Rodrigo Borja

Pensador, jurista y político ecuatoriano

 

El sindicalismo independiente mexicano ha convocado a una huelga política nacional a realizarse el martes 16 del mes que corre. A esa convocatoria han respondido no pocas vertientes del los movimientos sociales a favor de modificar el muy crítico statu quo.

 

Ese statu quo, no es pueril señalarlo, es de opresión de los estratos societales económicamente marginados y, a la vez, oprimidos políticamente dada la espuriedad de sus representantes formales en el poder político del Estado mexicano.

 

Esa ausencia de representación real de los trabajadores mexicanos en el poder político el Estado –un fenómeno que no es nuevo, sino que se remonta al apogeo de la “dictadura perfecta”, una de simulación-- los ha convertido en parias.

 

Emblemático de ello son las actuaciones oficiales de los personeros del poder político del Estado, devenidos de las entrañas de un régimen de partidos políticos que actúan cínicamente como grupos facciosos de interés y de presión.

 

En ese régimen, los partidos políticos opuestos a los intereses verdaderos de sus militantes de a pie y, en general, a los de la población y la ciudadanía del país. No son partidos políticos de masas, sino de élites que promueven su perpetuación en el poder.

 

Por definición estadística e incluso sociológica, la ciudadanía mexicana está conformada en su grueso mayoritario por trabajadores de variopinta laya y estrato societal, predominando aquellos de las llamadas capas sociales populares.

 

II

 

Ésas capas son las que en las ciencias sociales y políticas suélense identificar como proletariado, compuesto por aquellas personas que se ven forzadas a vender su fuerza de trabajo según las leyes artificiales –por lo general arbitrarias-- de un mercado laboral.

 

La fuerza de trabajo que es vendida por la inmensa mayoría de la ciudadanía se extiende en México (y en países con enorme población económica y políticamente marginada) y arrib a otros estratos demográficos como el de los niños.

 

Los niños venden –si acaso— su fuerza de trabajo y su propio cuerpo, en un mercado monstruosamente creciente de humanos cuya trata abarca también a las personas de sexo femenino; ese es el execrable tráfico de humanos, muy extendido en México.

 

Bajo las premisas ya descritas, los trabajadores somos todos, independientemente de las modalidades y tasas o precios en los que vendamos cada uno su fuerza de trabajo --que puede ser general o especializada, manual o física o intelectual-- en gradación varia.

 

Empero, el mercado laboral está deprimido, pero esa condición es consecuencia de la filosofía que inspira y determina las actuaciones de los personeros panistas y priístas del poder político del Estado y, por tanto, a éste mismo, y su naturaleza.

 

Así, por su filosofía y naturaleza, el poder político del Estado tiene actuaciones de diseño criminógenos y aplicación franca, impune y cínicamente antisocial. En esa subcultura aberrante se insertan la brutal persecución a sindicatos independientes.

 

III

 

La filosofía del poder político del Estado mexicano es la que conócese como neoliberal, lo que da forma a la naturaleza de éste, que es plutocrática, para servir a la gran oligarquía, lo cual agravia a los trabajadores; es decir, agravia a las mayorías.

 

La huelga política nacional convocada es un instrumento –como lo es la huelga laboral--  de presión sobre el poder para obligar a éste a ceder a las demandas ciudadanas. Una huelga requiere motivaciones y organización; ambas están allí.

 

¿Por qué se le identifica a ésta huelga nacional como política? Por principio, es una acción política; ese atributo ciudadaniza la búsqueda de objetivos reivindicadotes dadas las convergencias de motivaciones y organización. Es una acción política de masas.

 

Ello le otorga a dicha acción política el carácter de movilización popular cuyo objetivo trasciende la protesta mera y accede al estadio de la exigencia social de revertir decisiones del poder político que atentan severamente contra los intereses de casi todos.

 

¿Atenderá el poder político del Estado mexicano esas justísimas demandas sociales de gran representatividad y envergadura? A la luz de la experiencia reciente, es probable que no. Pero esa negativa tendrá sin duda graves consecuencias para el propio poder.