Despedida: en medio de una abstención superior al 50%, denuncias de compra de votos y un escrutinio escandaloso, el resultado de las recientes elecciones legislativas fue vivido como un triunfo aplastante del gobierno colombiano. Pero las cifras parecen insuficientes para sostener la idea de que Álvaro Uribe se irá del Ejecutivo ostentando el mismo caudal de popularidad que supo mostrar en mejores momentos. En un escenario favorable a la continuidad de las políticas de derecha, el líder saliente impulsa ahora a su heredero, Juan Manuel Santos, para las presidenciales del 30 de mayo.

Los números, que tanto enorgullecen a muchos líderes políticos en todo el mundo, funcionan como un arma de doble filo cuando hay que enfrentarlos desde el escepticismo y el descontento popular. Así, el enorme respaldo ciudadano que ostentó el presidente Álvaro Uribe en el pico de su gestión, gracias a su “política de Seguridad Democrática” contra los grupos armados, se precipitó en los últimos meses, debido –según coinciden analistas y empresas encuestadoras– a las medidas económicas impopulares adoptadas para enfrentar la crisis capitalista global y a la creciente corrupción. El resultado en las recientes elecciones legislativas del 14 de marzo, donde el partido oficial logró el triunfo aunque con apenas un 25%, determinaron que el “uribismo” deberá mantener su previsible alianza con el Partido Conservador –segundo en la contienda– para evitar extrañar a su líder. Estos números, que consolidan una amplia mayoría oficialista en el Senado y en la Cámara de Representantes, nacieron acompañados de serias denuncias de compra de votos, de una importante abstención popular, que promedió el 55%, y de un fuerte caudal de votos nulos, que llegó al 12%. Todo podría ser efímero para un presidente popular si no fuera porque Uribe entró indefectiblemente en la última etapa de su mandato. El histórico liderazgo del Presidente y sus influencias resultaron insuficientes para reformar la constitución de Colombia, que prohíbe expresamente una segunda reelección presidencial. La Corte Constitucional consideró improcedente el intento re-reeleccionista del Presidente en el mismo momento en que la consultora Gallup advertía que la imagen del mandatario había desmejorado en los últimos meses. Según esos números, a comienzos de marzo, al menos el 50% de los consultados estaba en desacuerdo con el manejo que le ha dado Uribe a la economía. Además, el 59% de los ciudadanos colombianos valora negativamente su gestión en materia de salud. Ambas cifras de rechazo son superiores incluso a las que se hicieron públicas en diciembre de 2009.

Si pese a todo Uribe mantiene una “imagen positiva” –como la definen las consultoras de opinión– cercana al 60%, ¿qué cosas le cuestionan los colombianos a su presidente? Fundamentalmente, critican los decretos de emergencia social impulsados para remediar la crisis financiera, con medidas como el incremento en los impuestos sobre determinados productos de consumo masivo. Además, cerca del 60% de los ciudadanos observa que ha empeorado la calidad de la seguridad social, que no hay una política de lucha contra la pobreza y que el costo de vida se ha disparado desde que Uribe inició su gestión. Éstas y otras mediciones alertan que ha cambiado la valoración que tienen los colombianos de sus cuestiones más urgentes. Según los encuestados a comienzos de este año por la ONG Misión de Observación Electoral, los principales problemas políticos que veían los ciudadanos en febrero pasado son la corrupción, el desequilibrio de poderes y la incertidumbre que por ese entonces reinaba acerca de la reelección presidencial. Gallup y otras mediciones señalan que apenas un reducido porcentaje de ciudadanos sostiene que la “seguridad” o “el orden público” son el principal problema que los aqueja. Como se sabe, el caballito de batalla de Uribe desde el inicio de su gobierno (en 2002) es la militarización del país, a través de un refuerzo del rol de las fuerzas de seguridad y una ampliación de su capacidad armamentística y tecnológica para combatir la violencia y hacer frente al conflicto armado interno.

Principio de transparencia

La Corte Constitucional de Colombia dio el último veredicto a fines de febrero pasado: Uribe no podrá presentarse a un referendo popular por un nuevo período presidencial. Entre otros argumentos, el tribunal cuestionó que la sesión legislativa en la que se había aprobado esa consulta reunía varias irregularidades, entre ellas el sospechoso cambio de opinión de algunos legisladores que inicialmente se oponían a una nueva reelección y que luego aprobaron la propuesta. El fallo asegura también que se detectó “un conjunto de irregularidades” en el manejo de fondos para la financiación de la campaña de recolección de firmas entre los ciudadanos. Se gastaron –según los jueces del máximo tribunal– “más de seis veces lo habilitado por las autoridades electorales y recibieron aportes hasta 30 veces más de lo permitido”. La conclusión –señala la resolución– es que la búsqueda de firmas ciudadanas para que aprueben la convocatoria a un referendo “vulneró el principio constitucional de transparencia”. La cuestión de la transparencia persigue al presidente Uribe desde su anterior reelección y hasta las recientes legislativas. En la justicia colombiana permanecen expedientes del año 2006 donde se denuncia “tráfico de influencias”, es decir la oferta de cargos públicos o prebendas a legisladores a cambio de que votaran a favor de la reforma constitucional de ese año, cuando logró su primera reelección. Algunas de esas causas terminaron en detenciones y procesamientos y permitieron ventilar casos como los de los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, que en el último momento cambiaron su voto y destrabaron la reelección de Uribe. Aquella historia se repitió –como lo comprobó la Corte Constitucional– en este nuevo intento reeleccionista y en las legislativas de marzo. La Misión de Observadores Electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) denunció, entre otras anomalías, que en la población de Magangué, en la costa Caribe, los votos se pagaban en el mismísimo sitio de votación y que se cotizaban en alza conforme avanzaba la jornada electoral. Otras tantas situaciones irregulares fueron detectadas por la OEA en otros puntos como Bolívar, Magdalena, Santander, Atlántico y Cundinamarca, según el jefe de la misión, Enrique Correa. Agregó que en Atlántico los electores recibieron a cambio de votos becas estudiantiles, mientras que en Magdalena se observaron personas que indicaban el sitio donde los ciudadanos podían pasar a cobrar.

Hasta antes del fallo de la Corte que puso freno a las aspiraciones de Uribe, el Presidente cosechaba niveles de intención de voto cercanos al 50%. Ahora, sin Uribe en el horizonte, la política colombiana se debate en otro terreno. El oficialista Partido Social de la Unidad Nacional (o Partido de la U) se encolumnó detrás del ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, una astilla del mismo Jefe de Estado. El partido Conservador, aunque disputará la elección presidencial con candidato propio, Noemí Sanin, seguirá siendo un aliado inquebrantable si hay que acompañar a Santos en una segunda vuelta electoral. Parecía que no podía haber en Colombia algo más a la derecha del uribismo y de los aliados conservadores, hasta que surgió el Partido de Integración Nacional. El PIN, que debutó en las legislativas del 14 de marzo con casi el 7% de los sufragios, está formado por los herederos de legisladores detenidos o procesados por financiar o colaborar con la extrema derecha armada colombiana. Vale decir, uribistas que no pudieron escapar de los nexos de la llamada “parapolítica”. De cara a las presidenciales, el frente opositor tiene entre sus candidatos al ex guerrillero del M-19, Gustavo Petro, del Polo Democrático Alternativo (centroizquierda); Rafael Pardo, del Partido Liberal; el ex senador Germán Vargas Lleras, del partido Cambio Radical (liberal, el más uribista de los opositores); el ex alcalde de Medellín Sergio Fajardo, del movimiento Compromiso Ciudadano (centro) y el ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, por el Partido Verde (centro). Excepto el Liberal, ninguno de estos partidos o alianzas consiguió más del 7% en las legislativas pasadas, aunque algunos de estos nombres están en carrera presidencial, según sondeos privados. A juzgar por los resultados del 14 de marzo, casi con seguridad habrá una segunda vuelta electoral el 30 de mayo porque ninguno de los postulantes obtendría el 50% de los votos. Aun así, Santos aparece como mejor parado, capitalizando la principal bandera de Uribe y la que más reputación le dio a él cuando era ministro de Defensa: la lucha contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). El respaldo del presidente colombiano a Santos no tardó en llegar: “es un derecho que se mantenga el rumbo de firmeza en una política de seguridad que garantice a las próximas generaciones una Colombia en paz”. Tras la resolución de la Corte, centenares de personas se congregaron en el centro histórico de Bogotá para gritar “Uh ah, Uribe ya se va”. El Presidente promete seguir ayudando al país “desde cualquier otra trinchera”. Pero esa será otra etapa de la historia de una Colombia que, inexorablemente, se encamina a coronar a un presidente que no será Álvaro Uribe.

Astilla del mismo palo

Juan Manuel Santos es el hombre del uribismo en las próximas presidenciales colombianas. Disidente liberal como Uribe, concurrirá por el Partido Social de Unidad Nacional, agrupación conocida como Partido de la U, que él mismo formó en 2005 para promover la primera reelección del actual jefe de Estado. Es primo hermano del actual vicepresidente de Colombia, Francisco Santos. Fue ministro de Comercio durante el Gobierno de César Gaviria (1990-1994) y de Defensa en la Administración de Uribe. Santos pertenece a una familia tradicional colombiana que, entre otros negocios, controló hasta hace poco el diario El Tiempo, cuya mayoría ahora maneja el Grupo español Planeta. Llegó a ejercer el periodismo y estudió Economía y Administración de Empresas con maestrías en Londres y en Harvard. Como sucede con Uribe, su reputación como funcionario se apoya en la lucha contra la guerrilla, la militarización del país y el rechazo a cualquier salida dialogada. En julio de 2008, la gestión Uribe-Santos puso en marcha la llamada Operación Jaque, por la que el Ejército rescató a 15 rehenes en poder de las Farc, entre ellos Ingrid Betancourt. Ambos gozan además del raro privilegio de haber comandado la invasión a Ecuador para atacar un campamento de las Farc, durante la llamada operación Fénix, en marzo de 2008. La popularidad recogida entre buena parte de los colombianos por aquella acción chocó con la reacción unívoca de los gobiernos de América Latina por poner en práctica la indefendible teoría de la guerra preventiva. Santos reivindicó aquel ataque como una acción de “legítima defensa”. Tanto el saliente como el aspirante ya tienen su lugar en la historia latinoamericana. Uribe y Santos el presidente y el ministro que estuvieron a punto de provocar una guerra de dimensiones impredecibles, en una región que, con enormes esfuerzos, se encamina hacia la paz y la integración.

Fuente: http://www.americaxxi.com.ve/numeros/0060/noticias0060/colom01.html