El influyente diario "The New York Times" publicó el 9 de marzo pasado una nota que dejó estupefactos a muchos de sus lectores. Describió allí cómo la República Argentina sigue manteniendo rigurosamente cerrados sus archivos nazis, a más de 57 años de terminada la Segunda Guerra Mundial. La nota periodística guardaba, sin embargo, relación con dos libros del periodista Uki Goñi, titulados: "Perón y los alemanes. La verdad sobre el espionaje nazi y los fugitivos del Reich" (1998) y "La Auténtica Odessa. La fuga nazi a la Argentina de Perón" (2002). "La Auténtica Odessa" intenta demostrar en qué circunstancias se produjo la llegada de los nazis a la Argentina y su tesis se basa en la afirmación de que Juan Domingo Perón construyó una red internacional de agentes para traer al país a centenares de criminales de guerra belgas, franceses, croatas, italianos y alemanes. Dicha red, según el autor, tuvo su auge entre los años 1946-1949, se encontró vinculada con la Cruz Roja y la Iglesia Católica y operó en seis países. Goñi destacó entonces que la Argentina mantenía una serie de archivos con información referida al ingreso de numerosos nazis al suelo nacional, entre los cuales se contaba a Mengele, Eichmann, Bohne, Schwammberger y Priebke. Archivos que darían cuenta, entre otros aspectos, del rol desempeñado por la Dirección Nacional de Migraciones durante aquel período. A partir de la publicación de los libros en cuestión fueron muchos los actores que salieron a escena. El Centro Wiesenthal solicitó a la Conferencia Episcopal, al Ministerio del Interior, a la Cancillería y la SIDE, que liberasen la información que al respecto tuvieran en su poder. Unos y otros habrían sido partícipes de la red en cuestión, ya sea dirigiendo el plan desde las embajadas argentinas, emitiendo documentos para los recién llegados, o bien admitiendo ilegalmente el ingreso de aquellos al país. A modo de respuesta, la Conferencia Episcopal señaló que su creación había sido posterior a 1946 y que, por lo tanto, nada sabía al respecto. Por su parte, la SIDE alegó no tener documentos vinculados con el tema, y los ministerios del Interior y Exterior ni siquiera contestaron la petición. La polémica fue reavivada luego, con la aparición de la nota en el "New York Times". En 1997 se creó la Comisión para el Estudio de Actividades Nazis en Argentina -CEANA-, a través de un decreto del ex presidente Carlos Menem. Esta comisión tuvo a su cargo investigar quién vino al país, qué riquezas trajo consigo y cuáles fueron las actividades que desarrolló. Los nazis poseían en la Argentina bienes e inversiones por un valor de entre 200 y 341 millones de dólares al final de la Segunda Guerra Mundial, según un informe de la Administración de Economías Extranjeras del gobierno de los Estados Unidos de abril de 1945. Esta cantidad, que representa el 15% de todos los activos nacional-socialistas en el extranjero, es aproximadamente la misma que tenían en el resto de América Latina y bastante superior o similar a lo depositado en España, Turquía y Portugal. Si bien la CEANA pudo haber llevado a cabo una buena tarea de documentación, lo cierto es que omitió toda referencia a la participación activa que en la misma habría desempeñado, a criterio de Goñi, su creador: Juan Domingo Perón. Es más, hasta habría evidencias que pocos meses antes de la creación de esa comisión, la Dirección Nacional de Migraciones destruyó por orden de un "superior" sus archivos referidos a los nazis arribados al país al término de la Segunda Guerra. Es justamente por eso que los diputados socialistas Rubén Giustiniani, Alfredo Bravo, Oscar González, Jorge Rivas, Héctor Polino, Ariel Basteiro y Eduardo García presentaron un proyecto de resolución para que la Cámara de Diputados le pida informes al Ejecutivo sobre la presunta destrucción de los archivos en 1996. La presión para que la Argentina descubra sus registros viene también desde los Estados Unidos. El diputado demócrata Maurice Hinche presentará en pocos días más un proyecto de resolución para que el Congreso de ese país "urja al gobierno argentino a liberar los documentos oficiales sobre la relocalización en Argentina de nazis y otros criminales de guerra". Según trascendió, Hinche le reclama a la Argentina sus deberes como parte integrante de la Task Force Internacional para la Cooperación en la Educación, el Recuerdo y la Investigación sobre el Holocausto. Destaca, asimismo, que como signataria de la Declaración de Estocolmo se encuentra obligada a tomar las medidas tendientes a "arrojar luz sobre las áreas todavía oscuras del Holocausto". La complicidad argentina con la Alemania nazi, sobre todo con posterioridad a la Segunda Guerra, sigue siendo un capítulo signado por el silencio y el tabú. Por eso la importancia de los archivos en cuestión: esa memoria escrita con la cual reconstruir el pasado reciente y saber cómo es que nuestro país hospedó con tanto esmero a los suboficiales y oficiales de Hitler. Martes 20 de mayo de 2003