Una mirada sobre tierra guaraní
Después de los colorados, logros y deudas
17/09/2009
- Opinión
Cumplido un año del gobierno de Fernando Lugo, varios medidas acertadas están cambiando la situación paraguaya. Pero en el país con peor distribución de tierras en el mundo, falta mucho por hacer.
El gobierno del ex obispo llevó adelante medidas positivas, como la creación de un canal de televisión por cable, del Ministerio de Educación, que vía satélite llega a comunidades indígenas. La firma de la Nota Reversal con Brasil, que incluye los puntos reclamados por Paraguay en las negociaciones sobre la Hidroeléctrica Binacional Itaipú. Y una victoria reciente sobre la derecha parlamentaria, al negarse a firmar el “Compromiso Democrático”, que pretendía limitar la participación del pueblo en la vida política del país.
Sin embargo, a pesar de estas medidas, según datos del último Censo Agropecuario Nacional, efectuado en 1991, Paraguay tiene seis millones de habitantes y más del 60 por ciento vive en la pobreza. Además, el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) del 2000 ya testificaba que es el país en todo el mundo con mayor nivel de desigualdad en la distribución de la propiedad y tenencia de la tierra.
El 1,7 por ciento de la población tiene más del 77 por ciento de las tierras, mientras el 40 por ciento de los campesinos con menos de cinco hectáreas posee apenas el 1 por ciento. A raíz de esto, 350 mil familias no tienen tierra, en tanto 351 propietarios concentran 9,7 millones de hectáreas.
Una de las medidas más destacadas adoptadas por el gobierno de Lugo ha sido el acuerdo con Brasil sobre la Hidroeléctrica Binacional Itaipú. Un abuso brasileño de tres décadas, al retener por una suma ridícula el 47 por ciento de la energía que Paraguay no consume, a la vez que le ha prohibido venderla a terceros.
Ese acuerdo obligará a Brasil a triplicar el pago, de 120 a 360 millones dólares por año, por la cantidad de energía que Paraguay le cede, del 50 por ciento que le corresponde del total producido por la Represa Binacional de Itaipú.
Asimismo, otra medida trascendental adoptada por el presidente guaraní es haberse negado a firmar el “Compromiso Democrático”, que pretendía limitar la participación del pueblo en la vida política del país al sólo derecho al sufragio y a ser representado, documento muy promocionado por las corporaciones mediática.
En esa ocasión, el presidente dio lectura a una carta dirigida al titular del Congreso Nacional, Miguel Carrizosa, y al pueblo paraguayo. En ella manifestó que el documento mencionado "no condice con nuestra mirada esencial del concepto democrático, que no debe basarse solamente en la representatividad como medio y fin, sino en el ideal de la participación de la ciudadanía como protagonista y beneficiaria".
Lugo reconoció que la democracia representativa y pluralista es un principio constitucional. "Es absolutamente cierto que el articulo tres de la Carta Magna dice que pueblo ejerce el poder público por medio del voto, pero no podemos olvidar que el articulo dos afirma que el pueblo es quien ejerce la soberanía. El voto no es el fin de la democracia, es el principio", aseveró.
Otro mérito del mandatario es su decisión, a través del decreto 2.780, de vetar la designación de Agustín Lovera Cañete como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Candidato al que pretendió imponer el sector más retrógrado de la oposición, pasando por alto numerosas denuncias en su contra en materia de derechos humanos.
A través de la “carta por la justicia”, dirigida a la ciudadanía desde el salón Independencia del Palacio de Gobierno, Lugo dejó asentado que su gobierno no aceptará la “imposición de candidatos que claramente responden a intereses estrictamente políticos”, al tiempo de anunciar que trabajará para eliminar “la rémora de la partidización de la justicia”.
Por otro lado, recordó que uno de los seis ejes de la campaña electoral de la Alianza Patriótica para el Cambio es la reforma judicial, por lo que, de prestar su acuerdo a esa candidatura, estaría contrariando su compromiso con el pueblo que lo votó.
“Si prestásemos el acuerdo a la elección del nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia, entraríamos en plena contradicción con nuestra propuesta de gobierno y con la voluntad del pueblo, ya que no conseguiríamos quitarnos de encima la rémora de la partidización de la justicia, el cuoteo político, y la dependencia de los más altos representantes judiciales de los intereses meramente políticos”, señaló Lugo.
Siguiendo esta misma línea de pensamiento, la gestión del ex obispo se enderezó con el conjunto de los gobiernos democráticos de Latinoamérica, en orden a la consolidación de la independencia de las naciones y el rechazo a los golpes de estado e intervenciones extranjeras. Se opuso a la asonada militar contra del gobierno de Honduras y retiró el beneplácito a la embajadora de ese país centroamericano, Carmen Eleonora Ortez Williams.
Finalmente, luego de la hazaña de terminar con 60 años de poder absoluto del Partido Colorado, derrotado por su propia corrupción y a un año de ejercida la presidencia de Paraguay, Lugo logró modificar varias tradiciones políticas subordinantes del coloradísimo.
Asimismo trata de confrontar democráticamente con los medios concentrados, los que actúan al unísono contra el gobierno, habiéndose convertido en los principales actores de la oposición.
En un país donde la mitad de la población es pobre -el 1 por ciento de la población tiene más del 77 por ciento de las tierras - y con una oposición feroz, se le esta haciendo muy difícil al gobierno de Lugo cumplir con los seis puntos de su plataforma electoral: reforma agraria, la reactivación económica, la recuperación institucional del Poder Judicial y de la Soberanía Nacional, y la aplicación de un Plan de Emergencia Nacional.
A pesar de todo, al gobierno del ex obispo le quedan cuatro años más para revertir la situación y ratificar su compromiso democrático.
Sin embargo, a pesar de estas medidas, según datos del último Censo Agropecuario Nacional, efectuado en 1991, Paraguay tiene seis millones de habitantes y más del 60 por ciento vive en la pobreza. Además, el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) del 2000 ya testificaba que es el país en todo el mundo con mayor nivel de desigualdad en la distribución de la propiedad y tenencia de la tierra.
El 1,7 por ciento de la población tiene más del 77 por ciento de las tierras, mientras el 40 por ciento de los campesinos con menos de cinco hectáreas posee apenas el 1 por ciento. A raíz de esto, 350 mil familias no tienen tierra, en tanto 351 propietarios concentran 9,7 millones de hectáreas.
Una de las medidas más destacadas adoptadas por el gobierno de Lugo ha sido el acuerdo con Brasil sobre la Hidroeléctrica Binacional Itaipú. Un abuso brasileño de tres décadas, al retener por una suma ridícula el 47 por ciento de la energía que Paraguay no consume, a la vez que le ha prohibido venderla a terceros.
Ese acuerdo obligará a Brasil a triplicar el pago, de 120 a 360 millones dólares por año, por la cantidad de energía que Paraguay le cede, del 50 por ciento que le corresponde del total producido por la Represa Binacional de Itaipú.
Asimismo, otra medida trascendental adoptada por el presidente guaraní es haberse negado a firmar el “Compromiso Democrático”, que pretendía limitar la participación del pueblo en la vida política del país al sólo derecho al sufragio y a ser representado, documento muy promocionado por las corporaciones mediática.
En esa ocasión, el presidente dio lectura a una carta dirigida al titular del Congreso Nacional, Miguel Carrizosa, y al pueblo paraguayo. En ella manifestó que el documento mencionado "no condice con nuestra mirada esencial del concepto democrático, que no debe basarse solamente en la representatividad como medio y fin, sino en el ideal de la participación de la ciudadanía como protagonista y beneficiaria".
Lugo reconoció que la democracia representativa y pluralista es un principio constitucional. "Es absolutamente cierto que el articulo tres de la Carta Magna dice que pueblo ejerce el poder público por medio del voto, pero no podemos olvidar que el articulo dos afirma que el pueblo es quien ejerce la soberanía. El voto no es el fin de la democracia, es el principio", aseveró.
Otro mérito del mandatario es su decisión, a través del decreto 2.780, de vetar la designación de Agustín Lovera Cañete como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Candidato al que pretendió imponer el sector más retrógrado de la oposición, pasando por alto numerosas denuncias en su contra en materia de derechos humanos.
A través de la “carta por la justicia”, dirigida a la ciudadanía desde el salón Independencia del Palacio de Gobierno, Lugo dejó asentado que su gobierno no aceptará la “imposición de candidatos que claramente responden a intereses estrictamente políticos”, al tiempo de anunciar que trabajará para eliminar “la rémora de la partidización de la justicia”.
Por otro lado, recordó que uno de los seis ejes de la campaña electoral de la Alianza Patriótica para el Cambio es la reforma judicial, por lo que, de prestar su acuerdo a esa candidatura, estaría contrariando su compromiso con el pueblo que lo votó.
“Si prestásemos el acuerdo a la elección del nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia, entraríamos en plena contradicción con nuestra propuesta de gobierno y con la voluntad del pueblo, ya que no conseguiríamos quitarnos de encima la rémora de la partidización de la justicia, el cuoteo político, y la dependencia de los más altos representantes judiciales de los intereses meramente políticos”, señaló Lugo.
Siguiendo esta misma línea de pensamiento, la gestión del ex obispo se enderezó con el conjunto de los gobiernos democráticos de Latinoamérica, en orden a la consolidación de la independencia de las naciones y el rechazo a los golpes de estado e intervenciones extranjeras. Se opuso a la asonada militar contra del gobierno de Honduras y retiró el beneplácito a la embajadora de ese país centroamericano, Carmen Eleonora Ortez Williams.
Finalmente, luego de la hazaña de terminar con 60 años de poder absoluto del Partido Colorado, derrotado por su propia corrupción y a un año de ejercida la presidencia de Paraguay, Lugo logró modificar varias tradiciones políticas subordinantes del coloradísimo.
Asimismo trata de confrontar democráticamente con los medios concentrados, los que actúan al unísono contra el gobierno, habiéndose convertido en los principales actores de la oposición.
En un país donde la mitad de la población es pobre -el 1 por ciento de la población tiene más del 77 por ciento de las tierras - y con una oposición feroz, se le esta haciendo muy difícil al gobierno de Lugo cumplir con los seis puntos de su plataforma electoral: reforma agraria, la reactivación económica, la recuperación institucional del Poder Judicial y de la Soberanía Nacional, y la aplicación de un Plan de Emergencia Nacional.
A pesar de todo, al gobierno del ex obispo le quedan cuatro años más para revertir la situación y ratificar su compromiso democrático.
- APM | Agencia Periodística del Mercosur | www.prensamercosur.com.ar
Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata.
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