniciar un engorroso juicio contra el Estado uruguayo en los tribunales de Nueva York. Ello sería otro dramático correlato de la crisis que todavía sigue profundizándose El ministro de Economía Alejandro Atchugarry, con su innegable capacidad para la negociación, logró apaciguar algo la tormenta, especialmente a nivel político. La oposición a partir de lo afirmado por algunos sectores, "comprende" que la solución de la crisis debe ser un camino recorrido paso a paso, pese a que toda la operación de repago se haya emprendido no en base a planes de reactivación productiva, sino de abierta rebaja salarial. Por supuesto que a esta altura de los acontecimientos y a la vista de que la recaudación que, como era lógico suponer, se cayó, es que hay que reafirmar algunos conceptos. Por más que con el incremento de las tarifas y la caída del salario se buscara el efecto contrario en materia de recaudación, parece evidente que la única opción real que le queda al país es intentar su reactivación económica. Por más que caiga el salario, destruyendo de paso lo que queda en pie del aparato productivo, el gobierno no podrá lograr sus objetivos ya que el deterioro provocado por sus errores ya se extiende a toda la economía. Veamos la realidad de las empresas públicas. Parecería que el defasaje presupuestario de ANCAP, en razón de la caída del consumo de combustibles, este ejercicio será de alrededor de 300 millones de dólares. A ello se le debe sumar la sangría permanente que tiene esta empresa pública en razón de los negocios ruinosos concretados en su actividad en asociación con empresas privadas, donde han predominado hechos de presunta corrupción, que han sido reconocidos por el propio directorio. ANTEL, también, se encuentra en un evidente retroceso, sin existir planes de desarrollo o inversiones. Hay que reconocer que en materia de comunicaciones Uruguay tuvo en el pasado uno de los sectores de desarrollo más dinámico, sin duda de punta en el continente. Hoy ANTEL por el empobrecimiento de la población, ha visto retraído el tráfico telefónico, con una caída aguda en lo referente a la telefonía celular y a llamadas de larga distancia. Por otra parte también ha sentido un fuerte cimbronazo en lo que tiene referencia con la telefonía básica.. Podríamos seguir con UTE, OSE, donde existen también algunas variantes. La demanda de sus servicios es más rígida, sin embargo las dos empresas se encuentran enfrentadas a problemas irresolubles en materia financiera, pues además de que sus insumos en dólares se han encarecido devaluación mediante deben enfrentar a una creciente morosidad que tratan de resolver hasta con sorteos. Claro está, la gente que no paga – especialmente cuando se trata de provisión de energía y agua – es porque no puede hacerlo y por más que se realice una política punitoria, con multas, suspensiones de servicio, etc., el tema no se puede resolver. Las empresas públicas están sufriendo en carne propia lo que hemos descrito más de una vez. Para el funcionamiento a pleno de la economía es necesaria que esté en circulación una masa de dinero determinada. Si la misma se reduce, el aparato productivo comienza a vivir las consecuencias de ese achique. Si tomamos en cuenta que en el año 2002 se ha producido lo que llamamos "descomunal destrucción de riqueza", la que es una denominación del fenómeno más globalizadora que "caída del Producto Bruto Interno" (PBI). Y qué esta destrucción de riqueza fue durante ese período de 10 mil millones de dólares, lo que se acompasa simétricamente con la reducción de la actividad. Cifra gigantesca, cuya progresión es responsabilidad, en buena medida, de la onerosa y fallida solución aplicada por el gobierno a la crisis del sistema financiero. Política nefasta tras la cual el país quedó endeudado con los organismos de crédito en miles de millones de dólares. Para tapar el orificio de la iliquidez, en acciones previas al descalabro irracional de la obtención sin medida de créditos del FMI, BID y Banco Mundial, el gobierno acentuó la utilización del salario como mecanismo de ajuste. Se sumaron varias leyes conteniendo incrementos del Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP) hasta llegar, en algunos casos, a crear situaciones sociales que aparecen hoy como "insoportables" hasta para el propio FMI. Si sumamos a ello la devaluación, podemos llegar a calcular cual es el defasaje monetario entre la situación anterior y la actual. También tener en cuenta la caída abrumadora de las exportaciones, resultado de una política artificial, de mantenimiento de un dólar barato que le restó toda competitividad al país, especialmente luego de la devaluación brasileña de 1998. La conclusión hoy es simple. Seguir castigando sueldos y jubilaciones es una política suicida. El gobierno logró rápidamente, por un lado, que el ahorro que tenían los uruguayos depositado en el sistema financiero, quedara paralizado. Pero además, vía aplicación del IRP, hizo desaparecer no solo la posibilidad de nuevos niveles de ahorro, sino que provocó un proceso de empobrecimiento generalizado. Como resultado de esa política que recurrió al incremento impositivo y al aumento de las tarifas, el peso del Estado se multiplicó, siendo hoy no solo insoportable sino "liquidacionista" para cualquier actividad. Es que se intenta recaudar más en una sociedad que está 10 mil millones de dólares más pobre. Pero hay más. Podríamos mencionar para ello el cambio de signo del peso de la deuda. Hasta la finalización del gobierno de Sanguinetti, la política de endeudamiento se aplicaba para suplir al reducido ahorro nacional. Se colocaban bonos o títulos y se financiaba, así, una situación de relativa bonanza en que el Uruguay fue récord, por ejemplo, en la compra de automóviles cero kilómetro. El gobierno de Batlle, para tratar de sortear la crisis financiera del año pasado, no solo utilizó las reservas del país, además vía "ordenes verbales", la recaudación depositada en la Tesorería (provocando el dafault interno), sino que determinó que el país se endeudara con los organismos financieros multinacionales en cifras nunca antes registradas. Los resultados del esfuerzo fueron inútiles. Los bancos no se salvaron y los uruguayos somos más pobres. Ese endeudamiento que es similar al PBI de un año, está siendo renegociado, tanto con los inversionistas privados, como con los organismos multinacionales de crédito, adelantándose que la solución para poder cumplir con los segundos, será recibir entre este año y el 2003 de nuevas partidas que superarían los 2.500 millones de dólares. El gobierno sigue tirando la pelota hacia adelante, sin entender que si el país no comienza a crear nueva riqueza será imposible el cumplimiento de las enormes obligaciones. No existe una sola medida, una sola palabra, que muestre alguna idea novedosa y menos, una alternativa que determine una reactivación del mercado interno, que sería un primer paso. Parece que se prefiere continuar intentando tapar los diez orificios con cinco tapones. Así, la dramática sangría no se reducirá * Carlos Santiago es Secretario de redacción de Bitácora.