Según un informe de prensa un genocida argentino evitó ser detenido en Uruguay, donde se debía cumplir una orden internacional emitida por el juez español Baltasar Garzón, porque - se afirma - hubo una "filtración" de inteligencia que alertó al ex militar de visita en Punta del Este. Más allá de las alternativas de esta información, la misma se convierte en plausible porque los denominados "servicios" que funcionan tanto en nuestro país como en los demás del continente todavía siguen actuando con parámetros que están imbuidos de la Doctrina de la Seguridad Nacional y sin que las autoridades naturales, los Ministerios de Defensa Nacional e Interior, cumplan el adecuado papel de contralor. En estos análisis es bueno no generalizar y queremos suponer que dentro de cada organismo existen bolsones de nostálgicos o malintencionados que reflejan una actitud claramente antidemocrática. Sería la explicación más adecuada y la que esperamos se brinde ante acciones que, casi siempre, favorecen a los sectores de la derecha vinculados al poder. Pero, en uno y otro caso, ante cada sospecha ¿a quién reclamar por esa filtración que aparentemente favoreció al genocida y obstruyó la acción de la justicia? ¿Cómo saber si un ciudadano cualquiera es o no investigado hasta en aspectos que hacen a la privacidad de la persona, para posteriormente utilizar esa información no se sabe con que fines? ¿De que manera evitar que estos "servicios", que deberían anticipar hechos delictivos contra el Estado, no actúan con un objetivo político tratando de perjudicar a unos en beneficio de otros como, por otra parte, han hecho reiteradamente? Y si existen bolsones nostálgicos, ¿no hay nadie que los detecte? Nadie ha negado que se hacen vigilancias, que se intervienen teléfonos, que se establecen seguimientos. Pero, ¿cuál es el objetivo y que resultados se obtienen? ¿Qué control existe sobre estos "servicios" que son, suponemos, los que controlan y fotografían manifestaciones, se entrometen en actividades perfectamente lícitas, pero nunca detectan – por lo menos no sabemos – los hechos delictivos más graves que han ocurrido en el país en los últimos tiempos? Por lo menos no se ha informado que estos "servicios" dieran cuenta de manera anticipada del millonario desfalco realizado por los hermanos Carlos y José Rohn, que fue determinante del mayor desastre financiero del país. Tampoco se conoce que hayan informado de la operativa del Banco de Montevideo, en donde miembros de la familia Peirano, trataron de parar con alquimia financiera el desastre de negocios que fueron incontrolables como consecuencia de una estructura del sistema bancario que se desmoronaba, ya que se había modificado su sustento, el ser funcional a la huída de capitales desde la Argentina. Sin embargo existe una contracara de estos organismos que nunca mostraron su utilidad para el régimen democrático. El acopio de información, acción cuya legalidad es dudosa, sobre algunos personajes o sobre simples ciudadanos, para hacerla aparecer en momentos considerados "oportunos", apuntalando "campañas" ya realizadas en el pasado destinadas - en caso del doctor Tabaré Vázquez-, para tratar de perjudicar ahora a la figura política sobre la cual existe una intención de voto, verificada por diversas empresas, que bordea es 52 por ciento de voluntades. ¿A qué se debe tamaña acción de contenido antidemocrático? ¿Cómo es posible que los mandos naturales de estos "servicios" no tomen las medidas adecuadas para preservar la paz y el orden, que son elementos básicos para el sustento de la democracia? ¿O por lo menos, dentro de los mismos, desbrozar la paja del trigo? La campaña iniciada contra el doctor Tabaré Vázquez, tratando de hacerlo aparecer burdamente relacionado con la dictadura, porque solicitó una exoneración de impuestos para la importación de un aparato radiológico, o porque fue médico en el Instituto de Oncología, es una enormidad de tal magnitud que debiera preocupar a mucho más que a los frenteamplistas. Esto no se trata de una acción política, como en la que podríamos englobar las diatribas emanadas de los dirigentes del Foro Batllista, que en la página Web de su sector político, en las que discrepan, denostan y agraden al presidente del Encuentro Progresista. En torno a esto, se podría decir, que ello obedece a una contingencia ríspida de la confrontación política. Y los propios colorados podrían establecer que también dirigentes de su sector son tratados "de la misma forma" por voceros de la izquierda. Sin embargo, como parecería estar ocurriendo con otros hechos publicados, que un organismo estatal se sume a una campaña de desprestigio del candidato que tiene, de acuerdo a las encuestas, las mayores posibilidades de obtener la presidencia de la República, es un tema más que grave y que exigiría, por el bien de la democracia, los correctivos adecuados. Sino, ¿de que se trata todo esto? ¿Quién puede estar exhumando información tan vetusta, la que se utilizó también en ocasiones anteriores y sobre la cual existieron las aclaraciones correspondientes? Mucha gente consultada se sigue planteando interrogantes. Por ello habría que aclararle a la opinión pública quién está detrás de todo esto, ya que no es posible que se siga armando un esquema de desprestigio de un candidato y se sospeche que en el mecanismo esté involucrado un organismo que es del Estado. Es hora, si quienes tienen sospechas lo reclaman, de aclarar las funciones de ese organismo y, por supuesto, de desmitificar la tarea de los "espías" uruguayos, cuya labor debe tener algún perfil distinto a solo "escuchar, recortar y pegar", y de fotografiar a automovilistas que salen o ingresan a lugares tan privados como los hoteles alojamiento. * Carlos Santiago. Secretario de redacción de Bitácora. Uruguay..