Diversos cuestionamientos recibió la propuesta del Presidente Ricardo Lagos frente a los miles de casos de desaparecidos, ejecutados, torturados y detenidos por la dictadura militar, titulada "No hay Mañana sin Ayer", al incluir la posibilidad de inmunidad judicial y rebaja de penas carcelarias para violadores de derechos humanos, y evitar la anulación de la amnistía decretada por el régimen de Augusto Pinochet el año 1978. La propuesta de Lagos –que deberá materializarse en leyes que discutirá próximamente el Congreso Nacional- tuvo origen en la persistente ausencia de solución real en cuanto a verdad y justicia, apoyo a familias de las víctimas de desaparecidos y ejecutados y víctimas de tortura y cárcel por parte de los militares y procesamiento de inculpados por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. Básicamente el documento presentado al país por el mandatario chileno –por cadena de radio y televisión desde un salón de La Moneda- plantea inmunidad y reducción de penas a uniformados o exuniformados que entreguen información sobre delitos contra ciudadanos, reducción de penas a quienes cometieron violaciones a los derechos humanos al recibir órdenes superiores (bajo el concepto de "obediencia forzosa"), agilización de procesos judiciales contra militares y carabineros, elevación en un 50% de los montos de "reparación" económica a familiares directos de las víctimas e investigar y enlistar a las chilenas y chilenos que fueron torturados y apresados por la dictadura. Todo esto tendrá un costó de más de 500 millones de dólares para el Estado chileno y los primeros 30 millones tendrán que salir pronto para pagar las "reparaciones" reajustadas. Francisco Vidal, Secretario General de Gobierno, planteó que la intención es dar "un paso más, sustantivo, en más verdad, más justicia, en más reparación y en más nunca más". Un reconocimiento implícito de consagración de la tesis de "justicia en la medida de lo posible" que diseñó el expresidente Patricio Aylwin. Pero el propio presidente Lagos fue más allá al dejar establecido que no va a priorizar por las demandas y exigencias de los familiares de las víctimas ni de las agrupaciones de derechos humanos porque los intereses nacionales abarcarían más espectros. Como en otras ocasiones reiteró aquello de mirar el futuro, lo que puede ser entorpecido por una acción más comprometida en materia de verdad y justicia. "Estamos haciendo tareas –manifestó- que significan cómo limamos las heridas del pasado. No nos olvidamos del pasado, no nos olvidamos del desencuentro de Chile del año 1973 y sabemos que esos temas los vamos a resolver como siempre en Chile: a través de cómo funcionan las instituciones". Enfático, eso sí, planteó que "como Presidente no estoy dispuesto para administrar nostalgias del pasado" y argumentó que "mi obligación es pensar en los 15 millones de chilenos. Es pensar en ese más de 50 por ciento de chilenos que nacieron después de 1973, en el 40 por ciento de chilenos que son jóvenes y que se están labrando un futuro". Precisamente un grupo de jóvenes chilenos fue el primero en salir de manera categórica a cuestionar la iniciativa de Ricardo Lagos. Hijos de desaparecidos y ejecutados se declararon en huelga de hambre porque calificaron de "indigno" el planteamiento gubernamental y exigieron "sancionar social y judicialmente" a los violadores de derechos humanos. Manifestaron estar "cansados ya de mentiras, de promesas y falsas expectativas" como las que trazó la propia Concertación por la Democracia en su plataforma electoral y que no ha cumplido. La huelga de hambre fue denominada "Luciano Carrasco" en homenaje a un joven que se suicidó hace varios meses y que era, precisamente, hijo del periodista José Carrasco, asesinado por agentes de la dictadura el año 1986. Estos jóvenes, por lo demás, tienen la misma apreciación política que otros grupos de derechos humanos y colectividades políticas: que la propuesta presidencial se negoció o consensuó con los partidos de derecha y con los militares. "La derecha, la Concertación y los altos mandos de las FFAA han logrado un histórico acuerdo político que pretende consagrar la impunidad en nuestro país". En una declaración pública, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) expresó: "lamentamos profundamente la falta de voluntad política y coraje para hacer lo debido, pese a los compromisos, los llamados de la comunidad internacional, las resoluciones de la OEA y el dolor de los familiares de las víctimas." La organización indicó que perdonar o rabajar penas a quienes entreguen información sobre desaparecidos y ejecutados "ahonda más en la impunidad, tiene más iniciativa para que finalmente los responsables de violaciones a los derechos humanos no paguen por lo que hicieron". Por cierto, la Comisión Ética contra la Tortura, en un largo texto, planteó que colocar la entrega de información como factor de impedir procesamiento o sacar antes a un criminal de la cárcel, es "un delito de obstrucción de justicia". Esta organización cuestionó en general la propuesta de Lagos indicando que "no se puede preservar la impunidad de los violadores de derechos humanos, a cambio de un poco más de verdad, un tanto más de justicia y algo más de reparación a las víctimas". La Comisión Ética contra la Tortura exigió además la inhabilitación de violadores de los derechos humanos para que ocupen puestos en el sector público y que sean "depurados" de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Varios sectores en Chile llamaron la atención en el sentido de que mientras Ricardo Lagos lanzaba esta iniciativa, el Presidente de Argentina, Néstor Kirchner, tomó la iniciativa de echar al piso leyes que protegían a los militares represores y suprimió el "punto final" en materia de crímenes de lesa humanidad. En un comunicado público, ATTAC-Chile señaló que el paso de Lagos fortalece la impunidad "en medio de un contexto internacional que demuestra que la justicia y la verdad son capaces de abrirse paso, incluso en condiciones políticas tan turbulentas como las de Argentina, que ha comenzado a saldar su deuda de justicia para con sus ciudadanos". Todas las agrupaciones de derechos humanos, junto a muchas organizaciones sociales y políticas, criticaron duramente que la iniciativa oficialista no contemplara la anulación de la Ley de Amnistía de 1978. El mandatario optó por el argumento del "realismo político" y en declaraciones a un diario de Brasil expresó que "a los organismos de derechos humanos no les gustó que no haya aceptado enviar un proyecto revocando la ley de amnistía creada por el gobierno de Pinochet" y explicó la razón: "No tengo fuerza política para revocarla". Por lo demás, agregó que "si tuviera votos y revocase la ley de amnistía, ¿cuáles serían los efectos jurídicos?. Ninguno". Esto, porque dicha revocación de la ley no sería retroactiva y por lo tanto persistiría la amnistía para los uniformados. Pero las agrupaciones de derechos humanos indican que ése no es el camino, sino la anulación de dicha ley y con ello sí quedaría nula dicha amnistía y los responsables de crímenes podrían ser procesados. Es así que no sólo "siguen abiertas las heridas del pasado", sino que en el presente y el futuro inmediato probablemente se abran más aún los debates en torno de la situación de criminales y violadores de derechos humanos y de la forma de lograr en Chile justicia, verdad y apoyo a las víctimas.