El gobierno de Jorge Batlle debería ser juzgado y condenado por lo realizado durante la crisis financiera del 2002, al término de la cual se debieron liquidar cuatro bancos. Claro, el juicio político, es un mecanismo tan tortuoso como difícil de llevar adelante con un mínimo de éxito. La actual correlación de fuerzas es negativa así como evidente la falta de reservas éticas de algunos sectores políticos que no estarían dispuestos – aunque las pruebas fueran más que evidentes - a levantar la mano en contra de un gobierno que jugó, y lo sigue haciendo, a favor de privilegios que usufructúan, entre otros, políticos de los dos conglomerados históricos. Por ello tenemos la convicción de que el 7 de diciembre, cuando se cuenten los votos del referéndum que se realizará ese día para derogar la ley de privatización de ANCAP, aparecerá en toda su magnitud la repulsa del pueblo a un gobierno que, entre otras cosas, ha provocado el mayor deterioro poblacional del país, abonando una creciente y veloz emigración de jóvenes y adultos formados, o marginando, en un marco de miseria y desamparo, a enormes sectores de la población. Seis de cada diez niños, en Montevideo, viven por debajo de la línea de la pobreza. ¿No debe reclamarse con toda la fuerza responsabilidades de quienes han actuado de esta manera contra los intereses del país? Por ello pensamos que esa primera sanción contra este gobierno –que, esperamos, sea el último del Partido Colorado, conglomerado verticalista que se ha ido degradando período tras período– la dará con una impecable fuerza el pueblo arrasando en las urnas, votando el "si" la derogación del mayor engendro privatizador puesto en marcha luego que bajo la presidencia de Luis Alberto Lacalle, se pretendiera vender ANTEL. A 60 días del referéndum el camino parece desbrozado de obstáculos para quienes propician el "si", enfrentando la estrategia confusionista que llevan adelante los dos máximos personajes de la derecha política, Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle, que pese a su empecinamiento en tratar de crear contradicciones en las filas del Encuentro Progresista – Frente Amplio, no pueden evitar gravísimos errores estratégicos que concretan sus "bien mandados" pero "mal aprendidos", como el del publicar el aviso financiado con fondos públicos de ANCAP, para apoyar la ley privatizadora. Cuando Lacalle había logrado establecer una contradicción en el discurso frenteamplista, que de inmediato utilizó Sanguinetti para "castigar" a Tabaré Vázquez, el directorio de ANCAP no tuvo mejor idea que publicar el dichoso aviso (que nadie debe haber leído por farragoso y antipublicitario), modificando nuevamente el escenario de la batalla. Sanguinetti y Lacalle debieron arrear los banderines de avance, para cambiarlos por otros de defensa. Debieron salir a explicar esa enormidad que desembocó en una interpelación al ministro de Industria, Energía y Minería que, obviamente, se verá en figurillas para explicar lo inexplicable. Como se utilizan los mecanismos del poder para intentar llevar agua a uno de los molinos, en una acción además de onerosa, claramente violatoria de la ley electoral y de la laicidad política que deben guardar quienes cumplen funciones al frente de las empresas públicas. El aviso de ANCAP, que pagamos entre todos, puso al gobierno y sus aliados a la defensiva, haciéndoles perder. ¿Cómo explicará el ministro José Villar el gasto que incurrió el directorio de ANCAP y la acción política, prohibida por la ley, de quienes decidieron su publicación? Evidentemente los defensores de la ley quedaron en una posición desairada que se multiplicará cuando el ministro de Defensa Nacional deba explicar porque se remató el Aeropuerto de Carrasco y su comprador fue justamente la empresa que estaba impedida para participar, en razón de los antecedentes de algunos de sus socios y, además, porque una de sus colaterales fue la responsable del plan maestro que planificó las reformas a realizar en el propio emprendimiento, hecho que invalidaba su participación en el "remate al mejor postor" También el ministro de Trabajo y Seguridad Social deberá responder sobre el destino de casi 150 millones de dólares del Fondo de Vivienda que, seguramente, deben haber ido a engrosar las arcas de los bancos que fueron liquidados, para aceitar así la mayor huida de capitales que ha conocido el país en toda su historia. Tres interpelaciones que integran toda una ofensiva de la oposición que, luego del demoledor informe de la bancada frenteamplista en torno a lo ocurrido durante la crisis financiera, podrían ser el preámbulo de ulterioridades más espectaculares que servirán para que a nadie le quede dudas de lo que se trata. Claro, que en el marco de estos llamados a sala, faltaría uno dirigido a uno de los principales artífices de lo que está ocurriendo en el país con las empresas públicas, quién actúa como impulsor de todas las privatizaciones y se agravia amenazando con juicios al doctor Tabaré Vázquez. El ingeniero Lucio Cáceres está detrás de todos estos mamarrachos, ideados solo para favorecer a la burocracia política que teme quedar sin funciones en marzo del 2005. Por ello el 7 de diciembre, anulando la ley de privatización de ANCAP, se logrará paralizar ese intento en contra del país y su gente. Pero no solo eso, sino que el resultado mostrará que el triunfo en la primera vuelta electoral de octubre del año próximo es un logro no solo posible, sino una realidad que consolidará la esperanza y, de alguna manera, pondrá en marcha de nuevo a un pueblo que necesariamente, a partir de marzo del 2005, debe participar movilizado en cada instancia de la construcción de un Uruguay cada vez más democrático en todos los aspectos. * Carlos Santiago es Secretario de Redacción de Bitácora (Uruguay) (071003)