Diversos hechos ocurridos en los últimos días vuelven a evidenciar una situación conocida, pero no por ello asumida, por la sociedad chilena: que los pueblos indígenas en este país, a quince años del término de la dictadura, siguen estando excluidos de la democracia que tenemos. Por un lado al líder mapuche, Aucán Huilcamán, le ha sido negado, en razón de un sistema electoral anacrónico, hecho para favorecer a los partidos políticos y para marginar a los sectores independientes, su derecho a ser candidato a la Presidencia de la República. Ello deja a la población indígena –cercana al 10% de la población total- sin opción de sufragar por un candidato propio en las próximas elecciones presidenciales, obligándola a hacerlo por candidatos de la sociedad chilena o a anular su voto. Por otro lado el Presidente Lagos reconoció, al promulgar las recientes reformas constitucionales, que en el Chile del Siglo XXI no se puede seguir omitiendo el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas. Cabe señalar a este respecto que desde 1991 se han presentado al Congreso Nacional diversas propuesta de reforma constitucional –la mayoría de ellas insuficientes desde la perspectiva indígena- que no han encontrado hasta ahora acogida. Ello convierte a Chile, junto a Uruguay, en uno de los pocos países en Latinoamérica que no reconoce en su Constitución Política la existencia y derechos de los pueblos indígenas. No se trata, de modo alguno, de hechos nuevos que deban sorprender a la opinión pública. Lamentablemente, durante los últimos quince años –a pesar de los esfuerzos de algunos sectores- no se ha revertido el pasado de exclusión y discriminación de la que han sido objeto los pueblos indígenas a lo largo de la historia chilena. Así lo han denunciado los propios pueblos indígenas y lo han manifestado diversos observadores internacionales, entre ellos, el Relator de la ONU para los derechos indígenas, Rodolfo Satavenhagen, y Human Rights Watch. La exclusión indígena no sólo se manifiesta en el plano jurídico, sino también en todos los aspectos de la vida nacional. Así, por ejemplo, en lo político no existe representante indígena alguno en el parlamento, instancia en la cual se adoptan las leyes que rigen la vida cotidiana de sus comunidades. Tampoco existe representación indígena significativa en otras instancias del Estado –Ejecutivo, Judicial, el Ejército, etc.–, como la hay en otros países que se han asumido efectivamente –más allá de lo dicursivo- como sociedades multiculturales. En lo económico, no es una coincidencia que la Región de la Araucanía, con casi un tercio de su población mapuche, sea la más pobre del país. Sus comunidades rurales tienen índices de pobreza que alcanzan al 50%, según cifras oficiales. En lo ambiental, la discriminación que sufren los indígenas es también fácilmente constatable. Así por ejemplo, de los 28 vertederos que existen en la Región de la Araucanía, el 70% se encuentra en tierras mapuche (11 en sus comunidades y cinco a menos de un kilómetro de ellas). Algo no muy diferente sucede con las plantas de tratamiento de aguas que hoy se construyen en la región, la totalidad de las cuales se están instalando en tierras mapuche. En Villarrica, por ejemplo, la comunidad de Putúe, donde actualmente se vierte la basura de la ciudad, ha sido escogida por Aguas Araucanía, con la aprobación de CONAMA, para la instalación de una planta de tratamiento de aguas servidas. Otro claro ejemplo de discriminación ambiental es la decisión de CELCO, con el aval del gobierno, de instalar un ducto para la evacuación de sus líquidos contaminantes en el sector costero de la IX y X regiones, el que constituye espacio de pesca de los mapuche lafkenche. En el norte del país, el proyecto minero Pascua Lama se instalará en territorio de comunidades diaguitas de Huasco Alto. La remoción de glaciares propuesta por la empresa Barrick Gold, amenaza con acabar con las escasas aguas de estas comunidades agrícolas. Estos y otros ejemplos permiten hablar de la existencia en el país de una situación de “racismo ambiental” que afecta a los pueblos indígenas, ya que son sus comunidades las que deben asumir el costo del desarrollo definido por la sociedad chilena y el Estado, sin que ello resulte –las más de las veces- en beneficios palpables para ellas y sus habitantes. No es de extrañar entonces que los pueblos indígenas en Chile hayan venido manifestado desde mediados de los noventa -a través de distintas vías, incluyendo el derecho de petición, la movilización y la ocupación de predios en conflicto- su descontento con un sistema político, jurídico y económico que los excluye. Hasta en su reacción frente al descontento indígena, los distintos estamentos del Estado, incluyendo al propio gobierno lo han hecho en forma discriminatoria. Así, el Congreso, bajo el liderazgo de la oposición, en una actitud claramente contradictoria, junto con negarse a la adopción de un marco jurídico moderno para la resolución de los conflictos interétnicos en el país, ha exigido al Ejecutivo la aplicación del máximo rigor de la ley en contra de los mapuche involucrados en las movilizaciones de los últimos años. El Ejecutivo, encabezado por el Presidente Lagos, asumiendo las exigencias de la oposición y de los sectores empresariales, ha utilizado todo su poder –incluyendo la fuerza pública, los servicios de inteligencia y legislación de excepción, como la ley antiterrorista heredada de la dictadura-, para perseguir y reprimir a los mapuche que manifiestan su disconformidad frente a esta sociedad excluyente. Afortunadamente, la condena internacional de esta estrategia claramente violatoria de derechos básicos, entre ellos el derecho a la libertad y al debido proceso, y más recientemente, la jurisprudencia de los propios tribunales que han analizado las causas que involucran a los mapuche por los conflictos de tierras que afectan a sus comunidades, hacen presumir que se trata de una estrategia agotada que no debería proyectarse a futuro. La exclusión jurídico, política, económica y social de los pueblos indígenas constituye entonces una realidad que el Estado chileno deberá, por razones éticas, abordar hacia el futuro. Poco se sabe, sin embargo, de los planteamientos de los presidenciables sobre la materia. Su silencio en este ámbito resulta preocupante. Si estos tuviesen interés en revertir esta parte poco glamorosa de la democracia chilena, no solo deberían escuchar las demandas de los pueblos indígenas y de sus organizaciones representativas, sino también recurrir a las propuestas y recomendaciones que durante los últimos años ya han sido elaboradas para abordar esta realidad. Entre estas destacan las realizadas por la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, creada por la actual administración, que en su informe final de 2003 propuso un conjunto de reformas jurídicas, políticas, económicas y culturales basadas en los lineamientos del derecho internacional relativo a los pueblos indígenas y en el reconocimiento de su derecho a la autonomía, y que nunca fueron puestas en práctica durante el actual gobierno. Por otro lado, y en forma coincidente con dichas propuestas, están las recomendaciones hechas por el Relator de la ONU para los derechos indígenas en su informe de misión a Chile en 1993, cuya implementación sigue también pendiente a la fecha. Es de esperar entonces que la actual coyuntura de las elecciones presidenciales, en las que lamentablemente los indígenas no tendrán candidato propio como aspiraban, sea ocasión para la reflexión y debate de esta parte crítica de nuestro sistema político y de la sociedad chilena. - José Aylwin es director Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas (Temuco). observatorioderechosindigenas@yahoo.com. El Mostrador 26 de septiembre de 2005