Satisfacción fue la expresión de los familiares de afectados por el asbesto en la ciudad italiana de Turín, al escuchar el reciente fallo  que condena a 16 años de cárcel a los ejecutivos de la empresa Eternit (Génova), Stefan Smitheiny y el barón belga y ex directivo de la empresa, Jean-Louis Marie Ghislain de Cartier de Marchienne. La acusación fue por “desastre ambiental doloso y por no cumplir con los requisitos de seguridad laborales”, informaron medios de comunicación italianos.

 

Se les considera responsables de “no haber adoptado las medidas necesarias” que evitaran que los trabajadores y los habitantes cercanos a las diferentes sedes de la empresa fuesen expuestos al asbesto.

 

Según la acusación, murieron 2.191 personas y otras 665 enfermaron a causa de patologías relacionadas. <http://www.aguasdigital.com/alerta/leer.php?idnota=4373590&efenew=1#>

 

Este histórico fallo, ampliamente reproducido en los medios de comunicación, especialmente los alternativos, no es el único caso donde se condena, se procesa o se intenta hacer justicia con cargo a negligencias o simplemente delitos o crímenes de ejecutivos de empresa transnacionales.

 

Si bien es cierto el fallo de la corte de Turín implica la condena de multimillonarios por sus responsabilidades criminales, los otros fallos y procesos judiciales han ido sentando lentamente precedentes que indican que podemos estar frente a un cambio de de mentalidad y valores en la justicia de diversas partes del mundo. Ello, frente a la permanente flagrancia y la correspondiente impunidad, de la que han gozado los directivos de las transnacionales.

 

Hemos afirmado permanentemente que existe la necesidad de contar con una Corte Penal Ambiental Internacional que dé cuenta de los crímenes ambientales, donde quiera que ellos sucedan. No obstante, la iniciativa aun no logra reunir el suficiente apoyo y vencer de paso los intereses que convenientemente se oponen a dicha Corte.

 

En el ámbito de la minería queremos destacar algunos casos que apuntan a un posible cambio de mentalidad y valores en materia de persecución de delitos y crímenes, encubiertos muchas veces bajo la excusa del desarrollo y el empleo, que justificaría el sacrificio de ecosistemas, comunidades y trabajadores.

 

 

Fue también en Italia que el director ejecutivo de la transnacional alemana Thyssenkrupp fue condenado por varias muertes aducidas a su responsabilidad.

 

Un tribunal de Turín condenó al director ejecutivo de ThyssenKrupp en Italia, Harald Espenhahn, a 16 años y medio de prisión, por el homicidio de siete trabajadores que murieron en un incendio en la acería de la transnacional en Turín, el 6 de diciembre de 2007.

 

No obstante el fallo no quedaría ahí ya que se encontraron más responsables por la muerte de los trabajadores de la usina italiana.

 

Otros cinco dirigentes de la compañía fueron también condenados por homicidio involuntario a penas de prisión de hasta 13 años y medio. A la compañía alemana se le impuso una multa de 1 millón de euros. Además, la compañía no podrá recibir subvenciones estatales italianas durante seis meses. http://www.conflictosmineros.net/contenidos/18-internacional/7249-el-director-ejecutivo-de-thyssenkrupp-en-italia-condenado-por-varias-muertes

 

Coincidentemente fue tambiésn en Italia , donde el 2007 se condenó a 3 ex directivos de una empresa nacional por su responsabilidad en la muerte de trabajadores.

 

Tres ex directivos de la empresa italiana de construcción naval Fincantieri fueron condenados este lunes en Palermo (en la sureña isla de Sicilia) a varias penas de cárcel por la muerte de 37 obreros debido al uso del amianto (asbesto), informaron fuentes de prensa locales.

 

Luciano Lemetti fue condenado a siete años y seis meses de reclusión, mientras Giuseppe Cortesi lo era a seis años y Antonio Cipponeri a tres años....

 

...Según las acusaciones de la Fiscalía, Fincantieri continuó empleando amianto hasta 1999 pese a la prohibición decretada en 1996. http://www.conflictosmineros.net/contenidos/18-internacional/5510-condenan-a-tres-ejecutivos-por-el-uso-de-asbesto-en-sicilia

 

En el 2010 le tocó el turno a China, donde se sentenció a periodistas por el encubrimiento de un fatal accidente en el sector minero.

 

Nueve periodistas de ocho organizaciones de medios de comunicación han recibido penas de prisión de un año y medio a 16 años por aceptar sobornos para encubrir un mortal accidente de una mina de carbón en el norte de China. http://www.conflictosmineros.net/contenidos/18-internacional/5418-periodistas-encarcelados-por-recibir-sobornos

 

Nuevamente China estuvo en la mira el 2010 producto de una filtracion de residuos tóxicos de la mina de oro y cobre del grupo Zijinshan que tuvo como resultado la muerte masiva de peces y la devastación ambiental del ecosistema.

 

Producto de este episodio la corte de la provincia de Fujian en el suroeste de China ordenó a la empresa el pago de $ 4.6 millones.

 

A su vez, el vice presidendte de la compañía, junto al gerente y personal responsable del ambiente fueron detenidos luego del episodio ocurrido en el año 2010.

 

Como resultado de las investigaciones, cinco acusados fueron condenados a penas de prisión de 3 a 4 años y medio en el citado caso. http://www.minesandcommunities.org/article.php?a=10900&l=1

 

Más cerca de nuestra realidad y por primera vez en la historia jurídica de Chile, el ejecutivo de una empresa canadiense, Jefe de Operaciones e hijo de uno de los accionistas de la Minera "El Pimentón", Mattew Thompson Stanley, de 46 años, fue detenido por la responsabilidad que la cabe en la muerte un trabajador también de 46 años, hecho ocurrido al interior del yacimiento del mismo nombre en julio del 2009.

 

La detención del ejecutivo se produjo en las oficinas de la empresa ubicada en la comuna de provincia en Santiago, (Chile) en virtud de una orden emanada del Fiscal Raúl Ochoa Capelli quien le imputa cargos por homicidio. http://www.klebermonlezun.cl/downloads/2011/minutas/detienen_y_formalizan_por_homicidio_a_alto_ejecutivo_de_compania_minera_por_muerte_de_trabajador_minera_el_pimenton.html

 

Se trata de la primera vez que se formaliza a un ejecutivo minero, en circunstancias que la minería cobra regularmente víctimas fatales entre sus trabajadores y es considerada una de las actividades industriales de mayor riesgo y accidentabilidad laboral en el mundo.

 

 

Esta señales muestran, aunque de manera aun muy tímida, la necesidad de aplicar la justicia sin discriminación, sobre todo en casos donde la asimetría de poder parece determinar el curso de los acontecimientos, cuando suceden situaciones como las descritas más arriba.

 

Cuando se trata de oposición a la actividad minera y defensa de derechos, cuando las comunidades ven vulnerados sus derechos más fundamentales producto de la facilitación de la inversión minera, la respuesta inmediata es la criminalización de la protesta social. Para ello se acomodan e interpretan legislaciones que intentan encarcelar pacíficos defensores del ambiente y de las comunidades.

 

En la actualidad, los derechos de las transnacionales se protegen por sobre los de las comunidades. Esta tendencia pugna por revertirse y el reconocimiento de los derechos de las comunidades frente a las poderosas transnacionales cobra cada vez mayor fuerza.

 

Tal vez una corte penal ambiental internacional resuelva en parte estos problemas, sin embargo mientras ésta no exista se insiste en regulaciones nacionales y en la intervención del sistema jurídico internacional.

 

Uno de los infructuosos esfuerzos para responsabilizar a las empresas mineras en Canadá, por sus acciones fuera de sus fronteras, fue el proyecto de ley C-300.

 

Rechazado por tan solo 5 votos, este proyecto de ley apuntaba a resolver un problema de larga data: responsabilizar a las empresas transnacionales en sus propios países ya que en los nuestros obtienen regularmente protección e impunidad.

 

Actualmente se está reponiendo una propuesta de ley en el parlamento canadiense de promoción y protección de los derechos humanos a escala internacional (lppdhi) más conocida como el proyecto de ley C-323 que daría competencia a los Tribunales Federales para ver y decidir sobre demandas basadas en una violación del derecho internacional que haya ocurrido fuera de Canadá.

 

Estados Unidos por su parte aprobó una ley que transparenta los recursos de las empresas norteamericanas de petróleo, gas y minería frente al público norteamericano lo que permite detectar actos de corrupción involucrados en las "gestiones" de estas empresas en los países donde operan.

 

Iniciativas como "Publica lo que Pagas" (PWYP por su sigla en inglés) apunta en la misma dirección.

 

También el "debido proceso" es un esfuerzo que intenta obtener justicia en aquellos casos donde puede ser evidente la influencia de las transnacionales para obtener impunidad frente a delitos ambientales o de derechos humanos.

 

Lentamente se avanza en la dirección correcta aunque el tiempo y los esfuerzos que empujan esos avances parecen ser demasiados para los logros obtenidos.

 

Lo que parece cierto, a pesar de todo, es que quienes han cometido delitos al estilo de Smitheiny o los ejecutivos chinos, pueden estar hoy más cerca de recibir sus respectivos castigos. Alentamos una justicia que no tarde ni deje de cumplir con su responsabilidad.

 

Por fortuna, son cada vez más quienes están atentos a las agresiones y delitos en contra de la naturaleza y las comunidades y prontos a aportar en las investigaciones y acciones que terminen con las arbitrariedades y la impunidad.

 

- César Padilla - Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL