Bolivia

Alejandro Almaraz: “El proceso de cambio está corriendo el grave riesgo de agotarse”

Emma Gascó, Martín Cúneo

23/07/2011

Opinión

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Como viceministro de Tierras en los primeros años del Gobierno de Evo Morales, Alejandro Almaraz fue uno de los principales impulsores de la distribución de tierras a campesinos e indígenas. Para este abogado, 25 millones de hectáreas repartidas y el fin del trabajo esclavo en el Alto Parapetí son dos de los principales logros de un proceso de transformación ahora en peligro de perderse.

PREGUNTA: ¿Hacia qué modelo económico se dirige Bolivia?

ALEJANDRO ALMARAZ: Se ha hecho ya célebre la contradicción del vicepresidente Álvaro García Linera, que primero defendió un “capitalismo andino” y luego un “socialismo comunitario”. Se habla bastante de socialismo, incluso se habla de este acercamiento doctrinario hacia Cuba y Venezuela. Pero lo que hay en realidad son serios indicios de restitución del capitalismo de Estado, que en este país no tiene nada ni de nuevo ni de revolucionario. Y lo que parece predominar como orientación doctrinal, sin poner las cartas sobre la mesa, es el nacionalismo revolucionario. Esta matriz ideológica inspiró el modelo de Estado y sociedad constituido con la revolución de 1952.

En esa época el 70% de la población del país estaba en el campo, donde predominaba la hacienda, que era una unidad productiva y social de tipo feudal, con una fuerte carga de colonialismo interno donde los comunarios indígenas trabajaban la tierra a cambio de una retribución en especia. Era un país sin industrialización. Además de este mundo feudal dominado por los hacendados, existía como núcleo de poder económico y político los famosos barones del estaño, que eran los dueños de todas las minas y constituían el eslabón por el que el país se encadenaba al capital trasnacional. Esta Bolivia fue reemplazada en la revolución del ‘52 por este modelo de sociedad llamado Estado Nacional. En ese momento la tierra se redistribuye en el Occidente del país, con un criterio capitalista, pese al discurso de corte socialista. Y en el Oriente se forma un nuevo proceso de concentración latifundiaria. También se habló de restituir las tierras usurpadas a las comunidades indígenas por las haciendas, pero todo eso quedó en el discurso y se impuso una distribución individual de la tierra.

Con la minería, la nacionalización dio lugar a la empresa estatal COMIBOL. Y en un primer momento de ese proceso revolucionario se fortaleció la empresa estatal de los hidrocarburos. Es un esquema típico del capitalismo de Estado. Son empresas que pertenecen al Estado, pero están articuladas a los circuitos del capital internacional. A juzgar por los hechos de nuestro Gobierno volvemos a esto, por lo menos en las orientaciones. En Bolivia la distancia entre las esferas del discurso político y la realidad son siempre grandes.

P.: ¿Se puede hablar de un cambio en relación a los gobiernos de los ‘90?

A.A.: Existen ciertas conquistas evidentes. Aunque sea formalmente hemos recuperado una empresa estatal de nuestro principal recurso estratégico, que son los hidrocarburos. La ley de hidrocarburos de Sánchez de Lozada establecía que [la petrolera estatal] YPFB no podría producir, entonces uno se preguntaba: ¿para qué sirve entonces? Ahora no produce en los hechos, pero formalmente tiene la misión de hacerlo. Ahora por lo menos podemos exigir al Gobierno que YPFB cumpla su misión.

P.: ¿Y en relación al reparto de la tierra?

A.A.: Ésa es la otra conquista tangible, y a diferencia de los hidrocarburos, irreversible. Cotejando las experiencias mexicana y boliviana, que son historias que tienen mucho que ver, resulta que es más fácil quitarle a todo un país sus hidrocarburos que quitarle a un campesino su tierra. Lo que ha hecho este proceso es redistribuir la tierra que el anterior proceso revolucionario, de medio siglo atrás, había más bien concentrado, en las tierras bajas y en el norte del Bolivia. Mientras que aquí en los ‘50 y los ‘60 se distribuía la tierra, allá se la concentraba despojando de sus territorios tradicionales a muchos pueblos indígenas que hasta entonces los habían conservado gracias a la debilidad y la lejanía del Estado.

Lo que ha hecho este Gobierno es redistribuir esa tierra. Hasta diciembre del año pasado se han titulado en favor de indígenas y campesinos alrededor de 25 millones de hectáreas en todo el país. Como Tierras Comunitarias de Origen, que son propiedad comunitaria, inalienable, indivisible, de pueblos y comunidades indígenas, tenemos 16 millones de hectáreas. Cerca de cuatro millones como propiedad comunitaria, igualmente colectiva e indivisible, de comunidades campesinas que no se reconocen explícitamente como indígenas. De dos a tres millones como pequeña propiedad, individual del sector campesino. De todo eso, lo que efectivamente es redistribución es poco más de cuatro millones, entendiendo por redistribución que la propiedad o el dominio de la tierra pasa de unas manos a otras.

Son unos cuatro millones lo que se ha desapropiado. En primer lugar, a empresas madereras, que tenían esas tierras en régimen de concesión, que a efectos jurídicos es lo mismo que propiedad. Luego se expropió a terratenientes como los del Alto Parapetí cerca de dos millones de hectáreas. No hicimos una nueva ley agraria íntegra porque nos hubiera llevado más tiempo y hubiéramos corrido el riesgo de perder el momento político. Así que hicimos solamente una reforma parcial de la ley vigente, en 2006. Yo calcularía que con llegar a los 15 millones de hectáreas redistribuidas se habrá conseguido un resultado total.

P.: Una de las victorias recientes fue el caso de la distribución de tierras en el chaco.

A.A.: Ése es otro logro histórico. El llamado proceso de reconstitución territorial de la nación guaraní supone dotarle de la tierra suficiente para el reconocimiento territorial que le corresponde. Ya se ha abolido en los hechos el régimen de servidumbre que ha venido existiendo sobre muchas comunidades llamadas cautivas en el chaco cruceño y en el chaco chuquisaqueño. En el caso del chaco cruceño, en el Alto Parapetí, se ha aplicado el proceso de saneamiento. Esas 40.000 hectáreas han sido inmediatamente dotadas a esas mismas comunidades que de ser cautivos, serviles a la hacienda, han pasado a ser propietarios comunitarios de la tierra. Los beneficiarios son alrededor de unas dos mil personas en el Alto Parapetí.

P.: ¿Qué ha significado la inclusión en la Constitución del límite a la tenencia de tierras en 5.000 hectáreas?

A.A.: No necesitamos esa ley para redistribuir la tierra. Ya teníamos la disposición que dice que toda tierra en propiedad mediana o de empresa que no cumpla una función económico social debe ser revertida a dominio del Estado sin indemnización alguna. No importa si tienes cien o seis hectáreas, estás en la obligación de cumplir la función económico social, que es trabajo y producción en condiciones de sostenibilidad ambiental y compatibilidad con el interés público. Ya se han producido las primeras reversiones por insostenibilidad de la actividad agrícola. Puede haber propiedades que estén dentro de los límites de hectáreas que les pongas pero ser dañinas desde el punto de vista ecológico. O pueden ser, como es el caso del Alto Parapetí, muy productivas pero tener un costo social y humano muy alto, por la servidumbre de los guaranís. En el chaco hemos revertido predio con miles de cabezas de ganado por el hecho de que había peones en condiciones de servidumbre.

Ahora bien, ese límite es necesario, por otras dos razones. Una es la democratización económica porque funciona como dispositivo antimonopólico; la segunda razón son los motivos sociales, psicológicos y políticos. La virtud que ha tenido esta disposición fue hacerle decir al ciudadano boliviano en el referéndum cuál es su posición frente al latifundio. Y el resultado fue que el 80% del electorado estaba en contra.

P.: Pero en el Congreso se aprobó la no retroactividad de la ley.

A.A.: Eso tiene una razón económica. Hubiéramos tenido que revertir alrededor de 5.000 predios productivos en Santa Cruz y sobre todo en el Beni, predios que cumplían esa función económico social. Íbamos a tener que revertir a un montón de gente que tenía un poco más de 5.000 hectáreas, pero que efectivamente estaban respetando la vocación de la tierra y estaban pagando salarios a sus trabajadores. Eso hubiera ampliado la situación de guerra civil hacia ese sector y por supuesto hubiera generado un serio problema de abastecimiento y especulación. Por eso lo hemos convertido en válido sólo para lo venidero y nadie va a ser tan estúpido de comprarse tierra superando el límite establecido por la ley. Es decir, va a cumplir una función disuasoria.

P.: Y se pusieron limitaciones a la propiedad estatal de la tierra

A.A.: Eso es algo que me da una enorme satisfacción porque lo que vimos en la práctica es que las instituciones públicas tienen una gran cantidad de tierras. Y lo único que hacen con ella es corrupción. Miles y miles de hectáreas en manos de las fuerzas armadas o de las universidades públicas, que no producen nada, que no sirven para nada. Ya no puede ser que cada nuevo rector de la universidad vaya a La Paz a pedir tierras, cada nuevo comandante de una de las fuerzas vaya a pedir tierras. Lo que se ha establecido es el usufructo. Por razones muy bien fundadas, como proyectos productivos de especial importancia, el Estado puede darle tierra a una entidad pública por un tiempo limitado al desarrollo de ese proyecto. Cuando ese proyecto deja de funcionar esa tierra sin más trámite ni costo alguno vuelve a manos del Estado para su redistribución. El Estado plurinacional debería mantener al Estado como empresario en solamente aquellos puntos estratégicos donde se puede acumular los excedentes que puedan luego reinvertirse en esta ancha economía que tiene que ser la social comunitaria, sin exclusión tampoco del empresariado capitalista convencional, que puede tener lugar en esta economía plural… Eso sí, con condiciones, como no apropiarse de lo que le serviría al Estado o a la empresa comunitaria para prosperar.

P.: ¿Existe algún tipo de acompañamiento financiero a la reforma agraria?

A.A.: No existe. El gobierno no lo da, y mucho menos fortaleciendo al sujeto comunitario del proceso agrario, sólo reparte tractores. Es la misma omisión en que incurrió la reforma agraria del ’53, que daba la tierra pero no daba ni créditos ni asistencia. Por eso me irrita que se hagan los antioligárquicos criticando las subvenciones, que siguen siendo necesarias. ¿Acaso no competimos con productores de todo el mundo que también tienen subvenciones? Nosotros que somos los campesinos más pobres ¿no vamos a tener? Existe una enorme dificultad de aterrizar en procesos productivos concretos. Hay un fondo donde se ha venido acumulado el porcentaje del impuesto a los hidrocarburos que le corresponde al sector indígena. La plata acumulada ya ha superado los 150 millones de dólares y no la pueden gastar. Primero era porque no se ponían de acuerdo entre las diferentes confederaciones. Logramos ese acuerdo, hicimos el reglamento, el directorio… Pero después hicieron una norma tan complicada para asignar dinero a los proyectos que no han podido darle plata a ningún proyecto hasta ahora.

P.: ¿Cuál es la relación actual entre el MAS y las organizaciones sociales?

A.A.: Estamos repitiendo el círculo de la revolución que ya tuvimos en el ‘52. Ahí también hubo un primer momento revolucionario: toda la tierra hacendada se redistribuyó, se nacionalizaron las minas y se les dio el voto a los indios y a las mujeres. Después la revolución fue derrotada por dentro y ya las conquistas pasaron a ser, por ejemplo, darles motos a los policías, uniformes… Está pasando lo mismo ahora. Ahora los logros son kilómetros de carreteras, empresas estatales, conexiones telefónicas… Todas esas cosas son necesarias, pero para eso no era necesario que mueran los compañeros en El Alto, ni en los bloqueos de caminos, no era necesario hacer una revolución, eso lo podría haber hecho Sánchez de Lozada o Jaime Paz Zamora. Con el neoliberalismo, crecimiento económico también hubiera habido.

P.: Tras las movilizaciones de los últimos meses, ¿cuál es la situación del proceso?

A.A.: Está corriendo el grave riesgo de agotarse no en un horizonte verdaderamente transformador, sino como decía, en una restitución del capitalismo del Estado. No es para eso por lo que hemos luchado a lo largo de las últimas dos décadas contra el Estado, que siguió siendo oligárquico y neocolonial pese a la revolución del ’52. No es para tener ingenios azucareros de propiedad estatal. No es para que el Estado se vuelva un nuevo terrateniente en el agro. No es para que tengamos un YPFB subordinado a las trasnacionales. No es para que la gente tenga que seguir subvencionando a las trasnacionales para que produzcan gasolina y diesel. Pero, ¿cuál es la alternativa? Es el modelo social comunitario que está establecido en las constitución política del Estado, como base estructural de la sociedad del vivir bien. Y no queremos socialismo, ni soviético, ni de Chávez ni de Fidel, queremos la sociedad del Vivir Bien. Ahora, que eso se parezca tanto o cuanto al socialismo es un tema propio de quien tenga interés en estudiarlo, de los teóricos y los politólogos. Nosotros sabemos en términos básicos que iremos desarrollando a través de nuestras vivencias en qué consiste esa sociedad, ese modelo social comunitario. Consiste en una empresa comunitaria de amplia base social, efectivamente incluyente donde la gente a través de su organización social tradicional, ancestral o innovada finalmente sea dueña de los medios de producción, decida sobre el proceso productivo y también sobre el proceso redistributivo. Y que se reproduzcan las formas solidarias que ya existen y permitan una apropiación democrática del excedente, de la riqueza.

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