Los pueblos indígenas de Colombia son las principales víctimas de la estrategia del presidente Uribe empeñada en atacar militarmente la guerrilla y el narcotráfico. En entrevista para ALAI, Julio Cesar Estrada presidente de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía de Colombia (OPIAC) expuso la inestabilidad de la geografía política colombiana al interior de la República; las formas cómo las fronteras de los poderes en conflicto se modifican y expanden apresuradamente en territorios indígenas; así como la violación a los Derechos Humanos por las fuerzas regulares. La política armamentista del gobierno de Uribe preocupa gravemente a los indígenas amazónicos. Según Julio César Estrada, "hoy más que nunca los indígenas colombianos se hallan arrinconados". Para el vocero de la OPIAC, esta administración empuja a la guerrilla a adentrarse en zonas antes no intervenidas por las fuerzas contrarias. La violencia como política de Estado provoca que los más afectados sean los menos visibles en el conflicto: familias campesinas e indígenas que no saben si el día de mañana se encontrarán bajo el poder de paramilitares o guerrilleros, "si correr o quedarse". Para Estrada, la administración de Uribe responde a intereses de sectores dominantes de Colombia que no admiten se planteen otro tipo de soluciones; grupos de poder, a quienes no les conviene que las estructuras de poder y la inequitativa distribución de la riqueza se vean afectadas. "Los problemas no se resuelven reforzando más las fuerzas militares que ya poseen la mayoría del presupuesto colombiano o fumigando plantaciones de coca", dijo. Asimismo, Estrada afirmó que esta administración permite la legalización de los paramilitares mediante la creación de los denominados "soldados campesinos". "En la práctica, los que irán a la guerra no son los sectores dominantes, son los mismos campesinos los que se matarán con otros campesinos", añadió. En referencia a la política de gobierno del presidente Uribe, Estrada mencionó la inexistencia de un plan definido, coordinado y sobretodo ajustado a la realidad colombiana. Un plan que distribuya la riqueza equitativamente y tome en cuenta los pueblos indígenas y las comunidades locales. Por otro lado, el vocero de la OPIAC resaltó la falta de claridad en las afirmaciones de Uribe, según las cuales, el país reactivaría su economía y erradicaría la pobreza a través de la explotación de los recursos naturales. Estrada manifestó que estas afirmaciones no toman en cuenta la capacidad de agotamiento de los ecosistema,; hecho que de seguro ocurriría con una administración socialmente injusta como la que se prevé. En tal caso, preguntó el indígena amazónico "¿a dónde irá esa riqueza?, seguramente, a reforzar las fuerzas militares bajo el pretexto de promover la "seguridad democrática" que el gobierno tanto plantea", el mismo respondió. Al parecer para el gobierno colombiano, la idea de Estado democrático es la reunión de un poco de gente, escucharlos, plantear posibles soluciones y asegurarles que cumplirá, para finalmente argumentar que no hay recursos para la solución de los problemas, explicó Estrada."Nos dicen que no se debe pedir más de lo que se puede. Existe una doble moral, se está mintiendo al país y al mundo, cuando se dice que en Colombia se va a lograr la paz con las políticas actuales que no están claras", insistió. En este contexto, el representante de los pueblos indígenas colombianos considera que su desarrollo debe ser encaminado de acuerdo a sus propios criterios y realidad, sin descuidar la situación en la que vive el país y el mundo. Si bien no comparten los ideales de la guerrilla que pretende convertir a sus comunidades en administraciones autónomas, separadas del Estado, tampoco los consideran terroristas. "No consideramos justo que los sectores sociales que luchan o que están en contra de un sistema y tratan de buscar una solución a los problemas sean considerados terroristas. Los indígenas constantemente manifestamos nuestros deseos de autonomía, de auto-gobierno, de hablar nuestro propio idioma, de que se nos preste los servicios de salud y educación de acuerdo nuestra propia realidad. Nos inquieta que con el tiempo seamos estigmatizados como terroristas porque no estamos de acuerdo con el sistema", acotó Estrada. El Plan Colombia y los Derechos Humanos Para el presidente de la OPIAC, la violación a los Derechos Humanos es el problema principal de Colombia. "Los reclutamientos forzados que hace el ejército; la creación de zonas de rehabilitación en las cuales se espera rescatar la paz han producido la aparición de territorios donde ni siquiera la prensa puede entrar". Como ejemplo de la violencia estatal Estrada citó, la desaparición de personas sin justificación alguna por parte de agentes militares; así como la intervención de ONG´s ambientales y de Derechos Humanos, argumentando que son guerrilleros. "El gobierno acusa de izquierdistas a todos aquellos que no defiendan al Estado, o critiquen al sistema. En Colombia hay terrorismo de Estado", manifestó. Estrada precisó, que una de las condiciones del Congreso estadounidense para la entrega de recursos dentro del Plan Colombia fue la garantía al respeto de los Derechos Humanos por parte del Estado. Sin embargo, afirmó: "este es el momento donde más han recrudecido las desapariciones forzadas y eso no se le dice al país, ni al mundo". También aseguró que el informe del departamento de Estado de los EE.UU., según el cual se hizo alusión a la violación de Derechos Humanos en Colombia se había quedado corto. "A parte de la mentira que le echan al mundo de acabar con el narcotráfico, la intención del Plan Colombia es simplemente apoderarse del territorio amazónico", dijo Estrada. Además añadió, "casualmente se sabe por fotos satelitales que en los territorios donde se está fumigando la hoja de coca, existen valiosos recursos, entre ellos grandes fuentes petróleo. Lo que están haciendo es un desplazamiento poblacional para que las multinacionales se vayan posesionando, están legalizando los despojos". La OPIAC y el Estado A pesar de las dificultades existentes, el vocero de la organización afirmó que la OPIAC ha logrado consolidarse a nivel nacional e internacional y mencionó que los indígenas de la amazonía colombiana se hallan a la expectativa del cumplimiento de las normas constitucionales por parte del Estado. Estrada sostuvo que "lo que el gobierno discute es la gobernabilidad para definir asuntos como la repatriación de tierras y las formas de administración de justicia, pues Colombia no cuenta con mecanismos de articulación entre las normas indígenas y la ley nacional". Estrada también resaltó las contradicciones entre el gobierno central y las autoridades locales: el primero ofrece dar cumplimiento a una supuesta saturación de leyes existentes en favor de los derechos indígenas, mientras que los segundos aducen la falta de reglamentación. No obstante, el presidente de los indígenas amazónicos afirmó que en la Constitución colombiana se describe la autoridad indígena y se reconoce su jurisdicción en igualdad de condiciones a un Departamento o un Municipio. Además mencionó, la existencia de un el artículo transitorio que faculta al presidente de la República para regular las entidades territoriales a ser legalizadas. Artículo mediante el cual se entregarían territorios del departamento del Cauca donde existe una estructura administrativa que permitiría iniciar un punto focal, "si funciona, se podrían entregar más", aseguró. De cualquier manera, la entrega de tierras no tendrá los efectos positivos anhelados a lo largo del tiempo y las luchas, si el Estado mantiene su estrategia de combatir la violencia con más armas, arrinconando cada vez más a los pueblos indígenas, añadió.