Bolivia

Soberanía alimentaria y cambio climático

Ricardo Angel Cardona

17/12/2009

Opinión

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La soberanía alimentaria en Bolivia se presenta como uno de los objetivos más importantes de la nueva administración del nuevo Gobierno popular de Evo Morales.

Las condiciones naturales están dadas en el país dada su elevada biodiversidad y los diferentes niveles ecológicos que permiten cultivar desde cereales andinos a 4.000 mts de altura hasta maíz, cebada, trigo, soya (soja), girasol, algodón, arroz, café y frutas tropicales de toda clase.

La organización interna boliviana es tradicional y está

asentada en las comunidades campesinas, cooperativas y agro-empresarios. Casi todos estos agentes económicos rurales ofrecen bajos índices de productividad consecuencia del uso limitado de tecnologías apropiadas, falta de riego y semillas mejoradas, abonos orgánicos e infraestructura.

La respuesta de las autoridades nacionales ha sido múltiple y se pudiera resumir en las siguientes medidas en los últimos cuatro años: a) ingreso de 3.400 equipos agrícolas al sector productivo de oriente y occidente, b) apoyo a la seguridad alimentaria con base productiva agropecuaria, c) alianzas rurales para desarrollar la producción, d) entrega de semillas certificadas a más de 21 mil familias productoras, e) ferias comunitarias para facilitar la comercialización de productos agropecuarios a precios justos, y f) asistencia a los agricultores por el cambio climático expresado en heladas fuera de temporada, granizos, sequías e inundaciones.

Se puede mencionar a seis instituciones que han puesto el hombro a la seguridad y soberanía alimentaria en el país.

En primer lugar EMAPA ( Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos ) que prestó casi 50 millones USD a 45 municipios afectados por los fenómenos climáticos adversos del "Niño" y la "Niña". EMAPA ha apoyado 43 proyectos productivos organizados por sindicatos, organizaciones campesinas y federaciones indígenas. Los resultados no se han hecho esperar y se ha asegurado la alimentación interna en arroz, maíz, soya, carnes diversas, leche y 10% de las necesidades internas de trigo. Pero además con la participación de varios municipios productivos de ha incrementado la producción de peces en granjas piscícolas con especies nativas como surubí y pacú, granjas de cerdos y avícolas, entre otros proyectos apoyados por EMAPA. En algunos gasos se habla de exportación de alimetnos a países vecinos y países ALBA ( Venezuela Bolivariana, Ecuador, Cuba, Dominica, Nicaragua, Antigua y Barbuda, etc. )

En segundo lugar INAF ( Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal ) ha provesto semillas mejoradas mediante la investigación y desarrollo con el objetivo de mejorar la seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos. INAF realiza el control de calidad de producción de semillas elevando con esto también la productividad en el agro. INAF depende del MDRT ( Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras ) que ha promovido la gestión pública transparente y ha acelerado junto al INRA la otorgación de tierras fiscales a campesinos sin tierra, a comunidades indígenas y a bolivianos en el extranjero que desean retornar e invertir para dedicarse a la producción agropecuaria. INAF ha recuperado mediante la investigación tecno-científica los saberes locales y ancestrales y los ha incorporado al patrimonio del Estado, tanto de base genética animal como vegetal.

En tercer lugar FONADAL ( Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo ) ha apoyado la producción alternativa en las zonas cocaleras del país. Financiando mercados y sistemas de riego, además de la construccíón de 20 puentes de pavimento rígido. FONADAL ha desembolsado ya 85 millones de bolivianos ( 12 millones USD ), junto a la contraparte de municipios y organizaciones sociales, para beneficiar a 850 mil familias dedicadas a hacer crecer las cadenas productivas del banano, cacao, achiote, pimienta, café, piña, madera y derivados de mayor valor agregado.

Finalmente, los Gobiernos departamentales han contribuido también a la soberanía alimentaria, como la Prefectura de La Paz con la construcción del ingenio azucarero en San Buenaventura. Este tendrá un costo final de 140 millones de dólares. Existen 240 mil hectáreas a disposición para este fin en esta zona amazónica del norte paceño. En una primera fase se producirá 6 mil toneladas de caña por día, con 14% de zacarosa y 130 días de zafra por año.

Es evidente que San Buenaventura se convertirá en un proyecto múltiple que además llegará a producir etanol ( biocombustible ), bagazo para alimento balanceado de animales y fabricación de muebles prensados y bagazo para generación eléctrica en regiones amazónicas como Apolo e Ixiamas.

Se puede afirmar con razón que el Gobierno popular de Evo Morales ha enfocado el tema de la seguridad y soberanía alimentaria como de prioridad nacional y social. Además de combatir paralelamente los efectos nocivos del cambio climático importado por la contaminación generada principalmente en los países centrales del planeta.

En Copenhague el presidente Evo Morales ha reafirmado los principios del Estado Revolucionario boliviano de soberanía alimentaria y lucha conjunta contra el cambio climático, bajo los siguientes nuevos principios de legislación agroambiental.

1. Tutela jurídica integral

El derecho agrario, ecológico o indígena y la legislación medioambiental no pueden considerarse aisladas del ser humano y su modo de producción, como ha ocurrido hasta ahora, simplemente porque tienen una base material común: la naturaleza.

Hay que entender que las diferentes especialidades del conocimiento, incluido el derecho, están estrechamente relacionadas entre sí en tanto estudian formas de aprovechamiento y apropiación de recursos naturales.

El sistema económico (producción, comercio exterior, etc,) constituye un subsistema dentro del sistema más amplio de la biosfera y no al revés, y por tanto debiera subordinarse a las leyes de la termodinámica y la ecología.

2. "Derecho Social Especial" a la propiedad colectiva del territorio y los recursos naturales

El Territorio es una porción de superficie terrestre donde se intercambia, se construye ciudadanía y se desarrollan identidades culturales colectivas. Por tanto, los recursos naturales del territorio son bienes comunes de propiedad colectiva.

Todos los pueblos y seres del mundo tienen derecho a acceder y a disfrutar de manera equitativa del agua, la tierra, la alimentación, la energía, un clima equilibrado y otros bienes de la naturaleza necesarios para la sobrevivencia y el desarrollo humano.

3. Aprovechar los bienes naturales sin dañar a terceros

Así como se reconoce el "Derecho Social Especial" a la propiedad colectiva de los bienes naturales, también se imponen deberes individuales y colectivos y obligaciones y funciones sociales de la propiedad agraria individual.

El Estado y la sociedad civil son co responsables de la conservación, defensa y mejoramiento ambiental.

El Estado y la sociedad son co responsables de la "Equidad Intergeneracional" , definida como el derecho-deber de cada generación de proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y de las futuras generaciones.

Una norma básica de buena vecindad y cooperación internacional es asumir la responsabilidad de prevenir y velar porque las actividades realizadas dentro de la jurisdicción de un Estado no causen daños al medio ambiente de otros Estados.

Los Estados deben prevenir y adoptar medidas precautelares para proteger el ambiente en casos de peligro grave o irreversible, sin que quepa aducir falta de certeza científica absoluta sobre la degradación del medio ambiente.

4. Deuda climática: Quien contamina paga

Son permisibles o tolerables los daños ambientales reparables y reversibles por necesidad pública y para el bienestar económico y social, pero éstos deben ser compensados con el pago de una contribución.

Los países desarrollados responsables directos del calentamiento global usaron de manera desproporcionada los recursos naturales y la materia prima de los países en desarrollo. Por un criterio mínimo de justicia, ahora deben asumir su responsabilidad histórica sobre el cambio climático.

5. Delitos ambientales y Justicia Climática

Algunos países avanzan en la tipificación de delitos ambientales. La Decisión Marco 2005/667/JAI del Consejo de la UE y la Directiva del Parlamento y el Consejo de la UE proponen castigar algunos comportamientos que perjudiquen gravemente al medio ambiente con sanciones penales eficaces, proporcionadas y disuasorias, aplicables tanto a personas físicas como a las jurídicas.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia prevé sanciones civiles, penales y administrativas por el incumplimiento de las normas de protección del medio ambiente (Artículo 345); tipifica como delito de traición a la patria la violación del régimen constitucional de los recursos naturales (Artículo 124), y declara la imprescriptibilidad de los delitos ambientales. (Artículos 111 y 347).

La Corte de La Haya y la Corte Penal Internacional creada en 1998 "para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional" aún no han tipificado los crímenes ecológicos.

Cada vez más instituciones reclaman una institucionalidad y una jurisprudencia internacional vinculante en el marco de Naciones Unidas que tipifique los crímenes ambientales y que imponga sanciones civiles, administrativas y penales aplicando la regla: "A mayor potencial de destrucción y mayor riesgo para la preservación del ambiente, mayor debe ser la responsabilidad".

El Presidente Evo Morales propuso crear un Tribunal de Justicia Climática que investigue, juzgue y sancione a países y empresas que contaminan el medio ambiente, ya que "si no damos con los autores de la destrucción del planeta tierra seguramente no vamos a tener autoridad para salvar a la humanidad".

La Corte Internacional del Medioambiente juzgaría a quien quiera que haya causado intencionalmente desastres medioambientales, y le impondría sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas.

Esquivel y Dalai Lama piden a Naciones Unidas declarar al medioambiente Patrimonio Común de la Humanidad , y revisar el Estatuto de la Corte Penal Internacional con el fin de introducir el DESASTRE MEDIOAMBIENTAL INTENCIONAL COMO CRIMEN CONTRA LA HUMANIDAD.

De esta manera Bolivia junto a los países ALBA en Copenhague han unido la lucha por la seguridad y soberanía alimentaria al combate contra los efectos nocivos del cambio climático internacional.

https://www.alainet.org/es/active/35131