Colombia

Detrás del desplazamiento forzado: un pacto de silencio e impunidad

Maureén Maya

25/10/2009

Opinión

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Mamá ahora si nos jodimos, ¿qué vamos a hacer?- preguntó Camila angustiada y no era para menos. Ese día, el 29 de agosto de 2007, Olga, su mamá, había decidido tras una breve pero productiva investigación, retar públicamente a los oficiales norteamericanos adscritos al Plan Colombia que habían violado a su hija de 12 años de edad. Durante varios días, casi de modo obsesivo, se había dedicado a buscarlos, a preguntar en la calle, a visitar los bares que ellos frecuentaban, y cuando por fin tuvo plena certeza de su identidad, los siguió caminando lentamente tras su camioneta, una burbuja blanca de placas CTU 046 que siempre conducían, los denunció ante las autoridades competentes y finalmente los desafío en la calle delante de todo el pueblo. Las amenazas y los seguimientos no se hicieron esperar. Una semana después, Olga y sus hijas tenían que abandonar su casa, el negocio de artesanías del que vivían y desplazarse a Bogotá. Ahora hacían parte de la lista de más de cuatro millones de colombianos desplazados a causa del conflicto armado, la violencia, el abandono y las erradas políticas de Estado.

Olga, fue una más entre los miles de desplazados que arrinconados por la miseria y la falta de respuestas por parte del Estado decidieron tomarse pacíficamente la Plaza de Bolívar y el Parque Tercer Milenio en Bogotá para presionar por una negociación con el Gobierno nacional a fin de que sus derechos fueran reconocidos y se atendiera eficazmente la emergencia humanitaria que estaban enfrentando.

“Estuvimos más de cuatro meses y medio viviendo en la calle, durmiendo en un cambuche de plástico y madera, y comiendo de la caridad ciudadana. No unimos a otras familias desplazadas a las que el Estado no les había cumplido con sus promesas, y que seguían suplicando por unas prorrogas de subsistencia que en nada solucionaban la miseria a la que fueron arrojados. Decidimos entonces tomarnos primero la Plaza de Bolívar, pero el día de la marcha de los trabajadores nos echaron de allá, y luego el parque del Tercer Milenio para ejercer presión. Al principio éramos como 500 personas, pero al final ya éramos como cinco mil con más de mil niños. En Colombia si no es través de acciones de hecho el Gobierno no escucha a las víctimas; y nosotros queríamos que todo el país supiera lo que nos estaba pasando”

El fin de la toma pacífica era exigir al Gobierno Nacional el cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional, de sus autos y de las leyes que reconocen el derecho de las víctimas del desplazamiento forzado a ser reparadas por el Estado.

La Corte Constitucional en su sentencia T-025 ha sido enfática en declarar la responsabilidad del Estado: “…si bien el gasto social y de atención a la población marginada es considerado como gasto prioritario, y existe una política estatal de atención a la población desplazada, articulada en una ley de la República, así como un marco reglamentario detallado, y una cuantificación del esfuerzo presupuestal que se requiere para cumplir los mandatos constitucionales y legales, las autoridades encargadas de garantizar la suficiencia de estos recursos han omitido, de manera reiterada, adoptar los correctivos necesarios para asegurar que el nivel de protección definido por el Legislador y desarrollado por el Ejecutivo sea efectivamente alcanzado. Tal vulneración no es imputable a una sola entidad, sino que todas las autoridades nacionales y territoriales con responsabilidades diversas en la atención de la población desplazada, por acción u omisión, han permitido que continúe y, en algunos casos, se agrave la vulneración de los derechos fundamentales de los desplazados”[1]

El Gobierno de Bogotá, urgido porque las familias desplazadas desalojaran los espacios públicos ocupados en aquel tremendo y agotador acto de resistencia, al cual cada día se sumaban más y más personas, propuso que fueran trasladados a la antigua sede del matadero central y a una vieja instalación de una sede judicial. Sólo un grupo de 200 personas en promedio, bajo el liderazgo de un ex raspachín de coca que se hacía pasar por desplazado y vendía los cupos en las listas de Acción Social para recibir “ayuda humanitaria”, aceptó el traslado. Los demás se resistieron a claudicar en sus demandas; pero dos meses después, acosados por la desesperanza, el hambre, el frío y las enfermedades, sus líderes firmaron el convenio de traslado con la Secretaría de Gobierno.

La falta de condiciones de habitabilidad en dichos albergues, como bien lo constataron algunas organizaciones de derechos humanos, “podría acentuar la frágil situación de salud de este conjunto de víctimas del desplazamiento”, concluyó la Consultoría para los Derechos Humanos y la Población Desplazada, CODHES. Las familias de los desplazados se negaron a cumplir con el convenio firmado y rechazaron masivamente el traslado.

Ante esta negativa de cumplimiento, argumentando que al ser encerrados en un albergue no apto para vivienda pronto serían olvidados y que ésta medida no garantizaba el cumplimiento de sus derechos ni el deber del Estado para con ellos, el Distrito optó por dejarlos a su suerte mientras avanzaban nuevas mesas de negociación; quizás varios funcionarios calculaban que las pésimas condiciones de vida, el hambre, las enfermedades y la vulnerabilidad pronto los haría desistir y renunciar a su corajuda acción de resistencia para esparcirse por toda la ciudad llevando a cuestas su miseria y desamparo. Ello no sucedió; las familias siguieron resistiendo bajo el frío, el agua y la intemperie. El Gobierno nacional recurrió entonces a la intimidación, anunciando la judicialización de sus líderes, la cancelación de toda política de “asistencia humanitaria” y el retiro por la fuerza de ser necesario.

“El Gobierno Nacional, a través de Acción Social, anunció que ante la Fiscalía se interpusieron demandas penales contra personas que vienen promoviendo tomas de desplazados en diferentes sitios de Bogotá, como las ocurridas en la Plaza de Bolívar y el parque Tercer Milenio. El anuncio fue hecho por Emilia Casas, coordinadora de Acción Social para Bogotá, quien agregó que se aportó un importante acervo probatorio para la investigación, aunque reconoció que es un tema delicado debido a que algunas personas han sido amenazadas. Casas también advirtió que Acción Social no privilegiará a grupos de desplazados que tomen las vías de hecho, como las ocupaciones indebidas en el espacio público, para solicitar ayudas. Dijo que la responsabilidad de atender a este tipo de población no es solamente de Acción Social, sino de gobernadores y alcaldes, tal como lo estipulan mandatos de la Corte Constitucional”[2]

Las familias siguieron resistiendo. El Gobierno recurrió a una medida aún más represiva: el aislamiento ilegal del espacio público que ocupaban los desplazados. Nadie entra ni sale y se prohíbe el ingreso de la prensa, donativos y visitantes; todo será canalizado a través de los agentes que custodian el lugar.

Justo un día después de que las familias convocaron a una marcha por la ciudad para denunciar la precariedad y el riesgo de su situación, el Distrito declaró la alerta sanitaria. A causa del virus AH1N1 -sin que se hubiera reportado un sólo caso entre las familias desplazadas- ordenó que el Parque fuera rodeado por una lona verde de dos metros de altura, que se controlara el ingreso y salida de personas y se impusiera la presencia de policías bachilleres y agentes del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) al interior del cerco ubicados cada diez metros de forma permanente. ¿Acaso encerrar a estas familias tras barras metálicas y una lona verde que impedía su visibilidad, con fuerte presencia policial e incluso con agentes armados, servía para frenar la expansión de un virus que viaja por el aire? El objetivo, como sospecharon algunos de los residentes del parque, ante la negativa a abandonar el sitio voluntariamente y la imposibilidad de las autoridades de recurrir a la fuerza pública para expulsarlos, más aún en tiempos preelectorales, era esconderlos, que el mundo los olvidara, y ejercer presión sobre ellos a fin de que en las negociaciones renunciaran a sus demandas, se tranzaran con cualquier ayuda inmediata y condenarlos nuevamente al abandono y la impunidad. Los derechos no se negocian, era claro para muchas de estas víctimas que resistían, pero no para el Gobierno Nacional y Distrital.

Este cerramiento, que efectivamente recordaba los campos de concentración de la Alemania Nazi o los de las FARC para encerrar prisioneros de guerra y secuestrados en la selva colombiana, al impedir la visibilidad de lo que allí sucedía, contribuyó a que se presentaran toda suerte de acciones delictivas y peligrosas. A los cuatro días de producirse el cierre se denunció que una menor de 13 años había sido violada por varios policías bachilleres[3]; horas después de la primera denuncia se supo de otro caso similar. El confinamiento bajo esas condiciones de hambruna y precariedad, sólo sirvió para reforzar las condiciones de vulnerabilidad de estas familias y propiciar hechos de violencia y abuso como los que empezaron a ser denunciados. Incluso la Alcaldía de Bogotá afirmó “tener razones para pensar que algunos de los 502 niños desplazados que permanecen en el parque están siendo explotados por proxenetas”[4]

Mientras todas estas familias enfrentaban esta terrible realidad, funcionarios de los gobiernos distrital y nacional, convocaban semana tras semana a los líderes para continuar con los procesos de negociación. Por debajo de la mesa varios de ellos eran objeto de presiones y de intentos de soborno para que traicionaran la causa mayoritaria y convencieran a las familias desplazadas y urgidas de ayuda, que debían desalojar por su propio bien, y que en un futuro próximo el Gobierno haría lo correspondiente para garantizarles el cumplimiento de las disposiciones constitucionales. Durante varios meses, los líderes de los diversos segmentos que componían esta población, incluso sin dinero para sus traslados, empezaron a acudir a las reuniones en las que nada se definía; los emisarios del Gobierno aseguraban no tener capacidad de decisión y por tanto se debía esperar a que se produjeran las debidas consultas internas. Desde un principio, cuando se instaló la mesa de negociación, se sabía que ésta estaba destinada a fracasar; por eso varios desplazados insistían en que se debía recurrir a acciones de hecho más fuertes para presionar y lograr que sus derechos fueran restituidos.

La principal razón por la cual los diálogos parecían destinados a fracasar era que las autoridades nunca descendieron de su curubito de poder ni aceptaron una interlocución abierta entre iguales; los desplazados por ser las víctimas urgidas de soluciones siempre estuvieron en posición de inferioridad. Tampoco se evidenciaba voluntad política por parte del Gobierno para dar solución real al problema, sólo se apelaba a medidas transitorias con las que se pretendía frenar el inminente desbordamiento de la tragedia en la capital, pero no se implementaban medidas de reparación consecuentes con las disposiciones de la Corte Constitucional a través de sus sentencias y autos de cumplimiento. Además ninguna de las partes confiaba en la otra, y eso saltaba a la vista. Entre la población desplazada se habían infiltrado actores armados y delincuentes que intimidaban a la gente, vendían cupos de desplazamiento para ser atendidos por Acción Social, comerciaban las donaciones y realizaban pactos encubiertos con funcionarios corruptos de Acción Social para beneficio personal. La población víctima del desplazamiento denunciaba esta situación y afirmaba que el Gobierno estaba haciendo mal uso de los recursos asignados, que se estaba improvisando, que no se acataban los fallos de las tutelas que los favorecían y que además las tierras devueltas por los paramilitares en vez de ser adjudicadas a ellos eran feriadas entre empresarios y amigos del Gobierno Nacional. Era claro que los recursos canalizados a través de Acción Social llegaban recortados y nadie respondía por éstas y otras anomalías.

Todo intento de Acuerdo negociado que lograra satisfacer a ambas partes era irrealizable en tanto no se reformaran las políticas públicas, se reconociera la legitimidad de las demandas de las víctimas y no se destinaran los recursos económicos suficientes para atender el drama humano de estos colombianos. Nada de eso se tuvo en cuenta, y como se preveía, los diálogos fracasaron aunque las familias finalmente aceptaron ser trasladadas.

Tras la frustración de Acuerdo inicial y las críticas que llovieron a causa del ilegal confinamiento en el parque, el alcalde de la capital, Samuel Moreno Rojas, envió una carta a la directora de Bienestar Familiar, Elvira Forero, en la que le exponía la situación de la población desplazada y le pedía proteger a los menores de edad. “La funcionaria respondió diciéndole que ante las delicadas condiciones en que se encuentran los niños y adolescentes, es importante que la administración distrital intervenga”[5]. Estos hechos generaron revuelo entre los desplazados. Bajo ninguna circunstancia estaban dispuestos a permitir que Bienestar Familiar se llevara a sus hijos. Con este nuevo mecanismo de presión, y en un ambiente de cansancio e innegable deterioro físico, los líderes aceptaron dar inicio a una nueva y última ronda de “negociación”.

La acción del Gobierno, decidida y rotunda, logró desarticular el incipiente proceso organizativo que se venía gestando, y la población desplazada que intentó unirse en Bogotá, nuevamente fue fragmentada y diseminada. Todos fueron expulsados del parque, montados en buses con destino desconocido, y hoy es un misterio la suerte que corrieron, incluso para los desplazados que se marginaron de este proceso. El Gobierno aseguró que habían sido trasladados a alojamientos transitorios donde recibirían auxilios económicos. Varios de ellos, antes de subir a los buses, amenazaron con volver y producir nuevas acciones de hecho si de nuevo eran traicionados. De esta manera, el Gobierno Distrital se libró temporalmente de un problema cuya solución integral corresponde al Estado, pero el fenómeno sigue en aumento en todo el país. La toma inicial en Bogotá fue protagonizada por 300 desplazados, pero al momento de abandonar el parque sumaban 5.666.

CODHES reveló en su último informe que las cifras del desplazamiento habían crecido significativamente así como el despojo de tierras. Durante el primer semestre de 2008 fueron desplazados habitantes de 785 municipios y, en promedio, 1.503 personas por día[6]. En un trabajo de investigación[7] liderado por el profesor Luis Jorge Garay, se denunció el extravío de 5.5 millones de hectáreas. Colombia es el único país en el mundo en el que se pierde la tierra y no pasa nada. Además, programas como Agro Ingreso Seguro que subsidia supuestos proyectos de desarrollo agrario de riego y drenaje, entre otros, ha destinado más de 70 mil millones de pesos a proyectos presentados por familias millonarias, ex reinas de belleza y empresarios amigos del Presidente Uribe Vélez, excluyendo a la población víctima del desplazamiento forzado de estos beneficios. El ex ministro de agricultura, Andrés Felipe Arias, quien ahora es precandidato presidencial, defendió esta política asegurando que los subsidios asignados a familias ricas ayudan a reducir la desigualdad, “porque este es uno de muchos de tipos de incentivos que se diseñaron para que haya empleo en el campo”[8]. En el 2007 se designaron más de 17 mil hectáreas de tierras productivas en Carimagua, Meta, como parte de un plan de reintegro de tierras a los desplazados; Arias, siendo ministro, decidió que esas tierras tenían que estar en manos de empresarios porque ellos si sabían como explotarlas adecuadamente, incluso podrían dar trabajo a los desplazados. Sectores de la oposición política reaccionaron airadamente ante esta acción violatoria de los derechos ciudadanos, pero nada logró detener la arbitraria decisión. Los derechos de la población desplazada nuevamente fueron vulnerados.

En el último informe presentado por la Comisión de seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado[9], se afirma que el 94% de las familias desplazadas poseía tierras y que la casi totalidad de estas familias anhelan retornar al campo. Sin embargo, el 85% de ellas dice no poder regresar a su sitio de origen porque persisten los temores a las retaliaciones que puedan sufrir por parte de los actores armados que controlan esas zonas, o porque guardan terribles recuerdos de lo sucedido. En lugar de ello, exigen que se les asignen nuevas tierras para poder reiniciar su vida realizando las actividades que saben hacer y que les podría garantizar una existencia autónoma y productiva. La posibilidad de que las familias recuperen la tierra, así sea distinta a la que les pertenecía y puedan retornar al campo, es una condición esencial para empezar a superar esta tragedia. Sin embargo, la reparación no consiste sólo en recuperar la tierra, aunque promover su devolución por parte de las autoridades sería una muestra efectiva de su voluntad de construir una paz democrática[10]. La reparación integral de las víctimas del desplazamiento forzado tiene como objetivos lograr la restitución de los derechos constitucionales vulnerados, conocer la verdad sobre lo ocurrido, identificar plenamente a los autores materiales e intelectuales que obligaron el destierro, aplicar justicia a los responsables, restituir, indemnizar y rehabilitar y asegurar el retorno bajo garantías de seguridad y de no repetición.

La población desplazada es responsabilidad del Estado; así lo afirma la Corte Constitucional. Más aún si se considera que tanto por acción como por omisión ha sido el directo generador del desplazamiento forzado en Colombia. La fuerza pública viola de manera sistemática los derechos humanos y ha actuado en connivencia con grupos paramilitares para la ejecución de masacres, hurto de tierras, hostigamiento contra la población civil y asesinatos selectivos como ocurrió en la masacre de Mapiripán, el Salado, La Rochela, en San Onofre o en el genocidio contra el partido político Unión Patriótica que cobró la vida de seis mil de sus miembros. Además, bajo la política de Seguridad Democrática, el Gobierno ha señalado a defensores de derechos humanos, organizaciones sociales y líderes comunitarios, o incluso comunidades enteras de ser auxiliadores del terrorismo, lo que ha servido para que se incrementen las acciones militares contra la población civil y en consecuencia el desplazamiento masivo en varias regiones del país. El Estado es responsable de esta tragedia porque no ha logrado garantizar los derechos, libertades, la vida y la seguridad en amplios sectores poblacionales, especialmente a los más vulnerables, como es su deber por mandato constitucional.

La Ley 387 de 1997 afirma que el Estado además de tener una responsabilidad de atender a las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia, está en la obligación de aplicar medidas efectivas para su prevención. La Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional establece que es deber del Estado brindar atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica a los desplazados internos a causa de la violencia en Colombia. No obstante, el Gobierno no cumple con estas disposiciones. De allí justamente la enorme importancia que adquieren las organizaciones sociales que hacen seguimiento a las políticas públicas y acompañamiento a las víctimas.

Como una iniciativa de la sociedad civil, en noviembre de 2005 se creó la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, a fin de trabajar por los derechos de la población desplazada y verificar el desarrollo de las acciones para el pleno cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004 y otras disposiciones. Está comisión fue integrada por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), la Corporación Viva la Ciudadanía, el Secretariado Nacional de Pastoral Social, la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, la Organización Plan Internacional, De justicia, e importantes personalidades de la vida nacional.

En más de una ocasión la Comisión ha hecho un llamado público a las autoridades competentes para que evalúen sus políticas y den cumplimiento con las sentencias constitucionales; incluso a increpado la falta de transparencia y organización de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional,[11] organismo responsable de coordinar todas las políticas de atención a la población desplazada.

El ex director de esta entidad, Luís Alfonso Hoyos, recientemente nombrado como embajador de Colombia ante la OEA, no ha logrado responder satisfactoriamente a los cuestionamientos que se le han hecho por el manejo de los 4.2 billones de pesos que le fueron asignados a esa entidad, ni explicar cuáles han sido los resultados de las políticas de inclusión social para el retorno, la restitución de tierras y los proyectos productivos para la población desterrada; pues pese a los recursos asignados el drama en vez de ser mitigado, sigue aumentando. El fracaso en la política social del Estado colombiano es evidente; y la Corte Constitucional ha calificado la situación de los desplazados hacinados en Bogotá y otras ciudades, como inconstitucional.

“Al principio llegamos a una habitación al sur de la ciudad- cuenta Olga- yo conocía poca gente, pero alguien me aconsejo que primero me inscribiera en el registro de población desplazada y que además llevará mi caso por la violación de hija al senador Gustavo Petro y así lo hice. Acción Social no me respondió con nada y el caso de mi hija sigue en la impunidad […] Después de que el Senador hizo pública mi denuncia, la situación en vez de mejorar, empeoró. Pronto me ubicaron y de nuevo empezaron las amenazas. El 8 de marzo trataron de secuestrarme, pero por suerte unos testigos intervinieron y sólo recibí algunos golpes en medio del forcejeo. En junio pasado me amenazaron frente a la Embajada Americana en un mitin que hicimos con varios compañeros pidiendo atención para los desplazados y hace una semana me fracturaron el brazo…”

El desplazamiento forzado es una tragedia humanitaria de enormes proporciones que revela la crueldad de la guerra colombiana, la inoperancia del Estado y la indolencia de la sociedad colombiana. Entender su dinámica, causas y consecuencias permite tener una apreciación más clara sobre lo que representa éste fenómeno en la historia del país, la dimensión del conflicto social, político y armado de los últimos 60 años, y los efectos distorsionantes que a nivel humano y social se imponen con la incursión del narcotráfico en todas las esferas de la vida pública del país. El desplazamiento forzado sigue en aumento porque sus causas no han sido erradicadas y porque cada día se imponen nuevas estrategias de expropiación bajo un pretendido plan de seguridad, desarrollo económico y social destinado a favorecer primordialmente a las minorías que integran las élites empresariales.

“Del total de personas desplazadas se conoce que el 63% ha sido expulsado de zonas rurales, el 16% de cabeceras municipales y el 21% de centros poblados. La edad promedio es 22 años, un 56% de las víctimas es menor de 20 años y el 15% es menor de 5 años”[12]. Estas cifras confirman que en efecto se trata de una tragedia humanitaria sin precedentes y que terminará por desbordarse si no se toman acciones urgentes y definitivas para su solución.

Sobre las causas de este fenómeno, además de las ampliamente difundidas, existen otras poco conocidas. Si bien muchos analistas afirman que el desplazamiento forzado se mantiene porque subsisten las causas que lo propician, tales como la disputa armada por el control territorial en zonas consideradas como corredores estratégicos para el tráfico de armas y de droga, combates militares, hostigamientos, confinamientos, persecuciones políticas, asesinatos selectivos, reclutamiento forzado de menores, siembra de minas antipersonas, o fumigaciones de glifosato con los efectos ambientales que ya se conocen, la destrucción de los cultivos de pan coger y de fuentes de agua esenciales para la supervivencia de las comunidades; también existen otras causas que lo propician, y detrás de las cuales se ocultan intereses políticos, económicos y empresariales. En regiones como la costa pacífica, el caribe y departamentos selváticos que se ubican al oriente de Colombia, es donde mayor desplazamiento se registra porcentualmente, y es en estas mismas regiones donde se han puesto en marcha proyectos de cultivo de la palma africana o aceitera, megaproyectos, y planes de expansión de multinacionales y empresas aliadas a los paramilitares; alianzas que sirven para expulsar a las familias de sus territorios por la fuerza y para que las tierra abandonadas pasen a ser propiedad de diversas empresas; algunas de cuales tienen como accionistas a grandes terratenientes o a reconocidos políticos tradicionales.

El desplazamiento a causa de la guerra es proporcional al desplazamiento que se origina por razones económicas y por la puesta en marcha de programas gubernamentales para la lucha contra el narcotráfico y “terrorismo”, como el Plan Colombia. En este proceso de desplazamiento también participan organismos encargados de regular los créditos para el sector agropecuario y ejecutar las políticas de desarrollo rural en coordinación con las comunidades e instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector agropecuario, forestal y pesquero, como el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO o el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, INCODER.

Estos dos organismos han sido investigados por tener vínculos con grupos paramilitares y favorecer a empresarios y multinacionales que lideran programas extensivos de cultivo de palma aceitera en el país. El INCODER logró expropiar a decenas de campesinos de sus tierras al oriente del país y terminó titulándosela a testaferros de narcotraficantes y paramilitares. FINAGRO por su parte asumió la financiación de proyectos de palma aceitera en tierras usurpadas por paramilitares a comunidades afrodescendientes. Algunas de estas arbitrariedades fueron llevadas ante la justicia, y ello obligó a que en abril del 2007 fueran retirados de sus cargos el jefe de la oficina de enlace territorial del Guaviare y el coordinador del Grupo Técnico Territorial del Vichada, por su presunta responsabilidad en la adjudicación irregular de 31 títulos sobre 38.144 hectáreas en el Vichada en el 2006[13].

La mayoría de las tierras abandonadas se ubican en zonas de desarrollo empresarial y ejecución de proyectos de multinacionales, lo cual ayuda a comprender claramente quienes son los beneficiarios de buena parte de este proceso de expoliación y de la acción criminal de los paramilitares. Además de familias campesinas, son los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, los principales blancos del desplazamiento forzado; y ello tiene que ver con las zonas geográficas que ocupan históricamente.

Se calcula que en el 2008, fueron desplazados 13.550 indígenas y que el 27% del total de la población desplazada es afro. Ello no es arbitrario, menos si se considera que los territorios, de propiedad ancestral de pueblos indígenas o que históricamente han pertenecido a las comunidades afro, se ubican en regiones que además de comprometer el tránsito de insumos para la elaboración del alcaloide y el tráfico de armas, cuentan con una enorme riqueza natural. En la costa pacífica, especialmente en inmediaciones del Chocó, inversionistas privados, varios de ellos vinculados al paramilitarismo, vienen desarrollando diversos proyectos masivos de agrocombustibles, lo que explica entre otras razones, el incremento de la población desplazada perteneciente a esta étnia.

En el segundo Encuentro Nacional de Población afrodescendiente desplazada, las delegaciones presentes suscribieron un Acuerdo en el cual ratificaban su disposición de regresar a sus antiguos territorios siempre y cuando se les ofrecieran condiciones de seguridad por parte del Estado, incluyendo la desmilitarización de sus territorios por parte de los diferentes actores armados, incluida la fuerza pública. También señalaron, que se debía realizar un censo de tierras, análisis del estado jurídico de éstas, saneamiento fiscal y procesos de expropiación inmediata a los particulares y empresas que estuvieran usufructuándolas de manera arbitraria e ilegal[14]

El retorno para estas comunidades implica que además de garantes para su vida y para el libre desarrollo de sus antiguas actividades, el Estado asuma como medida de reparación, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales, la implementación de políticas que generen condiciones de vida digna para sus habitantes y mejorías concretas, como construcción de escuelas, hospitales, vías de penetración, programas de desarrollo empresarial para la siembra y la comercialización de productos agrícolas acordes a sus tradiciones culturales. “En nuestros territorios debe haber una reparación integral en lo económico y lo moral, apoyada por un proceso de reestabilización psicosocial”, afirman en su declaración.

Un indicador bastante preciso sobra la situación por la que atraviesan los desplazados afrocolombianos son los datos que arroja la Encuesta Nacional de Verificación de Población Desplazada, y los informes de CODHES. Según estos informes, la cuarta parte de la población desplazada es afrodescendiente y el 98.3% de ellos viven en la miseria. El recrudecimiento de la violencia tanto en las ciudades como en la zona rural de la costa pacífica han disparado alarmantemente el número de familias obligadas al desplazamiento.

Entre las familias que se tomaron el parque Tercer Milenio en Bogotá, el 35% de ellas pertenecían a comunidades afrodescendientes. Ulises, un hombre mayor que fue desplazado hace siete años del municipio de Chocó, afirma que pese a que la Ley 70 determina el derecho que tiene la población negra sobre territorios ancestralmente ocupados, muchas no han sido escrituradas de conformidad con la norma, y tampoco existen las suficientes garantías para la supervivencia de sus habitantes, toda vez, que además del abandono del Estado y la falta de infraestructura vial, los actores armados controlan dichos territorios.

Ulises cuenta que cuando recibió en su finca la visita de un contingente de hombres armados pertenecientes a las AUC que le dijeron “o vende o le compramos a la viuda”, entendió que su suerte estaba echada. Vendió sin titubear, pero en vez de paga recibió un ultimátum: doce horas para desaparecer. “Yo salí de mi tierra, herencia de mis ancestros, porque me iban a matar. Con mi familia tuvimos que dejar todo lo que teníamos, los animales, la casa, todo, salir apenas con lo puesto y los pelados. Sobre retornar no lo creo posible, ya sé que todas esas tierras las convirtieron en enormes sembradíos de palma, que de nuestra casa y animales ya no queda ni el rastro, y si me acercó por allá a reclamar lo mío, lo que voy a recibir es un balazo. […]Aquí en la calle no estamos bien, pero es posible que sigamos con vida, allá en cambio nos espera una muerte segura”[15]

Los testimonios recopilados por las organizaciones que visitaron a estas familias en el Parque Tercer Milenio[16], señalan que algunos salieron de su lugar de origen dejando toda pertenencia para evitar el reclutamiento de sus hijos e hijas, otros a causa de la violencia sexual por parte de actores armados legales e ilegales, por amenazas, hostigamientos y ataques directos que costaron la vida de sus familiares. Todas las causas se relacionan con la guerra, con la falta de control del Estado en algunas zonas del país, y con la falta de justicia y de garantías sociales; y todas estas historias confluyen en el mismo sufrimiento que deben soportar por la pérdida de sus tierras, viviendas, labores, animales, seres queridos y referentes culturales, sumado a la incertidumbre de tener que vagar sin rumbo fijo en el intento de superar la pobreza a la que fueron arrojados a causa del desplazamiento.

Las familias que se tomaron el Parque Tercer Milenio han manifestado que las solicitudes por las vías ordinarias presentadas al Estado para exigir el cumplimiento de la Ley 387 (1997), la sentencia T-025 de 2004 y sus posteriores autos de seguimiento, no han sido atendidas. “Las respuestas institucionales han resultado insuficientes e ineficaces para alcanzar el goce efectivo de sus derechos como víctimas del conflicto armado”, afirma la Comisión de Seguimiento[17]. La población más vulnerable dentro de esta población vulnerable y victimizada, siguen siendo los menores de edad, pese a los reiterativos llamados que hace la Corte Constitucional.

La Consultoría para los Derechos humanos y la población Desplazada, CODHES, sostienen que más del 50% de la población desplazada por el conflicto armado en Colombia es menor de edad. “La Corte constató que la respuesta del Estado ha sido insuficiente y que la gravísima situación de la infancia y adolescencia desplazada por el conflicto armado es, en sus dimensiones cualitativas reales, invisible para las autoridades y para la sociedad”[18].

Los miembros de la población desplazada no pueden convertirse, como efecto de su injusta condición, en personas de segunda categoría o en ciudadanos a medias, privados en su existencia cotidiana del ejercicio, el goce y el disfrute de los derechos a través de los cuales desarrollan sus facultades ontológicas de autonomía, de participación y de crédito. “El desplazado no sólo tiene derecho a que el Estado le proteja y garantice sus derechos a la vida y la integridad personal, sino a que las autoridades le reconozcan efectivamente su derecho a participar en la conformación, el ejercicio y el control del poder político, su derecho a tomar parte en la adopción de las decisiones que lo afecten y su derecho a exigir las prestaciones que le permitan un nivel de vida acorde con su dignidad ”[19] afirmó Amerigo Incalcaterra, Director Adjunto de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Olga Castillo afirma nunca haber recibido la debida atención por parte del Estado como víctima del desplazamiento forzado, de la violencia y del Plan Colombia. “Varias veces cambie de barrio, hice las denuncias, traté de organizarme, de ubicar a las niñas en colegios, me inscribí en la lista de desplazados y también hice las filas a las que obliga Acción Social para que me reconocieran como víctima del desplazamiento forzado, y así recibir las tres prorrogas para comida y vivienda que ordena el Gobierno; pero sólo recibimos maltratos, nos toca hacer filas que empiezan un día y terminan al otro, dormir y amanecer en la calle sobre un andén, entre un montón de gente igual o peor de jodida que uno, con niños de brazos, mujeres en embarazo, abuelos que ni siquiera se pueden sostener de pie; hace tres meses una abuelita que estaba haciendo la fila para pedir su prorroga de alimentación no soportó mas y se murió ahí, delante de todo el mundo…”

La población desplazada no sólo expresa que han sido objeto de desatención por parte del Estado, sino que además ha sido objeto de un trato discriminatorio y de atropellos contra su dignidad. “No somos mendigos, ni delincuentes como para que nos pongan a suplicar para que nos reconozcan los derechos que manda la ley. Nosotros no estamos en está situación por gusto, estamos acá porque el Estado no nos brindó la seguridad que debiera darnos”, afirman. Muchos de ellos exigen ser trasladados al campo porque sólo saben trabajar la tierra, sembrar y recoger, y no se sienten capaces de sobrevivir en una ciudad como Bogotá. “No sabemos pedir limosna ni robar, somos campesinos, por eso le estamos pidiendo al Gobierno que nos entreguen nuevas tierras para trabajarlas, y volver a vivir como vivíamos antes de que la violencia nos quitará todo”

Olga afirma que no se puede confundir atención humanitaria con reparación.

“Yo no quiero limosnas, yo lo que quiero es que se me reconozcan mis derechos,. ¿Cómo es posible que después de que violan a mi hija, que nos quitan todo, ahora vengan a decir que tres mercados son reparación y que no hay dinero para más? Eso no se lo cree nadie. Además yo no tengo porque agacharles la cabeza, renunciar a mis derechos como colombiana y aceptar los ultrajes y las limosnas que de mala gana nos da Acción Social. ¿A cuenta de qué? Yo tenía mi vida, mi casa, mi negocio, vivía tranquila sin hacerle mal a nadie, y por denunciar lo que nos hicieron terminamos en la calle y en esta situación. No, eso no es justo; mi lucha es porque se nos reconozcan nuestros derechos y se respete nuestra dignidad. Yo no quiero un empleo ni que me den una pieza por tres meses, lo que yo quiero es que me devuelvan todo lo que me quitaron”.

La Corte ordenó al Gobierno colombiano asignar los recursos suficientes para la caracterización de las necesidades y los derechos de los desplazados, la atención y la satisfacción de los niveles mínimos de protección de sus derechos fundamentales, el establecimiento de condiciones para favorecer la participación efectiva de sus representantes, la obligación de generar una política pública diferencial para las mujeres, niños, niñas y adolescentes; grupos étnicos y discapacitados y la definición y cuantificación de parámetros e indicadores para la permanente evaluación de la política pública de prevención y atención al desplazamiento, entre otras obligaciones.

Después de soportar 135 días de resistencia en el Parque Tercer Milenio, de soportar el frío, la convivencia con extraños y potenciales enemigos, de tener que compartir un sólo baño, luego seis que tampoco daban abasto y que hedían durante varias semanas, duchas públicas con ropa y manguera, de dormir en el piso, incluso mujeres embarazadas y recién nacidos, de aguantar la miseria y comer gracias a la caridad cristiana y la solidaridad de varias redes de apoyo que se formaron a través de grupos de Facebook, las familias no soportaron más, y tras una negociación con la Alcaldía Mayor de Bogotá, aceptaron abandonar su protesta pacífica.

El domingo 2 de agosto tras varios días de intensa negociación se llegó a una agenda concertada con el Distrito. Los 1.300 núcleos familiares (alrededor de 5.666 personas) que habitaban en el parque, con la mediación de facilitadores en la negociación como Jean Noel Watterwald, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones para los Refugiados; Bruno Moro, Coordinador Residente y Humanitario del Sistema de Naciones Unidas, y el padre Darío Echeverri, Secretario General de la Comisión de Conciliación Nacional, aceptaron ser trasladados a un albergue campestre no determinado.

Según el Acuerdo suscrito, la ayuda humanitaria de emergencia estaría enmarcada dentro de los pronunciamientos emitidos por la Corte Constitucional. Ello significa que las familias deberán ser objeto permanente de esta ayuda en tanto no se restablezcan las condiciones de autonomía y supervivencia necesarias. El Distrito también se comprometió a brindar auxilio alimentario a través de un banco de alimentos para las familias más vulnerables, previo estudio de las condiciones de vulnerabilidad, 30 días después de la firma del Acuerdo.

En cuanto a los proyectos productivos que las familias reclamaban, se determinó que estos tendrían un valor mínimo de 5.500.000 pesos, y una duración de un año prorrogable a consideración de las partes. Según la Secretaria Distrital de Gobierno, Clara López Obregón, “estos proyectos productivos se harán bajo el esquema de la cofinanciación de los gobiernos Nacional y Distrital, acceso a recursos que vamos a tramitar ante la cooperación internacional y una autoayuda voluntaria por parte de cada núcleo familiar desplazado consistente, si así lo determina, en un crédito garantizado por distintas fuentes como pueden ser Banca Capital y Emprender, entre otros”[20].

Los líderes de los desplazados, afirmaron que la situación aún no ha sido resuelta, pues además de esperar que el Gobierno cumpla con el nuevo Acuerdo suscrito, reclaman más atención y visibilización ante el país. Del mismo modo como el Congreso de República recibiera a los jefes paramilitares con aplausos y ovaciones, piden que las víctimas sean escuchadas en el parlamento, y que sus demandas y fallos por tutelas presentadas sean igualmente informadas a través de los medios masivos de comunicación. “Queremos que los procesos que adelantamos muchos de nosotros por el asesinato y desaparición de nuestros seres queridos sean investigados conforme determinan las leyes y que los perpetradores sean apresados y enjuiciados. Queremos justicia!” afirma Ulises.

Julián Arboleda, uno de sus principales líderes, prepara su candidatura a la Cámara de Representantes, con la esperanza de que las familias desplazadas le den su aval y poder posicionar el tema en la agenda política del país. Es complicado de lograr. No sólo porque la población desplazada está fragmentada, muchos no tienen documentos para poder votar y la desconfianza entre ellos mismos es un obstáculo que no han logrado remediar. Algunos afirman que Julián se está dejando utilizar por algún político habilidoso que se quiere lucrar de su dolor, para otros se trata de una apuesta ingenua sin opción de triunfo y para unos cuantos es la oportunidad de llevar a debate temas de su interés y poder incidir en las políticas de Gobierno sobre población desplazada. Aún cuando Arboleda logrará llegar, faltaría mucho camino por recorrer, pues claramente sería minoría en el parlamento, oveja negra entre lobos blancos, desconoce los pasajes oscuros de ese mundo, no sabe sobre maniobras políticas ni cuan laxa o firme puede ser la ley para quien sabe jugar, es ingenuo y además su tema, aunque sea una tragedia humanitaria, la más grave del planeta, no es prioridad en el país, no es un tema comercial ni políticamente correcto. En el Congreso los temas políticos tienen supremacía sobre aquellos de carácter social, y más cuando los afectados directos son población pobre y marginada del país.

“A los pobres y a las víctimas nos toca hacer mucho ruido para hacernos escuchar, pero cuando lo hacemos, de inmediato, y con violencia, nos mandan a callar – afirma Olga. Hoy, pese a las amenazas y persecuciones, sigue adelante en su proceso reclamando justicia con mucho valor pero muy poca fe. Hace poco más de un mes su abogado le informó que su caso había sido trasladado a Estados Unidos, sin que nadie fuera notificado de esta medida, lo cual dejaba sin sustento su demanda, pues al no existir el caso era imposible hacer seguimiento o exigir reparación. “Llamé al Senador Petro, le conté lo que estaba pasando y él me invitó al Congreso para que denunciará mi situación. Fui el día del debate por la instalación de nuevas bases gringas en suelo colombiano, pero nadie me quiso escuchar; la bancada del Presidente Uribe me mandó a callar y no puede contarles lo que me había sucedido…”

Negados los espacios para el debate público y ante la falta de garantes para el cumplimiento de los mandatos constitucionales, la manera de manifestar la inconformidad ciudadana, de peticionar ante las autoridades y reclamar los derechos que debe por Ley otorgar el Estado, es mediante la toma de la palabra para imponerla en lugares públicos. Es romper la invisibilización. La protesta social contemporánea constituye la posibilidad concreta que tienen los sectores desaventajados y vulnerables de expresar sus problemas. “De allí justamente, como dice Gargarella, que el derecho a la protesta sea el primer derecho de todos, es el derecho a tener derechos, es el derecho que llama a los otros derechos, es la oportunidad que tienen los sectores oprimidos de ser tenidos en cuenta, de recuperar la voz para ser reconocidos como actores otra vez. El derecho a la protesta es la puesta en acción de la dignidad, la oportunidad de hacer valer la dignidad”[21]. Al menos es un intento, porque si bien, las acciones de hecho convocan la atención gubernamental, ciudadana y de medios, la respuesta gubernamental suele ser la violencia, la judicialización y la represión. Luego viene el silencio, una gran incógnita sin repuesta y pronto el olvido.

La FIDH y sus ligas en las Américas reconocen que la protesta social pacifica permite el surgimiento de la democracia participativa, restablece la dinámica de la sociedad y suscita alternativas de cambio social y político conforme a las aspiraciones democráticas de la comunidad. Una sociedad democrática es una sociedad que acepta la posibilidad de divergencia en su interior[22].

“Tendrán que matarnos a todos para que renunciemos a nuestro derecho a protestar. En tanto el Estado no nos cumpla seguiremos peleando, tomándonos iglesias, parques, oficinas, lo que sea, porque lo que nosotros pedimos es justicia, no queremos que nos regalen nada, queremos que no den lo que por ley nos corresponde”. Estas fueron las últimas palabras de una amiga desplazada, antes de convertirse en un enigma junto a los demás desplazados que valientemente durmieron y vivieron en la calle durante 135 días y que abruptamente fueron trasladados lejos de la mirada de quienes intentamos extenderles la mano, escucharlos y contar su dura historia.

- Maureén Maya es Escritora e Investigadora Social

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 179, Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org

[1]Sentencia T25 de 2004. Corte Constitucional de Colombia. Página 24.

[2] El Tiempo; “Comenzó traslado de 300 desplazados de 1200 que aún viven en el Parque Tercer”. Mayo de 2009. Ver en http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/comenzo-traslado-de-300-desplaza...

[3] Nueve policías bachilleres fueron condenados por acceso carnal en menor de 14 años ocurrido el pasado 14 de junio en el parque Tercer Milenio. El Ministerio Público sancionó con destitución e inhabilidad por 15 años al auxiliar Bachiller Camilo Ospina Gómez, con destitución e inhabilidad por el término de diez (10) años a los auxiliares bachilleres Juan Fernando Salcedo Albarán, Jefferson Javier Garzón Pinilla, y Alejandro Cañón Pachón y con suspensión e inhabilidad por 10 meses sin derecho a bonificación, a los auxiliares bachilleres Cristian Camilo Ruiz Perea, Efrén Rueda Peña, Wilmer Ferney Pardo, Daniel Andrés Pinzón Malaver, y Juan David Sánchez Contreras. Ver en http://www.lacarinosa.com/lc/sancionados-nueve-auxiliares-bachilleres-comprometidos-en-acceso-carnal-con-una-menor-de-edad-en-el-parque-tercer-milenio/

[4] Caracol Noticias; “Niños desplazados del Tercer Milenio estarían siendo prostituidos” Julio 25 de 2009

[5] En El Espectador; “Niños desplazados del Tercer Milenio estarían siendo prostituidos”. Sección Nación, julio 25 de 2009

[6] López Duque María Victoria; “Balance humanitario: saldo en rojo. Una mirada fría a las cifras y a los hechos muestra que no tenemos “seguridad democrática””. Publicado en Razón Pública. Agosto 24 de 2009. Ver en: http://www.razonpublica.org.co/?p=3355

[7] “El Reto ante la tragedia humanitaria del desplazamiento forzado” se publicó en abril de 2009 en cinco volúmenes. La Investigación fue desarrollada por la Comisión de Seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado, y coordinado por Fernando Barberi Gómez, con el apoyo investigativo de Gladys Prado, Clara Ramírez y Juan Diego Misas.

[8] Revista Semana; Los subsidios a los ricos sí ayudan a reducir la desigualdad: Arias. Septiembre 24 de 2009

[9] Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado; Informe “El reto ante la tragedia humanitaria del desplazamiento forzado: Reparar de manera integral el despojo de tierras y bienes“; Abril de 2009. Investigación auspiciada por la Embajada de los Países Bajos.

[10]López Duque; Op Cit. Página 2

[11]CODHES; Presentación y objetivos de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado. Colombia 2006

[12]Ídem.

[13] Caracol Noticias; “Sigue depuración en el Incoder por corrupción” Abril 23 de 2007

[14] CONCLUSIONES DEL SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE AFROCOLOMBIANOS DESPLAZADOS. Noviembre 22 y 23 de 2007

[15] Entrevista realizada a un desplazado que fue habitante del parque Tercer Milenio. Su nombre ha sido modificado por petición del entrevistado. Julio de 2009.

[16] Comisión Nacional de Verificación, Pastoral Social y a Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)

[17] Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES); “Se agravan condiciones humanitarias de desplazados en Parque Tercer Milenio”. Mayo 28 de 2009

[18] Ídem.

[19] Seminario Nacional “Derecho de ciudadanía y población en situación de desplazamiento” Conferencia presentada por Amerigo Incalcaterra, Director Adjunto de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 2004

[20] Secretaría de Gobierno; “Desplazados abandonan Parque Tercer Milenio” Viernes, 31 de julio de 2009.

[21] Rodríguez Esteban; “El derecho a la protesta, la criminalización y la violencia institucional”. Junio 10 de 2007. (Abogado, docente y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata).

[22] Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) Informe: “La protesta social pacífica: ¿Un derecho en las Américas?”. No 460. Octubre de 2006.

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