Una oportunidad para profundizar la democracia

Maureén Maya

25/06/2011

Opinión

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La realización del “Congreso Nacional de Tierras, Territorio y soberanías” se concibe en un momento crucial en el que, tanto desde las altas esferas del Gobierno Nacional como desde los movimientos sociales, se plantea la necesidad de encarar la problemática de la tenencia de la tierra y sus usos, como condición sine qua non para la resolución del conflicto social, político y armado que vive Colombia, para profundizar la democracia y lograr la plena realización de los derechos de las víctimas consagrados y reconocidos en la jurisprudencia nacional y en los tratados internacionales.

El pasado 21 de junio se realizó una reunión en la Corporación AurySaráMarrugo (organización que toma su nombre del líder sindical y presidente de la Subdirectiva de la USO- Cartagena, asesinado por paramilitares el 5 de diciembre 2005)[1], con la asistencia de los representantes y voceros de doce organizaciones sociales del país. El objetivo del encuentro era construir una agenda de actividades común y analizar las temáticas que se abordarán en el “Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías”, que tendrá lugar entre los días 26 y 30 de septiembre del presente año en la ciudad de Cali.

La propuesta de llevar a cabo este Congreso es producto de un largo proceso de resistencia, movilización y debate ciudadano, que incluye la voz de la población campesina e indígena, en el que confluyen gran cantidad de movimientos y procesos organizativos, como los que representan el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), el Movimiento Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, la Marcha Nacional de Mujeres Campesinas, la Red Colombiana contra la Gran Minería Transnacional (Reclame), La Marcha Patriótica, el Cabildo Abierto por la Independencia, el Congreso Nacional de Los Pueblos, la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, entre otras muchas formas de lucha por la tenencia de la tierra, la defensa de los territorios y de la soberanía alimentaria. El objetivo fundamental de convocar a este masivo Congreso Nacional es, además de visibilizar la realidad que actualmente afronta el agro colombiano y las organizaciones que siguen siendo objeto de amenazas, persecuciones, asesinatos, desapariciones forzadas, viciados procesos judiciales y estigmatizaciones, es debatir las diversas propuestas que se vienen recogiendo desde tiempo atrás para dar solución a sus problemas más apremiantes, lograr que las iniciativas que surgen de los análisis colectivos frente a la implementación de las políticas de Estado de su competencia, como la ley de Víctimas y restitución de tierras, sean escuchadas por otras organizaciones, autoridades y poderes nacionales y se pueda construir un consenso amplio y plural, que precipite la formulación de mandatos y cabildos con una real incidencia social, política y económica a nivel nacional.

Este largo proceso de luchas sociales, que será tratado en el Congreso, busca garantizar que los derechos a la tierra, el agua, el territorio, los recursos minerales y naturales y el acceso a servicios sociales esenciales, (como educación, salud, vivienda, seguridad, desarrollo humano, soberanía alimentaria y energética) les sean asegurados a todos los ciudadanos sin discriminación alguna. Conquistar la autonomía de las comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, pescadoras, agromineras, trabajadoras y urbanas, y fortalecer sus largos procesos de resistencia significa poder aportar a la construcción de una agenda de gobierno más democrática y garantizar su derecho a participar activamente con la debida legitimidad en los procesos de implementación de proyectos de Ley, donde se reconozca la justicia de sus demandas, así como la responsabilidad del Estado en la solución efectiva a la crisis actual.

Para los movimientos sociales que intervienen en la realización de esta convocatoria, la formulación de escenarios de unidad popular en aras de lograr una solución política negociada al conflicto armado; garantizar la plena reivindicación de los derechos políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales de las comunidades minoritarias, con la subsiguiente creación de conductos legítimos para la exigibilidad de estos derechos frente al Estado, se constituye en un imperativo histórico. La lucha por la tierra, la vida y la permanencia en los territorios en condiciones de dignidad, por asegurar el deslinde definitivo de las prácticas y lenguajes de la guerra y una pacífica y productiva convivencia al margen de las acciones violentas de los armados, donde la justicia y la presencia del Estado (reflejada en inversión social y políticas de desarrollo), serán algunas de las apuestas a través de las cuales se focalizarán las dinámicas sociales como la movilización, la elaboración de agendas conjuntas, las acciones judiciales, de resistencia civil y la temática del Congreso Nacional.

No se puede desconocer que en la problemática de la tierra se ubica privilegiadamente el origen y el sostenimiento del conflicto armado que desde hace seis décadas, o tal vez más, padece Colombia. La inequitativa distribución de la tierra, la pauperización en el campo, la paulatina aplicación de una contrarreforma agraria, la ausencia de incentivos para el desarrollo campesino, las múltiples formas empleadas para el despojo de la tierra, la lucha a muerte por su posesión y explotación, las causas reales y los efectos del destierro, el valor cultural y simbólico de los territorios, el agua como derecho fundamental de todos los seres humanos, el desconocimiento de los derechos constitucionales y valores culturales de muchas comunidades, la sistemática violación a los derechos humanos y la falta de justicia; sumado al deber del Estado de garantizar condiciones de progreso y bienestar y propender por la realización humana con garantías sociales, equidad y libertad, son algunos de los temas que se analizarán en el Congreso.

Para las organizaciones que lo convocan, el actual proceso de exclusión, extranjerización y monopolización del uso de la tierra, es parte de una estrategia criminal de acumulación del capital que se desarrolla a nivel mundial, bajo la implementación de políticas neoliberales y firmas de tratados de libre comercio desventajosos, con lo que se pretende sumir a los pueblos en el pobreza y el atraso, condenándolos a vivir en permanente dependencia de otras naciones y en competencia salvaje dentro de las reglas del llamado libre mercado.

En las conclusiones del seminario preparatorio para el Congreso, realizado en Bogotá en el mes de mayo, con la asistencia de más de 200 delegados de procesos sociales, populares y fuerzas políticas, urbanas y rurales provenientes de todas las regiones colombianas, con el objetivo de seguir forjando nuevos escenarios de articulación regional y nacional, se pudo advertir el profundo malestar que genera el hecho de que buena parte del capital financiero y de las empresas transnacionales se han convertido en sujetos privilegiados por parte del Gobierno Nacional muy por encima de las demandas populares y del reconocimiento de los legítimos derechos que les son vulnerados a muchas comunidades. Esta reflexión llevó a plantear la construcción de nuevas estrategias para reversar este proceso, empezar a formular políticas concertadas que logren trascender los escenarios de denuncia y se constituyan en aportes viables para su realización desde el control y la veeduría ciudadana, pero también, desde la interlocución en las altas esferas del poder nacional y el llamado a un debate ciudadano amplio y participativo.

Las organizaciones que convocan al Congreso, según se desprende de su declaración pública tras el encuentro preparatorio en Bogotá, han expresado su oposición a algunas de las políticas del Gobierno de Juan Manuel Santos y sus antecesores, al considerar que en ellas se profundiza la dependencia de Colombia a los intereses de gobiernos foráneos, a la banca internacional y a las multinacionales. Para contrarrestar esta situación se propondrán varias acciones y proyectos de carácter legislativo que permitan que la restitución de tierras, la reparación integral y el resarcimiento de las víctimas del conflicto y la violencia social y política sean garantizados mediante una aplicación efectiva de la ley de Víctimas y el acatamiento de los fallos de las Cortes.

Frente a la militarización de la sociedad colombiana y la continuidad de la guerra en tierras y territorios de las comunidades campesinas, indígenas y afros, se van a plantear exigencias concretas, sustentadas en la legislación nacional y el bloque de constitucionalidad; resaltando los hechos que se oponen a estas normas y presentando las propuestas lideradas por diversas organizaciones. En este punto será imperativo lograr un amplio consenso y un masivo respaldo a las iniciativas que se planteen; dejando claridad sobre su negativa a participar en el conflicto, pero en la necesidad de intervenir con propuestas viables en su solución.

Frente a la construcción de espacios de interlocución que ofrece el Gobierno Nacional se debe analizar con máximo cuidado el carácter de estos espacios y procurar una unidad conceptual que refleje las voces e inquietudes de amplios sectores sociales, pues es posible detectar detrás de estas iniciativas una intención de cooptación y fragmentación de los movimientos sociales y populares.

Problemas estructurales

La pobreza, el histórico abandono del Estado -reflejado en los recortes a la inversión social- y la violencia son algunos de los principales problemas que afrontan importantes sectores del país, en especial los campesinos.

Las críticas condiciones de vida a la que son sometidos millones de colombianos tanto en el campo como en las ciudades, exige la creación de mecanismos viables de incidencia, que permitan que las propuestas gestadas desde las comunidades y los procesos populares organizativos puedan ser asumidas como mandatos y cabildos de amplia representación.

La pauperización de buena parte de la sociedad colombiana, donde según estimativos del gobierno, el 46% de la población es pobre, 8 millones de personas viven en la indigencia y hay un registro de más de 4 millones de desplazados a causa del conflicto y la violencia, golpea con más fuerza a los sectores rurales y campesinos. Esta situación se hace aún más grave cuando a ella se suma la falta de incentivos para su desarrollo y la creciente presencia de poderes mafiosos que han logrado apropiarse, a punta de violencia, de miles de hectáreas de tierra mediante una alianza perversa entre ejércitos paramilitares, miembros de la fuerza pública, políticos y autoridades regionales. Es evidente que las dificultades prácticas para la plena realización de un Estado social democrático de derecho, la inequidad social y la complejidad del conflicto, dónde aún se debate el carácter político de la insurgencia y la evidente existencia de ejércitos paramilitares, que tozudamente algunos insisten en llamar bandas criminales, se constituyen en serios obstáculos para el afianzamiento de valores democráticos y el logro de una verdadera reconciliación con garantías de verdad, justicia, reparación integral y no repetición de los hechos victimizantes.

La falta de seguridad en el campo (seguridad física, social y alimentaria) y de incentivos para potenciar el agro y garantizar la plena autonomía de los sectores rurales, dificulta enormemente una aplicación exitosa de la ley de restitución de tierras. Pensar en una militarización permanente del país, en destinar más recursos para la guerra y la creación de nuevas bases de operaciones militares, cuando justamente se ha demostrado que su masiva presencia no garantiza la seguridad ni la disminución de las violaciones a los derechos humanos, y mucho menos el progreso campesino, no es la vía de solución más adecuada. Pues justamente ha sido el recorte en la inversión social y la aplicación de políticas que privilegian las acciones militares sobre la necesidad de fortalecer las vías democráticas, lo que ha llevado a la pauperización y la consolidación de aparatos criminales, en los que la alianza de actores armados con poderes políticos regionales y los llamados baby carteles de la droga, se ha empleado para, a través del testaferrato y la violencia, ahondar el despojo e impedir que las tierras regresen a manos de sus dueños originales. Para las organizaciones sociales, esta realidad se constituye en punto neurálgica de la discusión.

“Convocamos a realizar el Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías como un momento importante para la confluencia de los movimientos sociales, políticos y populares en Colombia. Este escenario debe ser amplio y unitario, para que permita la deliberación y construcción de mandatos desde las comunidades frente a la tierra, el territorio y las soberanías de los pueblos. Esta deliberación deberá construir y decidir propuestas alternativas, un mandato de permanencia en nuestras tierras y territorios, y una legislación propia sobre nuestros bienes comunes en armonía con la naturaleza, la vida y la soberanía popular. La construcción del Congreso tendrá una agenda de preparación en escenarios de articulación regional y nacional. En Septiembre nos encontraremos en la ciudad de Cali (departamento del Valle del Cauca) para deliberar, decidir y legislar en torno a nuestras tierras, territorios y soberanías. Marcharemos hacia Cajamarca (Tolima) donde haremos públicos los mandatos”[2].

No hay garantías de seguridad

La realidad de la violencia, del masivo despojo y la inviabilidad de una restitución exitosa, será abordada desde los distintos procesos y experiencias de las organizaciones sociales que participarán en este Congreso.

No existen las suficientes garantías de seguridad para los miembros de las organizaciones sociales, movimientos de víctimas, defensores de derechos humanos y mucho menos, para los líderes regionales que reclaman su derecho a restitución de tierras. No hay garantías para reclamar y menos aún, para recibir las tierras que logren ser recuperadas. El caso de Ana Fabricia Córdoba no es una excepción en esta histórica y violenta lucha por la tierra. El 18 de mayo del 2010 la ardua batalla que lideró Rogelio Martínez, líder social y defensor de derechos humanos, por recuperar la Finca “La Alemana” que había sido robada por los paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María bajo el mando de Rodrigo Mercado Peluffo, alias “Cadena” en el departamento de Córdoba, le costó la vida.

“En noviembre (2010) asesinaron a María Ligia González, representante legal de la Fundación de Autogestión Comunitaria (FACOM). En enero de este año una reunión con todos los integrantes de la organización se vio amenazada por la presencia de un hombre armado. El 6 de mayo fue asesinado José Moreno, desplazado de La Esmeralda (Caquetá). Días después, el 11 de mayo, la víctima fue María Jenny Ospina. Ella era una líder que manejaba un grupo de familias en acción. El 17 de mayo, la líder afrodescendiente Omaira Núñez denunció que un hombre y una mujer estaban tomando fotos a su casa. Al día siguiente, en la noche, fue asesinado su hijo”, cuenta Irma Tulia Escobar Márquez, una desplazada del Valle del Cauca que hoy trabaja en la Asociación Nacional de Restitución de Tierras, integra la Mesa de Víctimas del conflicto armado del Tuluá y ha sido objeto de diversas amenazas[3].

En un informe del Sistema de Información sobre Agresiones a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos -SIADDHH- del Programa Somos Defensores, se afirma que “durante los primeros cinco meses de 2011, 140 defensores y defensoras fueron víctimas de agresiones. Dieciocho defensores han sido asesinados y 98 amenazados”[4]. Por su parte, la Corporación Nuevo Arco Iris, asegura que las amenazas y persecuciones que se viven de manera sistemática en varias regiones del país, con énfasis en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar, Guajira, Sucre, Norte de Santander, Santander y Nariño; el debilitamiento de las organizaciones en regiones como Magdalena, Meta, Casanare, Caquetá y la penetración de grupos ilegales en la estructura estatal[5], serían los principales obstáculos que enfrentaría la Ley de víctimas en su aplicación.

Si la Ley de Víctimas y restitución de tierras no va a acompañada de propuestas realistas que incluyan la imperiosa necesidad de impulsar una profunda y seria reforma agraria; de fortalecer las medidas de seguridad de los líderes sociales, comunidades expoliadas, defensores de derechos humanos y de las víctimas del despojo y la persecución política, y no se emprenden medidas para desarticular el aparato criminal, político y económico que da sustento a las nuevas estructuras paramilitares, revelando la identidad de sus benefactores y auspiciadores, será ley muerta y, además, a su nombre se cometerán nuevas infracciones a los derechos humanos.

El Congreso se realizará en un momento oportuno. De este trabajo se recogerán importantes insumos que contribuyan a fortalecer las estrategias y propuestas colectivas de sectores representativos del pueblo colombiano; se confrontará el modelo de desarrollo expresado en la agenda legislativa y política del actual gobierno; se articularán las luchas del movimiento social y popular como una construcción desde la base y se podrá formular una agenda visible que termine por potenciar esas luchas sociales.

Las propuestas que serán presentados en el Congreso no estarán desligadas de las voces de indignación que hoy sacuden las estructuras del poder en varios países del mundo. Desde Túnez cuando el suicidio de un vendedor de verduras, de uno más, expoliado y humillado, llevó al levantamiento de la ciudadanía, la indignación se extendió a Egipto, Siria, Yemen, Albania, Italia, Grecia, Francia, Bélgica, España y Portugal, con sus respectivas acciones de apoyo en casi todos los países del globo, hasta Colombia, las voces empiezan por fin a unirse en torno a un gran objetivo: desafiar el sistema vigente.

Todos estos levantamientos populares contra la globalización de la miseria, la desregularización de los Estados y la imposición de un sistema neoliberal brutal, que malversa los recursos naturales, desconoce la territorialidad ancestral, los derechos y libertades de los ciudadanos, el deber de los gobiernos de garantizar el desarrollo social y que, además, promueve guerras monetarias, sicológicas, armadas y jurídicas, profundizan la pauperización de las mayorías y privilegia el terrorismo estatal. Es claro entonces que el modelo imperante, que se sustenta en la acumulación, el despojo masivo, la represión, el recorte a la inversión social y la privatización se ha agotado, y que pretender sostener este sistema es inviable. La inconformidad aumenta y con ella también aumentan las propuestas de los movimientos de resistencia y su interés por participar activamente en los procesos de transformación de las sociedades.

De la construcción de nuevos espacios de concertación donde se privilegie el desarrollo humano sostenible, las libertades civiles, la justicia y la democracia, dependerá que un proceso de cambio, que parece irreversible, sea en extremo costoso para la humanidad o que logre afianzarse de manera pacífica y concertada, anteponiendo, como deber ser, las demandas e intereses de los ciudadanos del mundo, de las mayorías víctimas de la insensatez y voracidad de los autoproclamados, amos del mundo.

“A nombre del progreso, la democracia y la libertad, los poderosos del mercado han querido convertir al planeta en la colonia de una Junta Directiva Global de las corporaciones que se han constituido en Imperio en sustituto de los Estados-Nación. “Quieren todos los minerales, toda el agua, toda la energía, toda la biodiversidad, todo el oxígeno, todos los territorios, todas las guerras, todos los mercados de consumo, todos los ahorros, todos los servicios. Los quieren y van ampliando el territorio global del libre comercio para imponer este, el mayor y más perverso y asesino sistema en la historia de la humanidad. En el camino van haciendo aliados de todos los discursos, orígenes y trayectorias. El imperio de la codicia ha declarado la guerra a muerte contra los pueblos y está reclutando en todas partes”[6].

- Maureén Maya es Periodista e Investigadora social

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 260, Semana del 24 al 30 de Junio de 2011, Corporación Viva la Ciudadanía.

[1] “Aury Sara… un crimen de estado confirmó Mancuso”. Por Jorge Gamboa Caballero y Daniel Rico Serpa. Presidente y Secretario General de la Unión Sindical Obrera (USO). Según declaraciones del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, Marrugo fue asesinado para facilitar la venta de la Refinería de Cartagena y garantizar la privatización de ECOPETROL

[2] Movimiento de Víctimas; Catastro Alternativo; “Llamamiento a los pueblos de Colombia y el mundo a organizar el Congreso Nacional de Tierras”. Bogotá, mayo 27 de 2011.

[3] Revista Semana; “¿Qué hacer para que Irma Tulia no corra la misma suerte de Ana Fabricia?”. Bogotá, junio 17 de 2011. “Hace dos años le marcaron la puerta de su casa con sangre e intentaron entrar. Intentó denunciar. Pero en la Fiscalía le dijeron que si no tenía la identidad de quien lo había hecho, no podían recibirla. Hace un año la sede de la fundación que lidera fue víctima de un atraco. La cámara en donde estaba el registro de los líderes que conforman la organización desapareció. En marzo del año anterior le llegó un mensaje a su celular que decía que debía irse. "Decía que me iban a cortar las alas y que buscara para donde irme, que ellos necesitaban el camino despejado". Hace ocho meses recibió un panfleto, firmado por las Farc, que anunciaba "muerte a los sapos".

[4] Ídem

[5] Ídem. Palabras de Ariel Ávila, coordinador del Observatorio de Conflicto de Nuevo Arco Iris

[6] Manuel Rozental; “El Imperio; su Junta Directiva Global y la Indignación desde el Mediterráneo”. Junio 21 de 2011.

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