Minería como sustento de las economías
01/12/2009
- Opinión
El arribo de gobiernos “del socialismo del siglo XXI” a América Latina generó expectativas en diversos sectores de la sociedad, dentro y fuera de los países donde se presenta esta tendencia.
Un sector que se vinculó a los procesos electorales de líderes de izquierda fue el ecologista. Considerado como el ala verde, más cercano a la izquierda, fue en algunos casos co-protagonista en las candidaturas izquierdistas en los diversos procesos electorales de países con gobiernos progresistas en la región
No obstante, la discusión sobre el significado político y social del aumento en la cantidad de gobiernos de izquierda que han ido posicionándose en América Latina luego de años de hegemonía neoliberal, ha ido desplazando un análisis más profundo sobre los modelos de desarrollo de estos gobiernos.
La urgencia por reparar deudas sociales y económicas acumuladas a través de décadas o siglos en algunos casos, -por no mencionar la enorme deuda histórica con los pueblos indígenas originarios- ha hecho que uno de los énfasis más importantes en los países con gobiernos de izquierda sea la redistribución del ingreso.
Acostumbradas las sociedades latinoamericanas a la injusticia e inequidad, actualmente el énfasis en la administración económica de esos gobiernos recae sobre la distribución del ingreso de manera más justa y equitativa. Se logra así incorporar aunque lenta y parcialmente importantes sectores antes sumidos en la pobreza y ahora en proceso de ser parte de los sistemas productivos y de consumo.
Muchos paliativos a la pobreza tales como los conocidos bonos para combatirla han caracterizado las administraciones más comprometidas con un cambio acelerado en la condición de pobreza de amplios sectores de la población Es el caso de Venezuela, Bolivia y Ecuador. (BBC Mundo 27/05/ 2009)
¿De donde se obtienen los recursos para redistribuir y pagar los bonos de pobreza? Tanto en el caso de Bolivia como en el de Ecuador se obtienen de la exportación de recursos naturales, aunque Venezuela es probablemente el ejemplo más claro de revolución basada en ingresos por petróleo.
Bolivia ha comprometido ganancias presentes y futuras de la venta de hidrocarburos ahora singularmente “nacionalizados” y no deja de mirar la minería como fuente de recursos que puede asir al momento de requerir más presupuesto nacional para reasignar. (www.presidencia.gob.bo/bono.php)
Ecuador ha basado su redistribución en la industria del petróleo y Venezuela no ha dejado de hacerlo siendo el mejor ejemplo del sustento de políticas sociales en actividades extractivas no sustentables.
Para los tres casos, los precios de estas mercancías determinan la sostenibilidad de las políticas redistributivas. Una carta bajo la manga de estos experimentales gobiernos de izquierda es la minería. (Diario El Correo 16/01/2007)
Bolivia rico en minerales tiene una historia minera amarga por pobreza, contaminación y altos índices de exclusión.
Depender de precios de minerales y transferir yacimientos a empresas transnacionales ha contribuido a la vulnerabilidad económica y a la pérdida de riquezas por saqueo, fenómeno generalizado que caracteriza la explotación de recursos naturales en la región
¿Como se relacionan los gobiernos de izquierda con la industria minera?
Bolivia sigue poseyendo recursos minerales abundantes y los intereses transnacionales sobre ellos se mantienen. Los más importantes con la excepción de la mina estatal Huanuni se encuentran en manos privadas o bajo contratos de riesgo compartido.
Coro Coro en La Paz, San Cristóbal y San Bartolomé en Potosí, Kori Chaka en Oruro, Don Mario en Santa Cruz y el renombrado Mutun, en riesgo compartido, también en este departamento forman la base minera industrial más importante en el país.
Estos proyectos, ya sea en operación o en planificación, han recibido el apoyo del gobierno. Incluso Minera San Cristóbal en manos de Sumitomo impresionó positivamente a Morales durante una visita a las instalaciones hace unos meses. (www.hidrocarburosbolivia.com)
Por otro lado, todos estos proyecto han sido objeto de críticas provenientes de diversos sectores de ONGs y/o de comunidades, por sus efectos negativos en el ambiente y en la calidad de vida de quienes sufren dichos efectos. San Cristóbal por ejemplo es señalada por la federación campesina Frutcas como la fuente de vulnerabilidad hídrica por el alto consumo de aguas subterráneas. (www.conflictosmineros.net/contenidos/4-bolivia/4155)
Hay casos en que las comunidades se oponen de manera frontal a dichos proyectos y todos incluyen unos más, otros menos, algún grado de conflictividad con las comunidades aledañas. (Hoy, 29/10/2009)
El proyecto Coro Coro es uno de los más representativos de esta fiebre minera en Bolivia. (La Hora, 26/10/2009)
Las comunidades rechazaron la inauguración del proyecto pues ni siquiera había considerado la consulta acorde al Convenio OIT 169 y no contaba con la aprobación del estudio de impacto ambiental correspondiente. A pesar de ello Morales ya le había dado su visto bueno. El proyecto está en discusión. (Los Tiempos 19/11/2009)
Con el arribo de la empresa minera de la Alba la presión por minerales no hace mas que aumentar. (Revista minera de Venezuela 1/11/2009)
Extractivismo contagioso y nueva deuda socioambiental
Ecuador , por su parte, bajo un gobierno “socialista del siglo XXI”, ha recorrido un camino similar aunque marcado por una mayor desesperación del oficialismo por iniciar la actividad minera a gran escala, hasta ahora desconocida en el país. (El Comercio 21/09/2009).
Presionado por las promesas de redistribución de ingresos y mayor justicia social, pero con precios del petróleo estancados y remesas de migrantes decrecientes, echar mano a la minería se presenta como una opción tentadora al momento de cumplir los compromisos de redistribución.
Por eso, la primera ley aprobada al cabo del proceso constitucional fue la ley de minería.
También quienes se oponen o son críticos a la minería han sido transformados en enemigos del gobierno. Y de paso, las transnacionales sus aliadas.
No es entonces extraño que aquellos sectores ecologistas que apoyaron los procesos que llevaron a mandatarios de izquierda a sus sillones presidenciales hoy vean con desconfianza los pasos que éstos dan para priorizar la minería por sobre otras actividades sustentables, conservación ambiental, cuidado del agua, y efectos negativos en comunidades pobres y vulnerables a las actividades extractivas a gran escala.
Por ello, iniciativas que trabajan sobre conflictos mineros en América Latina y efectos negativos de la minería como el caso de Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) han dedicado espacios de discusión respecto a esta inquietud. Se ha planteado reiteradamente como pregunta si los gobiernos de izquierda se asemejan a los neoliberales en materia de extractivismo. Según algunos, la respuesta es afirmativa.
La siguiente pregunta formulada es, ¿si para satisfacer las necesidades de sectores pobres de la población han de ser sacrificadas comunidades que ven destruido su entorno, calidad de vida, cultura, agua, salud y condición ético-moral e incluso seguridad personal al ser forzadas a aceptar proyectos de extracción minera?
De igual modo surge la pregunta del caso sobre ¿si el desarrollo de un grupo va a seguir descansando en la miseria de otros?
El tener que hacerse estas preguntas es de enorme preocupación ya que las respuestas podrían conducir a que no habría gran diferencia en las políticas extractivistas de los gobiernos de izquierda con sus pares neoliberales. Tal vez la única gran diferencia es el énfasis en el pago de deudas sociales históricas pero a base de creación de nuevas deudas socioambientales que también en algún momento habrá que pagar. Aunque esta vez haya que considerar que muchos daños socioambientales son considerados irreparables.
Efecto de la crisis del sistema financiero
Otro factor que ha tenido influencia en el desarrollo de la industria minera ha sido la crisis del sistema financiero internacional, para situar a los responsables en el hemisferio que corresponde.
Las incertidumbres asociadas a la profundidad de la crisis tuvieron efectos en los precios de la gran mayoría de las mercancías. No fueron la excepción los minerales y metales en general. El cobre, por ejemplo, abandonaba uno de sus mejores momentos de la historia registrando cuatro dólares la libra.
La crisis reciente castigó el precio del metal rojo llevándolo a menos de 1,5 dólares por libra. Comparado con los cerca de 60 centavos que alcanzó en los peores tiempos de la crisis asiática, no podemos hablar de una situación extremadamente crítica. Diferente circunstancia vivió el comercio del oro. Refugiarse en este metal precioso es una de las reacciones sobre todo cuando las crisis son por especulación financiera como la que vivimos. Ello levó a que el mercado del oro se mantuviera relativamente estable con un aumento en los últimos meses que lo ha puesto sobre 1150 dólares la onza. (www.economiaynegocios.cl/mercados/mercancias.asp)
El desarrollo de proyectos mineros previos a la crisis fue postergado hasta nuevo aviso. La falta de liquidez de la banca que financia el desarrollo de proyectos mineros influyó negativamente su desarrollo. La incertidumbre fue generalizada y países, cuyas exportaciones dependen en gran medida de la minería tales como Chile y Perú, comenzaron a calcular los efectos de la caída en la inversión minera.
Al cumplirse cerca de un año del fenómeno, la minería recobra los aires de optimismo de la época pre crisis. Con crecimiento sostenido en China y leves recuperaciones de varias economías emergentes, al menos el cobre recuperó gran parte de su caída. Los precios de este metal están bordeando los tres dólares la libra. Con costos de producción de entre cuarenta y sesenta centavos la libra, el negocio del cobre sigue situado entre los más rentables.
Los sectores críticos a la minería que al comienzo de la crisis pensaron vivir una larga pausa en la expansión de los impactos socioambientales por nuevos proyectos mineros, hoy ven que la reactivación de la actividad puede tener mayores efectos negativos. Esto principalmente por los incentivos de los Estados que implican flexibilización laboral, ambiental y tributaria en desmedro de los derechos de los trabajadores, los ecosistemas, las comunidades aledañas y el patrimonio nacional.
En este contexto solo podemos pronosticar crecientes conflictos asociados a la actividad minera en la región. Como botón de muestra mencionamos los anuncios de instalación de una base militar en el norte del Perú para proteger el conflictivo y polémico proyecto Majaz caracterizado por atropello a los derechos humanos. (La Republica 07/11/2009)
Junto a las bases militares en Colombia, ¿será esto el inicio de la militarización definitiva de las zonas de interés minero y recursos naturales con altos grados de rechazo de la población local?
Si esto es así, la minería estará asociada a violencia y ganará más desprestigio internacional y las campañas antimineras se desplazaran aun más a escenarios del norte.
- César Padilla es Coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) www.conflictosmineros.net
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