Colombia

Cuántos desaparecidos se buscan en Colombia?

Maureén Maya

03/10/2009

Opinión

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“Colombia pasó de ser el país de los secuestrados al país de los desaparecidos”. Treinta, cincuenta, doscientos mil desaparecidos, son sólo cifras que reflejan el horror que se oculta tras la guerra y la impunidad en Colombia. Detrás de cada cifra hay una historia de vida truncada y la existencia de un núcleo familiar y un colectivo social gravemente afectado.

“Natch und Nebel” (Noche y Niebla), es el decreto dictado por la comandancia general del ejército alemán en 1941, mediante el cual se ordena detener –sin dejar rastro– a toda persona sospechosa de poner en peligro la seguridad nacional del Reich. Dicho nombre recordaba un fragmento de la ópera Oro del Rin de Richard Wagner, en el que Fagner se dirige a los enanos diciéndoles: «Sed como la Noche y la Niebla, esfumaos… desapareced».

Esta práctica que llegó con el nazismo, aún con final de la segunda guerra mundial, no logró ser erradicada. Es así como en la década de los 60s desaparecieron cerca de medio millón de personas en Indonesia. En la segunda mitad de la década de los 70s desaparecieron en la llamada Kampuchea Democrática, hoy Camboya, cerca de trescientas mil personas. En Etiopía durante el imperio del terror rojo, entre 1977 y 1978 fueron desaparecidas varios miles de personas y en muchos otros países africanos. Igual sucedió en el Cono Sur y Centroamérica bajo las dictaduras militares. En Colombia, aún cuando no hay acuerdo sobre la cantidad de personas desaparecidas durante las últimas décadas, las cifras que se manejan son alarmantes. Además la inoperancia de la justicia ha sido evidente. Salvo el caso de la toma del Palacio de Justicia, que se abrió 20 años después de los hechos y que ha vinculado a varios oficiales por su presunta participación en la desaparición de los empleados de cafetería, guerrilleros del M-19 y visitantes al Palacio, hasta el momento nadie ha sido condenado en Colombia por este crimen de lesa humanidad.

El primer caso que se reporta en Colombia, al menos de manera oficial, ocurrió el 14 de septiembre de 1977 bajo el Gobierno de Alfonso López Michelsen durante el gran paro cívico nacional, convocado por las cuatro principales centrales sindicales (CGT, CTC, UTC y CSTC). Ese día, Omaira Montoya Henao, bacterióloga de la Universidad de Antioquia y militante de izquierda, fue detenida por unidades del F2 (Inteligencia de la Policía) junto a su compañero Mauricio Trujillo. Él fue encarcelado y Omaira desaparecida. Desde ese año hasta la actualidad se calcula que la cifra de desaparecidos en Colombia podría ser cercana a los 500 mil.

No existe acuerdo sobre el total de personas desaparecidas porque muchos casos no son reportados, el Estado colombiano no reconoció la existencia de este delito, y antes de ser aprobada la Ley 589 de desaparición forzada en el año 2000, era tipificado como secuestro simple, muchos casos se han producido en zona rural y no se ha contado con un sistema único de registro de las denuncias. De modo que mientras Naciones Unidas reporta 17 mil casos en las dos últimas décadas, algunas organizaciones de Derechos Humanos aseguran que son 30 mil y la Fiscalía General de la Nación advierte que la cifra llega a 50 mil (hasta abril de 2009) [1].

Según datos recogidos por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Colombia (Asfaddes), durante el año 2000 se reportó la desaparición de 767 personas, es decir que en promedio dos personas por día fueron víctimas de este crimen. Para el año 2003 el promedio escaló a cuatro personas por día, con un total de 1.189 víctimas en el transcurso de ese año[2]. Las cifras siguen en aumento.

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas[3], ha afirmado que las desapariciones forzadas aumentaron dramáticamente entre el 1º de enero de 2007 y el 21 de octubre de 2008, periodo en el que se registraron 7.763 casos, de los cuales 3.090 ocurrieron durante el año 2008. “Las cifras de desaparición forzada han adquirido una dimensión dramática con la aplicación del Plan Colombia. La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ASFADDES- reporta que en el año 1998, último año de la administración de Ernesto Samper se produjeron 323 casos, en 1999 aumentaron a 443 y en el 2000 las desapariciones forzadas aumentaron en un 474% (respecto a 1998)”[4]

El Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, conformado por 166 organizaciones no gubernamentales del país, realizó un balance sobre la primera administración del presidente Álvaro Uribe indicando que un total de 11.084 personas fueron asesinadas o desaparecidas en Colombia por causas sociopolíticas entre julio de 2002 y junio de 2006, es decir un promedio de 7 personas por día.

El pasado 20 de agosto, La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación reportó que entre 2006 y el 2009 se recibieron 210.000 denuncias por desapariciones forzosas. “La entidad reveló que de esa cifra se recuperaron 2.494 cadáveres ubicados en fosas comunes, luego de las confesiones de paramilitares desmovilizados, y se entregaron a sus familiares 630[5]. El organismo reveló que en la actualidad se viene realizando tomas de muestras de ADN a varios familiares para identificar los restos hallados.

Pese a que la práctica de desaparición forzada parecía estar dirigida exclusivamente a opositores políticos, según el Tribunal de Opinión sobre Desaparición Forzada en Colombia, reunido del 24 al 26 de abril de 2008 y conformado por seis jueces de opinión de diferentes nacionalidades que recibieron cerca de cincuenta testimonios, la práctica de detención desaparición forzada ha sufrido importantes cambios durante los últimos años como efecto de la expansión paramilitar y el auge del narcotráfico. Además de víctimas por razones políticas, ahora en desarrollo de la llamada “limpieza social”[6].se incluyen a indigentes, prostitutas, drogadictos y travestis.

Si en los ochentas los principales torturadores y violadores de derechos humanos y responsables de la casi totalidad de las desapariciones forzadas eran oficiales del ejército y la policía nacional, deformados bajo la doctrina de seguridad nacional, hoy el victimario predominante son los grupos paramilitares. No sólo se amplia el objetivo de la acción criminal, sino que aparecen también nuevas razones para la desaparición forzada, algunas de carácter económico y otras relacionadas con el control territorial.

¿Quiénes son los que desaparecen?

Según la Comisión Colombiana de Juristas, por omisión, tolerancia, aquiescencia o apoyo (a grupos paramilitares) se le atribuye al Estado la mayor responsabilidad en los casos de desaparición forzada. El principal perpetrador de este crimen son los grupos paramilitares, seguidos por agentes del Estados (miembros del Ejército, la Policía y la Armada) y en último nivel aparecen las guerrillas. No obstante se debe reconocer que la desaparición forzada en un delito que por su naturaleza y según la legislación penal de varios países, está caracterizado por la arbitraria y clandestina privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o grupos que actúan con su apoyo, con el fin de sustraerla de la protección de la ley.

Las personas desaparecidas, por lo general, son ejecutadas en sitios de particulares que operan como cárceles clandestinas[7], dependencias adscritas a batallones o brigadas militares, lugares donde también se efectúan las torturas, los asesinatos y luego los restos son desaparecidos. Muchas veces estos cuerpos son objeto de tratamientos inconcebibles, en los que se destruye el rostro de la persona, las huellas dactilares y la dentadura con ácidos o líquidos inflamables con la intención de que nunca puedan ser identificados. En otros casos son mutilados y los restos son esparcidos en distintos lugares, tal como sucedió en 1990 en el municipio de Trujillo o como suele suceder en distintos poblados tomados por grupos paramilitares, como se demuestra en los hallazgos de las fosas comunes.

Las víctimas de este delito son, en su mayoría, colombianos habitantes de zonas rurales que hacían parte de organizaciones sociales, comunitarias, campesinas, o de derechos humanos; simpatizantes o militantes de grupos de izquierda que habitan en regiones de alto conflicto armado o de enormes recursos naturales. La expoliación territorial y el terror tras la desaparición de algún miembro de la comunidad facilitan el desplazamiento forzado y la apropiación de las tierras abandonadas por parte de los criminales.

“La desaparición en Colombia se convirtió en una herramienta de lucha política contra sectores populares y contestatarios, a diferencia de Argentina, donde los desaparecidos eran profesionales y estudiantes de clase media y alta, lo que les permitió tener más capacidad de maniobra”, asegura Carlos Rodríguez Mejía, subdirector de la Comisión Colombiana de Juristas[8].

El 18 de diciembre de 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas, al aprobar la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, declaró lo siguiente: «En los últimos años las desapariciones forzadas han ocurrido preponderantemente en situaciones de tensión o conflicto armado interno. Estas se producen como resultado de intervenciones de las fuerzas de seguridad o de grupos particulares con el apoyo o el consentimiento de las primeras... Los distintos Estados, presuntos guardianes del imperio de la ley, se proponen con frecuencia restaurar el orden público, violando los derechos humanos en el proceso y exacerbando así, la espiral de violencia».

En 1994, el presidente de la República Cesar Gaviria Trujillo, objetó por inconstitucional el proyecto de ley aprobado por el congreso para tipificar como delito la desaparición forzada. Las organizaciones sociales y las familias de las víctimas tuvieron que esperar seis años más para que de nuevo el tema fuera debatido en el Congreso de la República. En el año 2000, bajo el gobierno de Andrés Pastrana, la ley de desaparición forzada fue aprobada y empezó a ser tipificado como un crimen de lesa humanidad, razón por la cual no prescribe ni es indultable. Sin embargo, hasta la fecha después de haber sido aprobada dicha ley, no se ha hecho efectiva. De ahí la importancia de la justicia internacional.

La Organización de Estados Americanos mediante las resoluciones 828 de la Asamblea Parlamentaria y 666 de la Asamblea General y el Consejo Europeo se han pronunciado sobre el tema condenando esta práctica como un grave delito contra la humanidad. La Comisión del Derecho Internacional de las Naciones Unidas sostiene que los crímenes contra la humanidad sobrepasan la aplicación de la justicia ordinaria de cada país y los considera competencia del derecho internacional, por cuanto el delito de lesa humanidad produce un daño general y bastante complejo, debido a las motivaciones que lo determinan, y a que involucra más que a la víctima. El Estado colombiano enfrenta centenares de denuncias formales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una demanda ante la Corte Interamericana por el caso de la desaparición de María del Carmen Santana e Isidro Caballero.

- Maureén Maya es Escritora e Investigadora Social

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 182, Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org

[1]Proyecto Desaparecidos; “Los desaparecidos forzados en Colombia, ¿cuántos se buscan?” PNUD, noviembre 15 de 2006. Publicado en Revista Semana

[2] Revista Semana; “Los desaparecidos forzados en Colombia, ¿cuántos se buscan?”. Noviembre 15 de 2006. Ver en: http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=98213

[3] La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas está conformada por el programa de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia, la Fiscalía, la Defensoría, el Instituto de Medicina Legal, el Ministerio de Defensa, la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), Fondelibertad y la Comisión Colombiana de Juristas.

[4] Comisión Justicia y Libertad, CJL; “Desaparición Forzada, crimen de Lesa Humanidad” Agosto 21 de 2009

[5] http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=195757&lee=16

[6] TRIBUNAL INTERNACIONAL DE OPINION; “LA DESAPARICION FORZADA UN CRIMEN DE ESTADO” Veredicto. Senado del Congreso de la República. Bogotá 24, 25 y 26 de Abril de 2008

[7]En el municipio de San Onofre, Sucre, se supo que en la Hacienda El Palmar, varios campesinos fueron allí torturados, descuartizados y sus restos desaparecidos bajo las ordenes del jefe paramilitar Rodrigo Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’, “quien además organizaba festines para los políticos locales y les regalaba caballos finos. En esos asados y parrandas fueron vistos el entonces comandante de la Policía, Norman León Arango (acusado de fomentar la criminalidad en el departamento, y quien después fue nombrado por el presidente Uribe agregado militar en la embajada colombiana en Francia) y el ex gobernador Salvador Arana (acusado de ser el autor intelectual del asesinato del alcalde de El Roble, y quien fue nombrado por el Presidente embajador en Chile). El Palmar era igualmente el sitio donde se planificaban negocios de narcotráfico y se organizaban los reinados de belleza “Miss Maja Internacional” y “Miss Tanga”. La representante a la Cámara Muriel Benito Rebollo, originaría de San Onofre e intima amiga de ‘Cadena’, era jurado en esos certámenes. A los políticos corruptos no les bastaba con que su verdugo se desembarazara de los opositores. Sus fiestas se hacían en medio de las fosas que dejaba la carnicería humana” Aparte del artículo “Un campo de concentración y exterminio” de Iván Cepeda Castro. El Espectador, febrero 24 de 2006.

[8] Op Cit; Revista Semana

https://www.alainet.org/es/active/34151