La “solvencia ética” a prueba en la revolución ciudadana

Fidel Narváez

06/04/2010

Opinión

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Cambridge.- Hace exactamente 5 años, en uno de los aciagos días del abril de los “forajidos”, cuando el Ecuador vivía los días terminales del mal gobierno de Lucio Gutiérrez, un puñado de defensores de derechos humanos interpusimos una acción judicial para revocar el estado de emergencia declarado para contrarrestar a la inminente rebelión popular. Semejante recurso no hubiera tenido ninguna posibilidad de éxito sino hubiese sido acogido por autoridad judicial alguna, como en efecto lo fue. Nuestra demanda se procesó de inmediato y el estado de emergencia se quedó sin piso jurídico, aunque ciertamente la acción pasó casi desapercibida en la opinión pública, cuya atención estaba volcada a la protesta callejera. De aquellos demandantes, la mayoría hoy ocupa cargos estelares en el gobierno de la revolución ciudadana.

Al juez que en esa ocasión acogió nuestra demanda lo volvimos a ver un par de años más tarde, entremezclado con los ciudadanos de a pie, en una de las tantas reuniones que se organizaban en los barrios de Quito para discutir el llamado a la Asamblea Constituyente. Era la época en que cargábamos a todo lado una cuna de bebé, como símbolo de la gestación de una Patria Nueva, cuando a manera de ritual, previo a las discusiones ciudadanas, solíamos pasarnos de brazo en brazo a una muñequita ataviada con la tricolor, compartiendo con los demás nuestras expectativas y esperanzas con el nacimiento de un nuevo país. Unos meses más adelante, la Asamblea Constituyente designaría a aquel juez como Fiscal General de la Nación, el mismo que hoy se encuentra en el medio de una tormenta política.

El juicio político que hoy enfrentará el Fiscal es mucho más que un simple ejercicio de fiscalización desde el poder legislativo, algo normal en cualquier democracia que se precie. Y es que en el primer juicio fiscalizador de la revolución ciudadana está en juego la capacidad misma de los diferentes actores por llevar un debido proceso, por demostrar que esta revolución en efecto puede producir una nueva forma de hacer política, ajena al escándalo y al desprestigio sin fundamento.

Son varios los hechos que hacen de este enfrentamiento, y de su próximo desenlace, una verdadera prueba de fuego para la imagen del proceso de cambio:

* Los interpelantes del Fiscal son legisladores que están entre los hijos más legítimos de esta revolución, algunos de ellos también protagonistas de la insurrección que hace cinco años semi-sepultó a Lucio Gutiérrez. En ellos, como en muchos otros de sus colegas, la mayoría del país ha puesto la esperanza de un poder legislativo distinto a los vergonzosos congresos de la vieja partidocracia, al parecer tan dura de matar. De la integridad moral y del compromiso revolucionario de los interpelantes, en lo personal, no me cabe la menor duda, pues me precio de haberlos conocido en diferentes espacios. Es cierto que tendrán que probar la solidez de sus acusaciones sobre lo que ellos consideran sería “falta de probidad notoria” del Fiscal. Sin embargo, la sugerencia de que en ellos primaría un supuesto afán de protagonismo es por demás injusta, peor aún viniendo de ciertos compañeros de su propia bancada.

* La sentencia política está en manos de una asamblea donde la voz cantante la tiene el movimiento liderado por el Presidente Correa. La falta de unidad de criterio en su interior, sobre la procedencia o no del juicio al Fiscal, devela tal vez lo más trascendente, políticamente hablando, del caso en cuestión. Al no ser públicas las deliberaciones internas del movimiento PAIS, uno debe juzgar por las declaraciones mediáticas de sus diversos miembros. La diversidad de criterios al interior debería considerarse saludable, por supuesto, pero por citar un ejemplo, la afirmación de que “parece que aquí algunos tienen agenda propia… mi única agenda es la del proyecto del Presidente Correa…” (palabras más, palabras menos), denota: falta de consideración a sus compañeros, quienes se deben a un mismo proceso político; una incondicionalidad ciega, que raya en la subordinación, pues no abre la posibilidad a que el líder en alusión pueda a lo mejor equivocarse; y falta de argumentos para justificar una postura política.

Una actitud deliberante, cuestionadora, de iniciativa y cabeza propia es la que debe primar en un movimiento progresista; lo contrario desentona. Y desanima. El juicio al Fiscal nos permitirá afortunadamente entender mejor las dinámicas y las tendencias dentro del complejo y diverso movimiento PAIS.

* Sobre el interpelado la Asamblea puso en su momento parte de la difícil tarea de inspirarnos confianza en la justicia, algo que, objetivamente, no es tarea de un solo hombre. Éste en todo caso llegó al cargo con y por sus méritos, a raíz de un concurso inédito hasta ese entonces, sin recurrir a su vieja amistad con el Presidente de la República. Es más, probablemente no serán pocos tampoco los logros que éste pueda exhibir sobre su gestión actual. Sin embargo, ese no es el punto en discusión. El punto es que, por la naturaleza del cargo de un Fiscal General, su “solvencia ética” - término al que suele recurrir el Presidente Correa – es fundamental para disipar cualquier indicio de impunidad o de falta de parcialidad en la justicia.

Si bien no es posible anticiparse a si el Fiscal podrá o no desvirtuar las diversas acusaciones que se le hacen, y no sería justo prejuzgarlo antes de que éste haya ejercido su legítimo derecho a la defensa, me temo que al menos hay un par de buenas razones que justifican su interpelación política.

* Hay un adagio popular que dice: “Dale poder a un hombre y lo conocerás….” Los funcionarios públicos con tanto poder a la mano tienen su ética a prueba en cada acción u omisión, en cada paso que dan o que no dan. El Fiscal General nos está desilusionando a muchos, entre otras cosas, a raíz del vergonzoso comunicado público suscrito por el grueso de fiscales del país, a propósito de un lamentable accidente de tránsito en el que se viera envuelta la esposa del primero. En el documento de marras, quienes tienen la responsabilidad de investigar con imparcialidad los delitos, sin favor, ni prejuicio, ni perjuicio para absolutamente ningún ciudadano, sea cual fuere su relación con el poder, de una manera comedida, oficiosa y hasta servil, apelando tal vez a un mal hadado espíritu de cuerpo, se permiten prevaricar a favor de una de las partes, sin haber antes siquiera dado paso a un debido proceso. Por si fuera poco, el desatinado comunicado público lleva además tintes de xenofobia, repudiables en una revolución progresista, e inaceptables en quienes son los responsables de impartir justicia.

* El Fiscal ya ha dicho que él no tuvo nada que ver con la brillante acción de sus subordinados y que éstos actuaron aparentemente por pura iniciativa propia. Aún con el beneficio de la duda, el resultado es el mismo. La confianza ciudadana en la justicia se desmorona aún más porque los responsables de sostenerla nos siembran dudas sobre su “solvencia ética”, a vista y paciencia de quien se supone debe tenerlos a raya, en el buen sentido del término. Si el Fiscal no supo que la publicación se hacía a sus espaldas, debió de inmediato condenar y rechazar públicamente el hecho, e impartir las sanciones del caso, so pena de que su propia “solvencia ética” se vea en entredicho, como en efecto ha sucedido. No lo hizo y ahora le debe una gran explicación al país, más allá de que más tarde, a raíz del estupor ciudadano, se abriera aparentemente una investigación administrativa sobre el hecho.

* El pronunciamiento hecho por el Presidente Correa alrededor del tema, es tal vez, para muchos de quienes lo admiramos y lo apoyamos, el más triste que le hayamos escuchado. El Presidente dice que las pasiones están subidas de tono y conmina a sus asambleístas a despojarse de su inmunidad parlamentaria para enfrentar nada menos que al hombre más influyente en la justicia ecuatoriana, provocando de paso que se enciendan las alarmas al interior de la bancada legislativa de su movimiento. En un proceso de cambio creo yo que las pasiones deberían estar siempre ardientes, siendo el Presidente el primero que mantiene el fuego con leña. La inmunidad a su vez es más un derecho que un privilegio, para cualquier parlamentario en el mundo entero.

* El Presidente da fe de conocer al Fiscal General desde hace muchos años, pero ese tampoco es el punto. Entendemos por ejemplo que también conocía de muchos años a su ex Ministro de Deportes, quien definitivamente sí resultó “éticamente insolvente”, al juzgarse solo por la interlocución que mantenía con sus subordinados, y que le mereciera el apelativo del “dueño del circo”. Todo esto al margen de si fuera inocente o culpable de las acusaciones que lo tuvieron tras las rejas. El Presidente debe por tanto evitar cada vez más el meter sus manos al fuego por ningún funcionario, solo como medida de precaución, puesto que el poder bien pudiera haber cambiado a quienes antes de ostentarlo se mostraron como sus amigos “éticamente solventes”.

* El Presidente tiene absoluta razón en pedir respeto para la familia del Fiscal General, en relación a la exposición mediática a la que éste ha sido expuesto, haciendo alusión tal vez a un tratamiento quizás subido de tono desde una estación radial capitalina. El Fiscal tiene por supuesto el derecho a que se respete su imagen y la honra de su familia, independientemente de sus eventuales culpas o errores. Esa es la verdad que también es preciso poner por sobre la amistad que me une con la estación radial que estaría siendo aludida. Sin embargo, la gran pregunta que queda por responderse, y tal vez el Presidente debería hacerlo, es: ¿porqué ese mismo derecho no les asiste, por ejemplo, a las familias de los diversos periodistas que con tanta frecuencia son objeto de escarnio público desde la voz oficial, al margen de que muchos de ellos sean por cierto muy cuestionados y cuestionables, e independientemente de sí la razón de fondo la tiene o no el gobierno? Las circunstancias alrededor del enfrentamiento político Gobierno – prensa, clave para entender este proceso de cambio, merecen sin embargo un análisis aparte.

El Presidente bien ha dicho que “entre la amistad y la verdad…”, se irá con la verdad, en alusión a los asambleístas que se han echado al hombro el juicio contra el Fiscal. Estamos seguros que la frase aplica también para la amistad que le une al Presidente con el propio Fiscal, más aún cuando el primer mandatario ya demostró escoger a la verdad incluso por sobre su propio hermano de sangre. Debemos tomarle la palabra entonces al Presidente y a todos y cada uno de los asambleístas, en especial a la bancada de PAIS, donde las alarmas están encendidas.

Solo una interpelación libre de amistades y “lealtades” políticas podrá hacer que la verdad y la justicia finalmente prevalezcan. Esa fue la esperanza de la que nos hicimos hace tres años cuando simbólicamente celebrábamos el nacimiento de un nuevo país. Y ese es, en definitiva, el punto.

- Fidel Narváez es Miembro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, APDH del Ecuador y del Movimiento Ecuador en el Reino Unido, MERU.

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