Bicentenario y causa mapuche

La herida de Chile

03/10/2010
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Frente a la protesta social mapuche por la imposición de inversiones o los
impactos ambientales y culturales que estas provocan en sus comunidades, a
la exclusión política y económica, el Estado ha impulsado en los últimos
años una política de criminalización que ha llevado a la cárcel a decenas de
mapuche acusados de cometer actos terroristas.
 
El bicentenario ha dejado al descubierto una de las heridas más profundas de
Chile, la de su relación con los pueblos originarios. Aunque desde el
gobierno y la prensa se hayan esforzado en esconder esta herida, las
celebraciones oficiales, al igual que las privadas, no han podido ignorarla.
 
Se trata de una herida antigua, consecuencia de la forma cómo el Estado
chileno se construyó -a través de la imposición y la fuerza- sobre los
territorios de estos pueblos, en muchos casos bastante después de 1810. En
el caso del extremo sur, por ejemplo, el establecimiento de la soberanía
chilena sobre Tierra del Fuego resultó en el exterminio del pueblo selknam u
ona. En el caso de los mapuche, el Estado se constituyó sobre sus
territorios ancestrales, los que les habían sido reconocidos por los
españoles a través de parlamentos, mediante el copamiento militar y la
radicación forzada de sus comunidades en menos de un 5% de sus tierras de
ocupación ancestral.
 
A las políticas de asimilación forzada del siglo XIX, siguieron las de
integración cultural del siglo XX, y más recientemente, aquellas impulsadas
desde el Estado que han resultado en la expansión hacia sus comunidades de
las inversiones forestales, hidroeléctricas, acuícolas, así como en la
apropiación de sus recursos naturales.
 
Frente a la protesta social mapuche por la imposición de dichas inversiones,
o los impactos ambientales y culturales que estas provocan en sus
comunidades, a la exclusión política y económica, el Estado ha impulsado en
los últimos años una política de criminalización que ha llevado a la cárcel
a decenas de mapuche acusados de cometer actos terroristas, hecho que ha
preocupado a diversas instancias de derechos humanos de la ONU.
 
Es esta realidad la que 34 personas mapuche privadas de libertad en
distintos penales del sur en virtud de procesos o condenas por hechos
vinculados a la defensa de sus tierras, considerados por el Estado como
terroristas, han dejado al descubierto a través de la huelga de hambre que
impulsan, protesta que en los días del bicentenario superaba los 65 días de
duración. La huelga mapuche tiene como fundamento el reclamo de un derecho
humano básico, que ningún Estado que se precie de democrático puede
desconocer: el derecho a un juicio justo. Los huelguistas mapuche exigen
además, el término de los abusos y maltratos de agentes del Estado en contra
de sus comunidades, los que han causado la muerte o afectado la integridad
física y síquica de quienes las integran, incluyendo niños y ancianos. La
actitud del mundo político frente a esta ya larga huelga ha dejado mucho que
desear; basta señalar que hasta un par de semanas antes del bicentenario,
tanto el gobierno como la oposición habían prestado poca atención a los
mapuche y a sus demandas. Así, mientras el gobierno se negaba a todo diálogo
e impulsaba acciones judiciales para alimentar forzadamente a los
huelguistas, sectores de la oposición condicionaban el debate de los temas
planteados por los mapuche al término de la huelga de hambre. Parte
importante de la prensa, además, silenció esta huelga, posiblemente pensando
que ello terminaría por desmotivarla.
 
A pesar de ello, los presos mapuche prosiguieron la huelga, con la
convicción de estar demandando lo justo. El inminente riesgo de muerte de
los huelguistas y el temor a que ella opacase las celebraciones del
bicentenario, como si estas no hubiesen sido bastante opacas, llevó al
gobierno -luego de haber trascurrido más de 50 días de huelga- a presentar
dos iniciativas legales; la primera para reforma la ley antiterrorista que
se les aplica, y la otra para la reforma de la justicia militar que conoce
algunas de las causas que se siguen en su contra. Posiblemente el mismo
temor llevó a muchos en la oposición concertacionista a apoyar -tardíamente-
las demandas de los huelguistas, y a reconocer que la aplicación de ley
antiterrorista en los procesos que se siguieron en su contra bajo las
administraciones de Lagos y Bachelet, fue errada.
 
Mesa de diálogo
 
Aunque los proyectos de reforma legal presentados por el ejecutivo para
estos efectos presentaban serias deficiencias desde la perspectiva de los
derechos humanos -al mantener como delitos terroristas acciones que no
necesariamente tienen tal carácter, como el delito de incendio; o al
mantener la competencia de la justicia militar para conocer los delitos que
militares cometen en contra de civiles-, ellos abrieron las puertas a un
debate en el parlamento sobre las causas detrás de los conflictos que han
llevado a los mapuche a la cárcel, y sobre los mecanismos para poner término
a su juzgamiento arbitrario.
 
En días previos al bicentenario, además, el gobierno accedió públicamente a
establecer una mesa de diálogo exigida por los mapuche en huelga de hambre
con sus representantes y abogados, y la Iglesia Católica manifestó su
disposición a actuar como facilitadora de dicho diálogo.
 
Lamentablemente, las esperanzas que los anuncios del ejecutivo pudieron
haber generado en los mapuche en huelga de hambre se han visto frustradas en
los últimos días. Ello en primer término por el anuncio realizado por el
presidente Piñera en el marco de las celebraciones del bicentenario de
conformar una mesa de dialogo con representantes mapuche en torno al Plan
Araucanía, iniciativa incluida en su programa de gobierno a instancias de
sectores empresariales, omitiendo toda referencia o inclusión a los urgentes
problemas planteados por los huelguistas mapuche.
 
Plan Araucanía
 
Dicho plan se orienta a promover la superación de la pobreza que afecta a la
región, y particularmente a los mapuche, a través de la inversión pública y
privada, del fortalecimiento del desarrollo productivo, fomentando la
inserción regional en los mercados nacionales y globales. Tal propuesta se
basa en la premisa errónea de que los problemas que afectan al pueblo
mapuche y su relación con el Estado están únicamente vinculados a su
condición de pobreza y que estos se resuelven con la inyección de recursos
económicos y el desarrollo productivo. No se aborda en ella otras
dimensiones de los problemas de relacionamiento entre éste y otros pueblos
indígenas con el Estado chileno, tales como la necesidad de restituir sus
tierras, territorios y recursos de propiedad legal y/o ancestral que les han
sido usurpadas, la de su exclusión de las instancias en las que se toman
decisiones sobre los temas que les conciernen, o el desconocimiento de su
derecho a asumir el control de sus propios asuntos en materias políticas,
económicas y culturales.
 
No se trata de cuestionar la necesidad de que el gobierno impulse el diálogo
y la consulta con los pueblos los indígenas cuando proponga iniciativas como
el Plan Araucanía u otras medidas administrativas o legislativas susceptible
de afectarles. Por el contrario, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT
ratificado por Chile, está obligado a ello. Sin embargo, tal como lo señala
el mismo Convenio 169, uno de los requisitos de todo diálogo o consulta con
los pueblos indígenas es que éste sea realizado de buena fe y de manera
apropiada a las circunstancias (art. 6.2).
 
Un análisis más profundo del diálogo propuesto por el presidente Piñera, en
el contexto del bicentenario en torno al Plan Araucanía, nos lleva a
concluir que éste no cumple con estos requisitos esenciales de toda consulta
de conformidad con el Convenio 169. Ello por cuanto al no abordar la
problemática de los presos mapuche en huelga de hambre, distrae la atención
de su crítica realidad de salud y de la urgente necesidad de dar respuesta a
sus exigencias de justicia, relegando el diálogo con ellos a un segundo
plano, como en la práctica ha ocurrido.
 
La mesa de diálogo propuesta por el gobierno, además, no es apropiada a las
circunstancias, ya que, como bien saben sus autoridades, ellas requieren de
la atención urgente de la problemática que afecta a los presos mapuche, y de
la solución de sus demandas de justicia, única forma de contribuir
verdaderamente a promover el anhelado “reencuentro histórico” con el pueblo
mapuche y otros pueblos indígenas en el año del bicentenario.
 
Las posibilidades de una solución a las demandas de los presos mapuche, y
con ello a la huelga se han visto seriamente deterioradas además por la
negativa del ejecutivo a aceptar los cambios introducidos en el Congreso por
parlamentarios vinculados a la defensa de los derechos humanos a los
proyectos de reforma legal que este propusiera. En efecto, la eliminación de
los delitos en contra de la propiedad como delitos terroristas, la
limitación introducida a la facultad de los particulares para interponer
acciones por delitos terroristas, y las limitaciones en el plazo de las
policías para poner a los detenidos por estos delitos a disposición de la
justicia, fueron eliminadas en la tramitación del proyecto de ley
antiterrorista en la Cámara a instancias del ejecutivo. Con ello se diluye
la posibilidad de que los proyectos de reforma legal den respuesta a las
demandas mapuche, y por lo mismo, permitan superar la huelga de hambre.
 
Lejos de abordarse esta herida de Chile en el marco del bicentenario ella se
ve profundizada como consecuencia de la actitud del gobierno de Piñera.
Mientras Chile siga maltratando a sus habitantes más antiguos, como nos
dijera hace pocos años el fallecido Premio Nobel de Literatura José
Saramago, mientras se siga identificando como un “Estado-nación” y no
reconozca plenamente la diversidad étnica y cultural que representan los
pueblos indígenas, así como los derechos que les corresponden como tales,
lamentablemente se mantendrá la herida que la huelga dejó al descubierto.
 
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José Aylwin
Co Director Observatorio Ciudadano
 
© Le Monde Diplomatique, edición chilena
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