2007 se ha caracterizado por un recrudecimiento de las relaciones entre mineras, Estado y comunidades.  Las transnacionales recurren a todo tipo de métodos para conseguir sus intereses. Los gobiernos,  muchas veces,  actúan a favor de las mineras y les falta voluntad política para defender los intereses de las comunidades. Estas últimas, por último, entienden que lo que está en juego es el agua y la tierra, es decir su propia supervivencia. Ello explica la radicalidad de sus resistencias.

El incremento de la demanda de recursos naturales por parte de China e India principalmente, y las tendencias  de  crecimiento de la economía mundial, han ido generando en los últimos años una mayor presión por minerales y otras materias primas además de la correspondiente energía.

En este escenario se sitúa la creciente expansión minera que supone una mayor presión de las empresas mineras sobre los Estados para obtener facilidades y ventajas y poder así desarrollar nuevos distritos mineros en el planeta.

América Latina ha concentrado la mayor inversión en exploración minera en los últimos años, de alrededor del 30% de las exploraciones mundiales (1).  La masiva llegada a la región de transnacionales mineras, principalmente canadienses, ha ido generando diversas reacciones de comunidades y organizaciones que identifican la ampliación de las fronteras mineras hacia lugares donde no se practicaba esta actividad, como una amenaza a la sustentabilidad.  Consecuentemente  se  enfrentan a la expansión de la minería, intentando proteger comunidades y ecosistemas de esta destructiva actividad.

En países como Perú, Chile, Argentina, Colombia, Guatemala, Honduras y Ecuador, entre otros, se han reproducido movimientos que -haciendo uso de una diversidad de estrategias- han expandido su oposición a la minería.  La oposición se basa en el rechazo a los ya ampliamente conocidos impactos ambientales y sociales provocados por la actividad en cuestión, así como las debilidades del modelo extractivo para aportar a las economías locales y al desarrollo nacional.  Se suma la incapacidad y falta de voluntad política para controlar la industria minera por parte de los gobiernos.

Los argumentos más importantes esgrimidos por las comunidades están relacionados con las reivindicaciones sobre la propiedad y uso de la tierra y el agua.  La minería atropella los derechos a la tierra de los campesinos, agricultores y comunidades originarias y el acceso a los recursos hídricos, en muchos casos cada vez más escasos y en proceso de degradación.

Las concesiones del subsuelo, constituidas como derechos de las transnacionales mineras, implica en muchos casos la limitación de los derechos al suelo, la biodiversidad y el libre tránsito de las personas incluso en caminos públicos y sendas comunitarias.

En materia de recursos hídricos, muchos países acoplan a las concesiones mineras los derechos al uso del agua, privando a las comunidades de ejercer su derecho, muchas veces consuetudinario, a este elemento.

Empresarios mineros y autoridades se muestran insensibles frente a los impactos producidos, entre los que se incluye la relocalización de comunidades y destrucción de sus pueblos, iglesias, cementerios y todo lo que se interponga a la explotación minera. (2)

Esta desfavorable situación para los derechos de la población civil y las comunidades ha generado una fuerte resistencia a la minería, que al no encontrar canales adecuados para que sus demandas sean atendidas, deriva en álgidos conflictos con procesos de radicalización, cuyos desenlaces no siempre son previsibles y manejables.

Frente a lo que identifican como agresiones a su entorno y a su seguridad y la de sus familias, las comunidades sugieren diversas estrategias de resistencia y defensa del ambiente y sus derechos.  Entre las más importantes se cuentan las denuncias y manifestaciones públicas, las movilizaciones, los bloqueos y la ocupación de infraestructura principalmente vial, los juicios internacionales, tribunales éticos, denuncias a organismos internacionales, etc.

Recrudecimiento de los conflictos

El 2007 se ha caracterizado por un recrudecimiento en las relaciones entre empresas mineras, Estado y comunidades.  Luego de casi una década de relaciones difíciles entre los diversos actores involucrados en los conflictos por minería, el escenario se hace más complejo e incluso riesgoso para la defensa de los derechos de las comunidades y el ambiente.

Perú ha sido uno de los ejemplos de las tensas relaciones entre Estado y comunidades, generadas por las disputas, producto del ingreso de nuevos proyectos mineros y la ampliación de otros ya existentes.

Diversas comunidades en el norte y sur del país han rechazado la minería y han identificado a la agricultura y el cuidado del agua como actividades estratégicas para asegurar su desarrollo en el largo plazo.

Localidades como Cajamarca y Piura en el norte y Arequipa en el sur han manifestado su abierta oposición a la minería mientras ésta no logre demostrar que no daña los ecosistemas ni contamina el agua, tan preciada para la agricultura en el norte y el consumo humano en el desértico sur.  La industria minera está lejos de demostrar lo que exigen las comunidades, por tanto su aceptación también esta lejos de materializarse.  Por ello los conflictos siguen expresándose a través de todo el territorio.

Uno de los golpes asestados a la industria minera y al gobierno de Alan García Pérez en Perú, el presente año, fue la consulta sobre el proyecto Río Blanco en Majaz y localidades circundantes en la provincia de Piura.  La fuerte oposición a la minería ya manifestada en Tambo Grande en el año 2000, que tuvo como consecuencia la suspensión del proyecto minero en esa localidad, también en Piura, se repite en el caso de Majaz.

Con más de un 90% de rechazo a la actividad minera, con argumentos relativos a la conservación del agua y el desarrollo de la agricultura, esta bofetada a la minería y al gobierno peruano tuvo su pronta respuesta por parte del ejecutivo.  En menos de 2 semanas, el gobierno declara de prioridad el desarrollo de 20 proyectos mineros en el territorio nacional, entre los que obviamente se encontraba Río Blanco. (3)

Sin apoyo entre los legisladores, el proyecto de ley de García no prosperó, sin embargo su artículo publicado en el diario El Comercio con posterioridad a la presentación del proyecto de ley titulado “El perro del hortelano” muestra la visión del gobernante en materia de uso y explotación de recursos y apunta específicamente a la minería. (4)

Insoportable para García es no poder explotar recursos a diestra y siniestra para un supuesto beneficio de la población, sin considerar que en el caso de la minería ha quedado demostrado que no hay tal beneficio generalizado, sino el de empresas transnacionales y un pequeño grupo nacional que saca de allí una magra tajada.

Del total de los conflictos sociales por minería existentes en el país, la mitad se basan en reivindicaciones y demandas ambientales. Ello muestra no solo la insustentabilidad del modelo extractivo en términos  sociales, sino principalmente en términos ambientales. (5)

Chile no se queda atrás en materia de resistencia y conflictos por minería.  Es justamente su resistencia al proyecto Pascua Lama, más conocido como el proyecto minero de oro capaz de trasladar glaciares, la que caracteriza los conflictos mineros en el país.  Barrick Gold, la principal minera de oro, intenta desde el 2000 desarrollar un proyecto polémico y resistido, sin lograrlo aun, a pesar de los altos precios internacionales del metal amarillo.

El principal logro del movimiento anti Pascua Lama este año fue restar de entre los auspiciadores de la conferencia de Al Gore en Santiago a la empresa Barrick.  Con ello, quedó de manifiesto que no solamente el movimiento antiminero chileno consideraba escandaloso el apoyo de Barrick a la conferencia ambiental de Gore, sino este mismo -ahora Premio Nobel de la Paz- estimó inconveniente que se le asociara a una empresa con antecedentes sociales y ambientales internacionalmente criticados.

Luego vino la visita programada del premier canadiense Stephen Harper, quien debió ingresar y salir  de las oficinas de la empresa Barrick por la puerta trasera y así no tener que enfrentarse a los grupos detractores de la destrucción ambiental, que manifestaban en el frontis del edificio de la minera. (6)

Estas y otras acciones que regularmente realizan los grupos críticos a la minería ponen a Chile  -considerado el niño mimado de las mineras- entre los países con conflictos entre comunidades y actividades extractivas, contrario a lo que quieren mostrar las autoridades nacionales y los gremios mineros nacionales.

Ecuador por su parte muestra un amplio rechazo a la minería así como tradicionalmente lo ha mostrado a la explotación del petróleo.  Sin ser hasta ahora país minero, Ecuador se encuentra en grandes extensiones de su territorio concesionado a empresas mineras, principalmente juniors con poco capital y bajos estándares ambientales y sociales.

Tanto en la sierra norte, con su alta biodiversidad, como en el cálido y selvático sur oriente,  habitado abundantemente por pueblos originarios, las concesiones mineras y los proyectos de exploración son altamente resistidos por las comunidades.

Las confrontaciones se han caracterizado por altos índices de violencia y los resultados han mostrado la falta de escrúpulos de las mineras, que se apoyan en grupos armados de carácter privado, intimidando y reprimiendo a las comunidades que se oponen a sus actividades, muchas veces de carácter ilegal.

El presidente Rafael Correa ha mostrado una política cambiante en relación a las inversiones mineras en el país.  Inicialmente, con Alberto Acosta como Ministro de Energía y Minas (hoy presidente de la Asamblea Constituyente), dio señales de limitar las actividades mineras en el país por los múltiples conflictos sociales y resistencia que esta actividad generaba.  Actualmente, Correa habla de desarrollo minero y de inversiones, tildando a quienes se oponen a la actividad extractiva de terroristas. (7)

La aparente calma vivida en el país respecto a los conflictos por minería amenaza ahora con convertirse en un conflicto generalizado, donde la población demande sus derechos, en una sociedad en construcción de consensos y acuerdos de largo plazo a través del proceso constituyente.

El caso boliviano difiere de los anteriores, ya que se trata de uno de los países con menor inversión en exploración minera en la última década.  Los proyectos mineros a gran escala y actualmente en explotación no son numerosos y los que están comenzando o comenzarán en un futuro próximo no muestran indicios importantes de conflicto.  San Cristóbal, ubicado en Potosí, realizó un importante proceso de cooptación de las comunidades, principalmente de aquellas que fueron reubicadas por estar literalmente sobre el yacimiento de plata.

El Mutún, en el oriente del país, está recién en perspectiva ya que el contrato entre el Estado boliviano y la empresa hindú Jindal ha sido firmado recientemente y debe comenzar su proceso desde el inicio.

Diferente es la situación de los cooperativistas que en su totalidad suman más de 50.000 en el país y que se han convertido en la voz de los intereses de las calladas transnacionales mineras.  Esta alianza obedece al potencial que este gremio de pequeños mineros ven en alianzas con transnacionales para explotar proyectos a mediana y gran escala.

Ello ha significado un fuerte conflicto con el gobierno de Evo Morales, ya que el gremio le apoyó en el proceso eleccionario de hace dos años y ahora le exige derechos sobre los yacimientos mineros oficialmente en manos del Estado.

En todo caso, al igual que en el tema de los hidrocarburos, Bolivia intenta retomar el control de la minería.  Con las empresas de petróleo y gas fue más fácil, al no existir este amplio grupo de cooperativistas de la minería que reclama beneficios económicos privados, sin garantizar los beneficios para el Estado y el pueblo de Bolivia.

Argentina, en cambio, se ha convertido en un nuevo atractivo para las empresas mineras transnacionales.  Con la firma del tratado de complementación minera con Chile, las distancias de los yacimientos desde y hacia los puertos disminuyeron considerablemente, haciendo de la minería un rubro altamente competitivo.

De cinco proyectos mineros en operación hace 10 años, Argentina aumentó a más de 30 proyectos, entre operación y exploración/instalación, generando inquietud en sectores agrícolas y vinícolas y encendiendo una luz amarilla en las zonas posiblemente afectadas por la minería.  Luz que en muchos lugares cambió a rojo por los anuncios del gobierno central y varios gobiernos regionales que prestan apoyo a las transnacionales mineras para la futura operación de sus proyectos.

Interesante es el hecho que los movimientos sociales opuestos a la minería aplican las formas de organización del período de la crisis política y económica reciente.  Ello les hace menos vulnerables a la división, corrupción y cooptación al no existir estructuras claras de poder radicadas en los movimientos de autoconvocados, quienes celosamente cuidan de no ser presa de las estrategias de división y cooptación de las transnacionales, incrementando así sus fortalezas sociales y de resistencia.

El gobierno hace esfuerzos por atraer capitales mineros al país, sin embargo las comunidades y organizaciones de autoconvocados y asambleas ajustan sus estrategias para impedir la instalación de mineras.  Ello mediante diversas estrategias, como la consulta de Esquel del 2003 o el lobby para dictación de prohibiciones a la minería a tajo abierto con uso de químicos y tóxicos.  (8)

Colombia mantiene su conflictiva relación interna, también en el caso de las mineras.  Si bien es cierto, la minería más importante y más conocida del país corresponde al carbón y en específico al proyecto El Cerrejón, no es la única actividad minera que genera rechazo por parte de la población local.  Pero fue la nacionalización de El Cerrejón la que generó un conflicto social que se mantiene hasta la fecha.

La dificultad que caracteriza las relaciones entre las fuerzas militares y militarizadas del país opaca y encubre muchas veces las tensas relaciones entre las comunidades afectadas por la minería y las transnacionales que allí operan.  Mientras las comunidades sufren las consecuencias y no logran articular suficientemente la resistencia por la situación de violencia que reina en el país, las empresas usan esa coyuntura para impedir el rechazo a su actividad.  Y es posible que mientras esta situación se mantenga, los conflictos por minería en Colombia mantendrán un perfil relativamente bajo que se caracterizará por la falta de información y conocimiento de lo que en esta materia sucede.

América Central: impacto ambiental

América Central ha estado,  a su vez, bajo la influencia de los conflictos por minería durante el último tiempo.  Al igual que en Ecuador, los países de Centroamérica son un especial atractivo para las mineras junior.  Ello hace más crítica la situación de riesgo por la baja inversión de este tipo de empresas en el cuidado al medio ambiente y su responsabilidad respecto a las comunidades locales.

Los conflictos han sido recurrentes en varios países de la región entre los que se destacan Guatemala, con la resistencia a proyectos en varias regiones del interior.  La muestra más elocuente fue la serie de consultas ciudadanas que comienzan con Sipacapa, hace poco más de dos años, seguida por Huehuetenango e Ixtahuacan en San Marcos, durante los años 2006 y 2007.

Honduras ha tenido la oportunidad de discutir su ley de minería luego de ser declarada inconstitucional.  Ello ha dejado de manifiesto el rechazo de la sociedad civil con la forma de realizar minería en el país y los escasos beneficios económicos y sociales frente a los altos impactos negativos en materia ambiental y social.

El Salvador también conoce de conflictos por minería.  Lo más probable es que se deba justamente a que los proyectos mineros más destacados, tales como El Dorado, se encuentran en las cuencas más importantes del país, específicamente la del Río Lempa.  Ello genera, en un territorio tan pequeño, grandes preocupaciones en la población y las comunidades que dependen de las aguas de estas cuencas.  Incomprensible parece la existencia de proyectos mineros cuando se pone en jaque un ecosistema que abarca casi el total del territorio nacional.

Si bien, es cierto, los volúmenes posibles de explotar en todos los países centroamericanos no se comparan con aquellos de yacimientos ubicados en Perú, Bolivia o Chile, sin embargo en relación a las superficies y la fragilidad ambiental, el impacto de la actividad minera puede ser de gran magnitud.  La escasa superficie con que cuenta la mayoría de los países centroamericanos hace de la minería una actividad que compite altamente con la seguridad alimentaria, la producción de café, cacao y otros productos agrícolas que son puestos en jaque por la minería y sus altos impactos ambientales.

Agua y tierra

El agua y la tierra están al centro de los conflictos con la industria minera.  El uso tradicional de la tierra por las comunidades campesinas, pueblos originarios y agricultores de diversa escala pierde sentido cuando las fuentes de agua están en riesgo.  La dependencia territorial de las comunidades y los altos riesgos ambientales tienen que ver con los volúmenes de agua disponible y su calidad.  Pues bien, la minería atenta contra ambas y por ello genera el rechazo de las comunidades que basan sus formas de vida en la escasa tierra y la preciada agua.

Principalmente la minería moderna, de gran escala, a tajo abierto y con uso de químicos tóxicos, va ubicándose cada vez más en cabeceras de cuenca, o como lo llaman los campesinos, en “las fábricas de agua”.  No hay un solo conflicto entre comunidades y minería que no posea este elemento común: la lucha por el agua.

Y justamente por este elemento tan esencial para la vida y puesto en juego por la minería es que muchas veces la resistencia y la lucha contra las mineras es un tema de vida o muerte.

Es esto lo que las mineras, y principalmente los gobiernos  de América Latina, no quieren comprender.  Y mientras esta incomprensión siga caracterizando los conflictos mineros, las comunidades seguirán intentando ejercer sus derechos por la vía de la acción, aunque muchas veces los resultados sean menores que los esperados.

Esto seguirá siendo la constante en materia de conflictos mineros, mientras las comunidades no tengan otra alternativa que no sea la resistencia.  Finalmente, los gobiernos tendrán que comprender que la resistencia a la minería es una cuestión de defensa de la vida y frente a esta resistencia vital no hay soluciones parciales.

La búsqueda de un modelo de desarrollo que limite la minería así como la mayoría de las industrias extractivas parece estar en el destino cercano de América Latina.


- César Padilla trabaja en el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina -OCMAL-.

Notas:

(1) Actualidad minera del Perú, Boletín #90 Cooperacción, Lima octubre 2006.

(2) Marcela Corvalan P.  “Pilas de discordia, Proyecto Andacollo Cobre”, OLCA Chile 1999; Emilio Madrid Lara. “Del Abrigo de los Mallkus al Frío del Cemento. Negociaciones entre Apex Silver Limited y la Comunidad San Cristóbal de Nor Lípez”, Centro de Ecología y Pueblos Andinos. 1999, Oruro, Bolivia.

(3) Grupo Propuesta Ciudadana, Participa Perú, Nota #8, Las medidas de política minera del gobierno.

(4) El Comercio, Perú, 28/10/2007.

(5) www.conflictosmineros.net/al/html/modules.php?name=News&file=article&sid...

(6) www.conflictosmineros.net/al/html/modules.php?name=News&file=article&sid...

(7) www.conflictosmineros.net/al/html/modules.php?name=News&file=article&sid...

(8) www.conflictosmineros.net/al/html/modules.php?name=News&file=article&sid...