Respecto de la certificación otorgada por Estados Unidos al gobierno Colombiano, el pasado 8 de julio, mediante la cual el Departamento de Estado Norteamericano determinó que Colombia está cumpliendo con los criterios establecidos en materia de Derechos Humanos, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, junto con otras organizaciones de derechos humanos, plantea serias dudas acerca de la veracidad, tanto de las afirmaciones del gobierno estadounidense, como en lo relacionado con la realidad que en este campo atraviesa el país, particularmente bajo las directrices de la política de Seguridad Democrática del gobierno de Uribe Vélez. La principal inquietud, surge al observar el informe que el mismo Departamento de Estado emitiera, apenas 3 meses antes, en el cual se esgrimían argumentos como la cercanía entre fuerzas armadas y grupos paramilitares, la impunidad en muchos de los casos de amenaza, muerte y desaparición forzada de defensores de derechos humanos, sindicalistas y otros activistas políticos, entre otros, así como la implicación de altos mandos militares en masacres contra civiles, a los que no sólo hace referencia este informe, sino el de distintos organismos internacionales, quienes los han señalado reiteradamente. Ahora, sin mayores argumentos, dichas afirmaciones se desconocen en el nuevo informe, dando paso a una certificación que garantiza cuantiosos desembolsos para continuar la ayuda militar y con ella a la guerra interna de nuestro país, circunstancia que no deja de ser extraña. La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil comparte lo dicho por las organizaciones de DD.HH nacionales e internacionales en torno a que "no es cierto que la situación de derechos humanos haya mejorado", "es claro que Colombia no cumplió con ninguna de las condiciones exigidas por la ley, (Comunicado de prensa, Mesa de Donantes, Londres 9 y 10 de julio; El Tiempo, miércoles 09 de julio, p. 1-5, respectivamente), pues si bien se han adelantado algunas detenciones de miembros de las autodefensas, lo que "justifica" para el gobierno norteamericano esta decisión, la situación de las y los colombianos en materia de derechos humanos continúa siendo crítica, habiéndose incrementado en este año las ejecuciones y detenciones arbitrarias, así como las desapariciones forzadas, sin que se detenga y castigue a los responsables. Lamentable también que la ayuda del gobierno norteamericano sea única y exclusivamente, para acentuar el conflicto y no para resolver los problemas sociales que aquejan a la mayoría del pueblo colombiano. Bogotá, D.C., julio 10 de 2003