¿Es posible que este entuerto de ANCAP sea una nube pasajera? ¿Un mal sueño de los uruguayos? Los antecedentes dicen lo contrario, pero además están dando cuenta del significado de esta verdadera arrebatiña de la burocracia estatal blanqui - colorada que, sabedora de que la correlación de fuerzas la acercan a una bochornosa pérdida del poder estatal, tratan de lograr para si el control de la riqueza del país por otro medio. Saben que posiblemente perderán el gobierno pero, vía las privatizaciones, intentarán mantener el poder por lo menos en algunos sectores estratégicos en que el Estado centra hasta hoy su principal recaudación. A esta altura de los acontecimientos, frente a un referéndum cuya fecha se acerca rápidamente, la cúpula del Foro Batllista, con Julio María Sanguinetti a la cabeza, hace punta en la estrategia por el mantenimiento de ese poder, entendiendo imprescindible multiplicar contradicciones en el campo popular en base de una política por ahora mediática. Las empresas encuestadores contratadas le han dicho a los dirigentes que las cosas "van mal", qué es demasiado fuerte la repulsa contra el gobierno de Jorge Batlle y que el referéndum está prácticamente perdido ya que la gente se expresará masivamente en contra del gobierno. Han comprendido también que el proceso inverso es prácticamente impracticable pues ningún sector, en su sano juicio so pena de un prolongado ostracismo político, se atreve a pedir un voto favorable a Jorge Batlle y a sus "boy" Los paradigmas cambiantes. "Los defectos y las corruptelas de la administración estatal – decía el pensador Vivian Trías – no constituyen argumentos en contra de las políticas de nacionalizaciones. Esos defectos son consecuencia del capitalismo de Estado – sobre todo en su fase de declinación y del manejo del "tres y dos", mecanismo político de los partidos tradicionales para mantener entre sus manos el poder en sectores estratégicos de nuestra economía" La agudeza de Trías era singular. Hace 40 años analizaba con una lucidez elementos de la realidad que, con algunas modificaciones, han aparecido también por nuestros días y explican el camino emprendido - dentro de un país con paradigmas cambiantes - por quienes desde hace muchos años han ocupado lugares de poder dentro de la burocracia estatal, en un marco sin duda distinto, en que la burguesía nacional se ha ido desdibujando agredida también por la política "globalizadota", que la jaqueo y, en de alguna manera, la hizo desaparecer. De aquí al 7 de diciembre veremos muchas cosas aberrantes, tanto o más reñidas con la ética republicana a las ocurridas con la enajenación del Aeropuerto de Carrasco que pasó a ser controlado por grupos presuntamente mafiosos con vinculaciones con sectores del gobierno que propició una maniobra de infrecuente perversidad. Proceso dentro del que se ha entablado un combate por el poder real, dentro de una ficción democrática, el que se ira convirtiendo en una de las batallas más duras que los uruguayos daremos en defensa del país. El evidente que el proceso de globalización del capital financiero ha hecho desaparecer en buena medida a la burguesía nacional que, luego del último empuje de empobrecimiento que tuvo su vórtice en el año 2002, llegaron a un nivel de deterioro tal que no pueden competir ya por el poder económico. No hay emprendimiento que se concrete que este a cargo de esa burguesía nacional, sector social que se encuentra destruído, en franca retirada. El poder de la burocracia estatal se verifica en su alianza con los representantes genuinos o simplemente apadrinados por el capital financiero internacional, realizando un juego de seducción, con centro en las privatizaciones, para lo cual es imprescindible abatir controles, aceptar manejos de cualquier tipo. Alguna vez dijimos que la corrupción era funcional al modelo. Esto lo ha advertido, entre otros, el presidente argentino Néstor Kirchner, que impulsa una decisiva acción del Estado, a través de la movilización de sectores estratégicos, para revitalizar la economía. Uno de sus objetivos será revisar los contratos de las privatizaciones para amoldar a las empresas de servicios a su nuevo orden. Deben dejar de ser depredadoras de los recursos de la gente para contribuir al desarrollo nacional. En Uruguay se verifica el contrasentido de que esa "depredación" a mansalva la realizan empresas de servicios públicos que todavía se encuentran en la órbita estatal. Una estrategia por el poder. Si existen sectores que todavía no han entendido lo que se está jugando con el referéndum en contra de la vigencia de la Ley de ANCAP, la historia les pasará por encima, pues en estos momentos lo que está en disputa no solo está en juego el mantenimiento en la órbita estatal de una empresa pública, ni la asociación con petroleras extranjeras. Lo que está en juego es el poder y, en una medida que todavía no podemos medir en sus consecuencias, se debe tener en cuenta que hay personajes en este país dispuestos a utilizar todas sus artimañas para mantener los privilegios de quienes, en un marco normal, deberán refugiarse a partir del 2005 en un ostracismo nostálgico. Si visualizamos lo ocurrido en otras privatizaciones, como la del aeropuerto, la "megaconcesión", o los acuerdos de la propia ANCAP con privados, etc., advertimos que la trasgresión de la legalidad es una acción habitual, vinculada a la esencia misma del tipo de capital que está dispuesto a hacerse cargo de empresas deterioradas cuya venta es imposible. Solo chatarreros – según lo afirmado por el doctor Ramón Díaz – podrían ofertar por ANCAP. También en el caso de ANTEL es paradigmático. Esta empresa, por la vía de una política restrictiva, de falta de inversión, que redundó en un atraso tecnológico, sumado a tarifas despegadas de la realidad, comenzó a transitar un camino de desmantelamiento que, de continuar con la misma fuerza, determinará la caducidad del organismo. Si advertimos que la facturación de ANTEL se redujo en casi trescientos millones de dólares, producto de una combinación de factores de la política económica del gobierno de Jorge Batlle (sangría por imposiciones al Estado, privatizaciones mal resueltas y política tarifaria). El gobierno utilizó a las empresas públicas como fuente de recaudación, con el fin de "hacer caja" y, de alguna manera, posibilitar por ese camino perverso, el pago de algunas de sus obligaciones con el exterior y el mantenimiento, cada vez más deficiente, del Estado. Por eso esta camino privatizador es también un contrasentido, especialmente cuando está destinado a favorecer a grupos capitalistas ajenos al interés nacional y a representantes de una burguesía nueva, distinta, que fue creciendo a la sombra y nutriendo a la misma burocracia estatal, que al acercarse en el tiempo la elección nacional, trata de mantener sus fuentes de ingreso y de poder. La batalla de los burócratas. Utilizarán todos los métodos, hasta los más impensados, intentando que esos grupos de burócratas no pierdan su actual condición, mantenida hasta hoy en el marco de la tranquilidad que les otorgó la larga siesta en que no se avizoraba, como ahora, la inminencia de la perdida del poder. Son grupos cuya expresión política se verifica en sectores como el Foro Batllista y el herrerismo, que defenderán lo logrado con uñas y dientes, que tratarán, en el camino hacia el 7 de diciembre, de utilizar "chicanas" destinadas a confundir, intentando quebrar la unidad de quienes han entendido que hay que rectificar rumbos en el país. El 7 de diciembre estará en juego lo que ocurrirá en octubre del 2004, fecha donde se debería consolidar el triunfo de la Nueva Mayoría so pena de que el país desaparezca de la fase de la tierra. Es imprescindible que el Estado, -como hoy ocurre en la Argentina - comience a orientar la reactivación impidiendo el saqueo de los recursos de la población. Por la oposición de la gente todavía las más importantes empresas públicas son estatales, por lo cual las tarifas pueden ser el reflejo de políticas de reactivación y no, necesariamente, de la competencia. La índole de las acciones emprendidas por los grandes grupos políticos tras los que se encolumna la burocracia estatal es bien clara. El Foro Batllista se basa en una estrategia que refleja una comprensión muy aguda de lo que está en juego. Impulsa la confusión y el descrédito, buscando dos efectos: la división del sector progresista y el retraimiento de quienes todavía siguen shockeados por lo ocurrido durante el 2002, proceso descarnado que mostró como el gobierno, respondiendo a un reflejo casi natural, vació las arcas del país para aceitar la huida de capitales. Todavía confundidos. La lucha real por el poder ha comenzado. Los ejércitos del privilegio están desplegados mientras, por razones subalternas, todavía la confusión impera en el campo popular. Es el comienzo de una conflagración en la cual imperará el juego sucio (que otra cosa es la insistencia de Luis Alberto Lacalle de "molestar" con patrañas artificiales pero efectistas al doctor Tabaré Vázquez). En medio está el gobierno que, en este marco, tuvo el escandaloso tupé de otorgar por diez años más las concesiones que vencían para el usufructo de la TV cable y, en una maniobra burda, trató de quebrar el espinazo del sector comunicacional que refleja con más claridad el pensamiento de la oposición. El lograr una altísima votación a favor de la papeleta rosada el 7 de diciembre es un objetivo esencial cuya importancia, hay que entenderla, sabiendo que va más allá de la vigencia o no de la ley que enajena a ANCAP. Se estará definiendo de antemano quién gobernará el Uruguay a partir de marzo del 2005. Eso lo saben los burócratas y esta "nueva derecha" que, mientras enquista a sus representantes en las empresas privatizadas o a privatizar (sin duda que los nombres para el nuevo directorio de ANCAP, de mantenerse en pie la Ley, ya están definidos), batallará hasta el fin, con medios lícitos e ilícitos, para conservar su cuota de poder. Que la lucidez impere. * Carlos Santiago es Secretario de redacción de Bitácora. Uruguay.